Reino Unido violó los derechos humanos con sus programas de vigilancia masiva

Primero lo dijo Edward Snowden, después avisó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ahora lo refrenda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): las leyes de vigilancia masiva del Reino Unido atentan contra los derechos fundamentales, en concreto las que se refieren a la intercepción de las comunicaciones en masa.

El GCHQ (Government Communication Headquarters) es una de las tres agencias de inteligencia del Reino Unido, junto al MI5 y al MI6. En 2013, el exagente de la NSA (la agencia de inteligencia estadounidense) Edward Snowden reveló al mundo que el Gobierno de los EEUU espiaba a sus ciudadanos a través del programa PRISM. Lo hacía en connivencia con las grandes empresas de comunicaciones, como Yahoo, Microsoft, Google o Apple, entre otras muchas. Esos papeles también dejaron patente que la inteligencia británica, encarnada en el GCHQ, hizo uso de PRISM para espiar a su población.

Entre 2013 y 2015 hasta 14 grupos por los derechos humanos y civiles, junto a varios periodistas, denunciaron a Reino Unido en los tribunales británicos y exigieron el cese de la vigilancia masiva. Es un gran pliego que puede consultarse en Internet y que tiene un título esclarecedor: “El caso del Observatorio del Gran Hermano y otros contra Reino Unido”. Toma el nombre de una de las organizaciones personadas en la causa, el Big Brother Watch (Observatorio del Gran Hermano), que junto a Amnistía Internacional y otras tantas demandaron al Reino Unido de juzgado en juzgado hasta terminar ante la Sala Primera del Tribunal de Estrasburgo, el máximo garante de los derechos humanos en Europa.

Sus jueces han sancionado a Reino Unido en base a tres factores: la interceptación de las comunicaciones en masa, la información que la inteligencia británica compartió con otros países y la obtención de los datos a través de los proveedores de servicio. Aunque sí consideran que el país de la Reina Isabel sea culpable del primer y del último elemento, Estrasburgo no ve delito a la hora de compartir la información otras agencias de inteligencia extranjeras.

Ni privacidad ni libertad de expresión

El TEDH ha aprobado por cinco votos a favor y dos en contra sancionar a Reino Unido por violar el derecho a la privacidad, contenido en el Artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Según el tribunal, “no había una supervisión suficiente”, tanto de quién se encargaba de “interceptar, filtrar, buscar y seleccionar las comunicaciones a examinar”, como de las salvaguardias para proteger esa información y las normas que regían la selección de “datos relacionados con las comunicaciones”.

Por otro lado, los jueces de Estrasburgo también consideran que el país gobernado por Theresa May ha violado el derecho a la libertad de expresión. Y lo ha hecho por seis votos a favor y uno en contra: “Tanto la interceptación masiva como la obtención de datos de comunicaciones de los proveedores de servicios de comunicaciones violaron el artículo 10 del Convenio”, explica la institución. Se refieren a la ausencia de garantías en la divulgación de la identidad de la fuente de un periodista.

Hace tres años, el Comité de Inteligencia y Seguridad de Westminster (ISC) ya consideraba que estas leyes carecían “de transparencia” y que el marco legal que regulaba la vigilancia allí era “excesivamente complicado”. En 2016 supimos que el gobierno de David Cameron espiaba a los refugiados hackeando sus teléfonos y ordenadores. Un año después, el TJUE sentenció que la recolección indiscriminada de datos en Reino Unido excedía “los límites de lo que es estrictamente necesario y no puede ser considerada como justa en una sociedad democrática”.

Estrasburgo obliga al Reino Unido a pagar 185.000 euros a las 14 organizaciones que presentaron las demandas. Sin embargo, como ninguna de ellas ha reclamado daños morales, el Gobierno británico no tendrá que pagar nada a nadie. Algunos portavoces de las asociaciones han celebrado el fallo del TEDH, como por ejemplo Megan Goulding, abogada de Liberty: “Esta es una gran victoria para los Ederechos y las libertades de los británicos. Demuestra que existe -y que debería existir- un límite en la medida en que los estados pueden espiar a sus ciudadanos”.

“No abusan de sus poderes”

Amnistía Internacional también celebra que el máximo garante de los derechos humanos en Europa sancione a Reino Unido. “La sentencia de hoy representa un importante paso adelante en la protección de la privacidad y la libertad de expresión en todo el mundo”, dice su portavoz, Lucy Claridge. “Hace tres años, este mismo caso obligó al Gobierno a admitir que el GCHQ había estado espiando a Amnistía Internacional, una clara señal de que nuestro trabajo y las personas con las que trabajamos habían sido puestos en peligro”, dice.

Sin embargo, el Tribunal sí considera que los servicios de inteligencia británicos “se toman en serio las obligaciones” del Convenio Europeo de Derechos Humanos y “no abusan de sus poderes”. Estiman que la interceptación masiva de las comunicaciones “no supone en sí una vulneración del Convenio” y que “los gobiernos disponen de un amplio margen de apreciación para determinar qué tipo de sistema de vigilancia necesitan para proteger la seguridad nacional”. De hecho, sostiene que ese carácter masivo era “adecuado”, respecto al objetivo legítimo perseguido, en un contexto de amenaza del terrorismo global.