El organismo encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de privacidad tiene problemas de personal. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene una carga de trabajo cada vez mayor por el aumento de reclamaciones y de su capacidad supervisora, pero no ha recibido autorización para aumentar su plantilla de inspectores. Dificultades a las que ahora se suman las trabas del resto de instituciones para cederle a sus funcionarios, lo que está provocando que la AEPD ni siquiera pueda completar los cargos contemplados en su presupuesto.
Las cuatro últimas convocatorias de funcionarios realizadas por el organismo se han resuelto con plazas desiertas. Desde febrero, el único puesto que ha podido cubrir es el de jefe de servicio de programas informáticos. El resto de vacantes, como la de responsable del área de tecnologías de información y comunicaciones, jefe o jefa de gestión presupuestaria, dos puestos de apoyo a la Secretaría General o varios de inspectores y subinspectores de datos no se han podido cubrir.
El motivo es es que “a los candidatos que se han presentado no les han dado informe favorable desde sus destinos de origen para poder salir de ellos”, confirman a elDiario.es fuentes de la AEPD. Es un problema que sufren también “otros organismos públicos”, recalcan desde la Agencia.
El regulador de privacidad cerró 2021 con 165 plazas ocupadas de las 196 que tiene presupuestadas. Es decir, tiene un déficit del 15% en su plantilla. Una plantilla que su dirección considera ya de por sí muy escasa para los cometidos que tiene asignados, como ha denunciado la jefa del organismo en varias ocasiones.
Reitero, no sé cómo lo podré decir más alto, mi llamamiento público al incremento del presupuesto y de los medios personales de la Agencia
“En el año 2008 nos llegaban unas 3.500 reclamaciones, mucho más sencillas de tramitar en cuanto al contenido. Ahora nos llegan de media unas 14.000, y la relación de puestos en todo este mandato solo ha aumentado en 35”, explicó Mar España, directora de la AEPD, en una comparecencia en el Congreso el Congreso de los Diputados.
“Reitero, no sé cómo lo podré decir más alto, mi llamamiento público al incremento del presupuesto y de los medios personales de la Agencia”, pedía España, que dijo contemplar “no con admiración, sino con verdadera envidia” cómo en el mismo período de tiempo los organismos de privacidad británico, alemán o neerlandés aumentaban sus plantillas en 305, 400 y 115 personas, respectivamente.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explican a este medio que uno de los motivos por los que la AEPD encuentra dificultades para cubrir incluso las plazas que tiene presupuestadas es que no está convocando concursos para cubrirlas. Al contrario, recurre a la libre designación (a dedo).
“CSIF defiende y reivindica que se convoquen más plazas por concurso, y que se recurra menos a las libres designaciones para completar las plantillas”, dicen desde el sindicato de funcionarios: “Las plazas por concurso dan estabilidad a largo plazo a las plantillas y reducen la temporalidad, una de las lacras de la Administración”. “Los perfiles que más demanda la AEPD, y en general todas las administraciones, son de Telecomunicaciones, Informática y Derecho, pero los candidatos optan por la administración local ya que tiene mejores condiciones retributivas”, añaden las mismas fuentes.
Mucha más carga, el mismo personal
El Gobierno fijó un aumento del presupuesto de la AEPD para 2022 de un millón de euros, con lo que pasó de 16 a 17 millones. Desde el organismo explican que no es suficiente, puesto que esas pequeñas subidas progresivas no sirven para adecuar al organismo a su nueva realidad. La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos permitió a la AEPD abrir investigaciones transfronterizas de mayor alcance, pero que implican también una mayor carga de trabajo.
El problema es que la entrada en vigor de ese Reglamento coincidió con un período de congelación de presupuestos en España que provocó que la Agencia no pudiera adaptarse a él de inmediato. Tres años después, sus recursos no han crecido acorde a sus nuevas funciones, como señala su directora.
Los procesos que ahora dirime la AEPD la han llevado de multa histórica a multa histórica debido a su nueva capacidad sancionadora. La última han sido los 10 millones de euros que le impuso a Google por no acatar correctamente el derecho al olvido. Sanciones que antes estaban fuera de sus límites y que ahora se han vuelto cada vez más habituales.
Pese a esta situación, la AEPD no ha renunciado a ocupar nuevos terrenos. Uno de ellos son las reclamaciones entre personas, como ocurrió en una de sus últimas resoluciones, en la que obligó a un abuelo a borrar de Facebook las fotos de su nieto menor de edad tras una reclamación de la madre.
Se trata de una resolución que ha sorprendido a especialistas en protección de datos que trabajan con las instituciones públicas. Estos indican que el Reglamento Europeo no está pensando para dirimir este tipo de cuestiones sino para proteger a los ciudadanos del mal uso de sus datos que pueden hacer empresas e instituciones. Explican que estas intervenciones abren la puerta a que cualquier persona utilice la AEPD para hacer reclamaciones de privacidad contra otros ciudadanos, lo que multiplicaría aún más la carga de trabajo del organismo en procesos que, además, no conlleva ningún coste para los reclamantes.
La Agencia, además, ha puesto en marcha otros mecanismos como un canal de denuncia prioritaria, por el que se compromete a actuar en menos de 24 horas para retirar contenidos especialmente lesivos para los afectados, como vídeos sexuales o imágenes violentas.
El lío de la renovación de la directiva
Protección de Datos tiene problemas para encontrar inspectores y para encontrar directores. Hace ya tres años que Mar España debía haber cedido su puesto a un nuevo responsable de la Agencia, pero la legislatura fallida primero, y la pandemia después, complicaron la elección de un sustituto. PSOE y PP pactaron finalmente la renovación de la cúpula del regulador de privacidad el pasado octubre, como parte de un acuerdo que también incluyó al Tribunal Constitucional y al de Cuentas.
Sin embargo, el Supremo ha tumbado el nombramiento de Belén Cardona, catedrática, como nueva directora y de Borja Adsuara, abogado, como su adjunto. Los jueces han considerado que el pacto entre los dos partidos no cumplió el reglamento de la AEPD. Aún queda un recurso más por resolver, por lo que el proceso para renovar el organismo se alargará al menos varios meses más.