Embarazadas y esposadas: la realidad de las mujeres presas en muchas cárceles de Estados Unidos

En marzo de 2017, Sophia Casias se arrastró por el suelo del centro de detención de adultos del condado de Bexar en San Antonio, Texas. Estaba embarazada de siete meses y tenía las manos esposadas y los pies atados. Un vigilante que sostenía la cadena unida a las esposas de Casias se paró frente a ella. Casias no pudo mantener el equilibrio y se desplomó sobre el suelo de cemento mojado. Sollozó y sintió que no podía respirar. Más tarde cayó en la cuenta de que había tenido la misma sensación que cuando varios familiares la agredieron sexualmente siendo una niña.

Casias cumplía condena por robar en tiendas. Explica que lo hacía porque es adicta a la heroína. En su tercer trimestre de embarazo, cayó al suelo y una de sus guardas la cogió por el cabello y le dijo que se levantara, según su testimonio. “Gritaba 'levántate zorra. Esto es lo que pasa cuando eres una yonqui de mierda. Si no te hubieras drogado no estarías aquí”.

Los guardias de la cárcel optaron por esposarla. Esto pasó un año y medio antes de que se aprobará la Ley del Primer Paso, una normativa federal aprobada en diciembre de 2018 que prohíbe algunas de las medidas disciplinarias más duras que hasta ese momento se imponían a los presos. Una de estas medidas es la de esposar a las reclusas embarazadas.

Sin embargo, esta ley federal no protege a las mujeres que cumplen condena en prisiones de los diferentes estados y en cárceles de condado. Según un informe de la Prison Policy Initiative de 2018, el 85% de las presas de Estados Unidos cumple condena en este tipo de centros penitenciarios. Esto se traduce en que miles de reclusas embarazadas quedan a merced del criterio de los guardias que las custodian, que deciden cómo controlar cada uno de sus movimientos, así como los de los hijos que llevan en el vientre.

“Hemos deshumanizado a este grupo de mujeres hasta tal punto que no nos percatamos de que encadenarlas cuando están embarazadas es una barbaridad, y es un acto cruel y completamente innecesario”, señala Lorie Goshin, profesora asociada de la Escuela de Enfermería Hunter-Bellevue de Nueva York e investigadora principal de un reciente estudio sobre el trato a las mujeres encarceladas que están embarazadas.

El 74% de los entrevistados en el estudio de 2019 habían custodiado a mujeres embarazadas o que acababan de dar a luz. En el 61% de los casos en los que fueron esposadas, la razón que se dio no fue porque las presas representaran un riesgo para los demás, o por riesgo de fuga, sino simplemente porque “había una norma o protocolo” que apoyaba el uso de cadenas.

Disparidad en la legislación y trauma psicológico

Lauren Kuhlik, miembro de Equal Justice Works en el Proyecto Nacional de Prisiones de la organización ACLU, señala que en la actualidad 23 estados del país carecen de leyes que prohíban encadenar a las reclusas embarazadas, a pesar de que en 2010 la ONU estableció que “los instrumentos de restricción nunca se usarán... durante el parto, el nacimiento e inmediatamente después del nacimiento”.

Además, en muchas ocasiones el personal de la cárcel no sabe cuáles son los derechos de los reclusos. Con el objetivo de abordar esta situación, algunas organizaciones sin fines de lucro distribuyen panfletos entre los presos y los grupos de apoyo sobre las leyes que prohíben el uso de esposas.

El hecho de que el Gobierno federal no exija que las prisiones o cárceles recaben información sobre el embarazo y el parto de las reclusas todavía complica más la situación. Un proyecto de ley presentado en septiembre de 2018 buscaba requerir que se recabara este tipo de datos. Sin embargo, el proyecto no prosperó.

Asimismo, cada estado interpreta la prohibición de esposar de distinto modo. Algunos, como Maryland y Nueva York, no permiten el uso de esposas inmediatamente antes y después del parto, aunque hay excepciones en circunstancias extraordinarias. Otros estados, como Ohio, autorizan que las mujeres embarazadas sean esposadas con los brazos por delante de sus cuerpos, en lugar de por detrás, ya que se cree que esto último afecta el equilibrio.

Luego está la distinción entre el encadenamiento durante el embarazo, el parto y el posparto. Cada ley estatal está llena de matices. Rhode Island es el único estado que tiene, desde 2017, lo que se llama “un derecho privado de acción”, un mecanismo de aplicación que permite que la mujer ilegalmente encadenada pueda solicitar una indemnización.

Sin embargo, hay un elemento que se mantiene en todos los casos: el grave trauma psicológico que inflige el hecho de ser encadenada. “Las mujeres que son esposadas durante el parto explican que sufren una profunda ansiedad, depresión, angustia y trauma”, afirma la Asociación de Psicología Americana en un informe de 2017.

Terry Kupers, psiquiatra y autor del ensayo Solitario: la historia del aislamiento en una cárcel de máxima seguridad explicada desde dentro y cómo podemos poner fin a esta situación afirma que, por regla general “las mujeres encadenadas suelen haber sufrido muchos más traumas infantiles”. Por este motivo, insta al personal penitenciario a “que tengan mucho cuidado de no volver a traumatizarlas” ya que volver a sufrir un trauma psicológico empeora mucho problemas como el trastorno de estrés postraumático.

A Amy Ard, directora ejecutiva de Motherhood Beyond Bars, una organización sin fines de lucro con sede en el estado de Georgia, le preocupa el hecho de que las reclusas que dan a luz esposadas tengan una mala imagen de sí mismas como madres. En su opinión, es inevitable que estas mujeres se hagan la siguiente pregunta: “Si soy alguien que necesita llevar esposas, ¿cómo me voy a ver capaz de proteger a mi hijo?”.

“Es inhumano y causa daño mental y psicológico”

Henriette Davis, de 64 años, cumplió condena en la Institución Penitenciaria de Mujeres de California, en Corona. Ahora, como activista, denuncia el uso de esposas y recuerda perfectamente el trauma psicológico que le generó estar encadenada a la cama de un hospital poco antes de dar a luz a su hija hace 36 años.

El médico que la atendió le pidió al guardia que la custodiaba que le quitara las esposas a su paciente, para que la mujer pudiera moverse libremente durante el parto y pudiera ayudar al bebé a pasar con más facilidad por el canal de parto.

“El doctor le espetó al guarda que yo no me iría a ningún sitio”, recuerda Davis. El guarda le quitó las esposas poco antes de que la mujer diera a luz. En una entrevista por teléfono desde su casa en Berkeley, California, Davis no puede contener las lágrimas al recordar la experiencia: “Es inhumano, innecesario y causa un grave daño emocional y psicológico”.

Davis, una mujer negra que cumplió condena por matar al hombre que abusaba de ella, señala que el encadenamiento saca a relucir la esclavitud histórica de su pueblo, así como todas las injusticias que han soportado.

Estados Unidos encarcela a más personas que cualquier otro país del mundo. Las mujeres se han convertido en el grupo que más rápido crece dentro de la población reclusa. En concreto, las mujeres negras tienen casi el doble de probabilidades de ser encarceladas que las mujeres blancas, según un informe de 2019 basado en datos de 2017 del Proyecto de Sentencias, un grupo de investigación y defensa que se centra en las disparidades raciales en el crimen y el castigo.

Los defensores de los derechos de los presos señalan que sus esfuerzos por cambiar las leyes punitivas estatales y locales se han visto recompensados con algunos avances. El pasado octubre, entró en vigor en el estado de Georgia una ley, la House Bill 345, que prohíbe encadenar a las mujeres embarazadas a partir del segundo semestre del embarazo y hasta seis semanas después del parto. El proyecto de ley se aprobó pocos meses después de que Danielle Edwards se presentara ante un juez del condado de Walton, Georgia, encadenada, embarazada e impotente.

Edwards, de 32 años, detenida por posesión de metanfetaminas y que previamente ya había sido arrestada por posesión de drogas, explica que se volvió adicta para intentar calmar el dolor que le causó la muerte de su abuelo cuando ella tenía cinco años, así como el hecho de que un año después la agredieran sexualmente. Las drogas también la ayudaban a sobrellevar la relación de abusos que soportó siendo ya adulta. Durante un corto espacio de tiempo, recuerda, consiguió salir de las drogas pero que “volvió a caer” cuando la esposa de su abuelo murió.

Esta mujer afirma que en la cárcel del condado otra presa la amenazó y la pusieron en una celda de aislamiento, de donde solo podía salir dos horas al día. Los vigilantes la esposaron y le pusieron cadenas en las piernas para ir a las revisiones médicas o al juzgado. Para evitar que el metal alrededor de sus tobillos le cortara la piel, Edwards llevaba dos pares de calcetines. Y, a pesar de ello, los grilletes la aterrorizaban.

“Sientes que no te puedes mover, y las cadenas son incómodas y frías”, señala. “Y es aterrador porque cuando tus pies tienen esa movilidad limitada no sabes si vas a dar un paso en falso y vas a caer sobre tu estómago”.

Cuando finalmente se personó ante el juez, con su mono carcelario de color azul marino, estaba embarazada de ocho meses y medio. Cuando el magistrado leyó el informe de su condena, se hundió. Le suplicó que la enviara a rehabilitación en vez de a la cárcel. De esa manera, pensó, podría cuidar a su bebé tras el parto. “Estaba de pie ante el juez, esposada, y cuando pude pedirle que me dieran esa oportunidad él dijo: '¿De verdad cree que dejaré que salga de esta sala por su propio pie? Rotundamente no”.

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Lori Yearwood es editora del Proyecto de Información sobre Dificultades Económicas (Economic Hardship Reporting Project). Sus artículos se han publicado en el Washington Post, Slate, CNBC, el San Francisco Chronicle y el American Prospect, entre otras publicaciones.

Traducido por Emma Reverter