Las acciones del nuevo Gobierno de Bolivia ponen en duda la celebración de elecciones justas
La polvareda levantada por la convulsión que ha azotado Bolivia estas últimas semanas comienza a tocar tierra. Jeanine Áñez, la presidenta interina y autodesignada del país ha prometido que el año que viene habrá nuevas elecciones, lo que ofrece alguna esperanza de cara a la restauración de la maltratada democracia boliviana. Pero solo si son libres y limpias.
Mientras tanto, quienes podrían sucederla comienzan a dar pasos. Carlos Mesa, el principal rival de Evo Morales durante las elecciones del pasado 20 de octubre, ya ha anunciado su candidatura. El partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha dicho que va a presentar “candidatos jóvenes” en lugar del expresidente.
La oposición a Mesa por la derecha será poco más que una contrincante advenediza que solo ha logrado ubicarse en primera línea política este último mes. Luis Camacho es el presidente del Comité Pro Santa Cruz, una poderosa organización de la sociedad civil de Santa Cruz, centro económico del país. Jugó un papel muy importante en el derrocamiento de Morales y la llegada al poder de Áñez.
Camacho, un político conservador y católico ferviente, ofreció mejoras sin pudor a la policía para que se amotinara contra el Gobierno de Morales. Prometió incrementar sus pensiones. Al hacerlo, logró poner a un lado tanto a Mesa como a la Organización de Estados Americanos, que pedían encarecidamente una transición democrática que habría permitido a Morales terminar su mandato. Camacho y sus seguidores forzaron la dimisión inmediata del presidente.
La extensión generalizada de las protestas agitó el país durante los diez días que siguieron la asunción de Áñez. Varias ciudades sufrieron escasez de alimentos y gas debido a las barricadas levantadas en las carreteras. “Creemos que su Gobierno traerá de vuelta el racismo que ya sufrimos en el pasado”, sostiene uno de los líderes indígenas que participan en las marchas de protesta y que no quiere dar su nombre. “Denunciamos que [ella] ha dado un golpe sin ninguna autoridad”.
El 15 de noviembre la policía y el ejército abrieron fuego contra manifestantes indígenas a las afueras de la cuarta ciudad del país, Cochabamba. Mataron a nueve personas e hirieron a más de 120. “Marchábamos pacíficamente y comenzaron a lanzar gas lacrimógeno y a disparar contra nosotros”, dijo sollozando una mujer ante las cámaras de un canal local. “Nos trataron como animales”. Cuatro días después, en El Alto, policía y militares volvieron a abrir fuego contra manifestantes indígenas provocando ocho muertos y más de 30 heridos.
La semana pasada regresó algún tipo de frágil equilibrio al país tras esos incidentes violentos entre la policía –con el apoyo del ejército– y partidarios de Evo Morales. Pero, ¿cuánto va a durar este respiro? ¿Es Áñez la persona adecuada para liderar el país a lo largo de este período de transición y garantizar el retorno a una cierta estabilidad?
El Gobierno de Áñez se comportó de inicio como si tuviera el mandato de transformar Bolivia y vengarse de aquellos que apoyaron el Gobierno de Evo Morales. Juró el cargo sujetando una Biblia en un país que la constitución define como laico. También se ha acusado a Áñez de publicar mensajes racistas contra la mayoría indígena en las redes sociales.
El tono que ha marcado se refleja en un resurgir del racismo profundamente asentado en la sociedad boliviana, algo que había mejorado durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, el primer presidente indígena del país. En respuesta a la promoción realizada durante su gobierno de la Wiphala, la bandera indígena, la policía que se amotinó contra el Gobierno, se arrancó el emblema de sus uniformes. Han aparecido pintadas racistas en las ciudades con lemas como “Evo, indio de mierda” en un país donde la palabra indio sigue siendo un término peyorativo.
Entre los primeros gestos de Áñez estuvo reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y expulsar del país a las misiones de médicos cubanos que trabajan en zonas remotas y empobrecidas. No mucho después eximió al ejército de cualquier posible consecuencia por el uso de la fuerza contra manifestantes y aprobó un presupuesto adicional de 45 millones de dólares para las fuerzas armadas.
El Gobierno de Áñez ha comenzado a recular desde la agresividad de sus posiciones iniciales y las negociaciones con los legisladores del anterior Gobierno han dado como resultado que se celebren elecciones en 120 días. También se ha llegado a un acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la nueva presidenta.
Gracias a eso se han levantado alrededor de 90 bloqueos que han paralizado el país a cambio de la retirada del ejército de ubicaciones sin valor estratégico y la revocación de una ley que ofrece impunidad a los militares por su comportamiento frente a los manifestantes.
Estos pasos apuntan una cierta esperanza a que el Gobierno se mueva hacia posiciones más cercanas a las propias de un Gobierno de transición, aunque la confianza en la promesa de elecciones limpias no cale demasiado. “¿Debemos apoyar estas elecciones?”, se pregunta un partidario de el MAS en El Alto. “¿Cómo podemos confiar en que respeten nuestro voto con todo lo que nos han hecho?”. La comunidad internacional ha comprometido ayuda extraordinaria para la celebración de los comicios y para vigilar sus resultados.
El MAS sigue siendo la fuerza política más importante del país, pero sus opositores se están organizando. Como responsable del Gobierno de transición, Áñez no puede presentarse a la reelección, pero se espera que apoye a Camacho, que la semana pasada presentó su candidatura como líder de la oposición unida.
Su alter ego en Potosí, Marco Pumarí, le apoya. Esta operación para consolidar un movimiento de oposición al MAS por parte de una derecha que no ha respetado los derechos humanos de los bolivianos no sirve más que para incrementar la incertidumbre sobre la posibilidad de unas elecciones libres y limpias. La pregunta central está clara. Si gana el MAS, ¿está preparada la derecha para aceptarlo?
Linda Farthing es periodista e investigadora, coautora de tres libros sobre Bolivia.
Traducido por Alberto Arce
