Al igual que sucede con el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), el acuerdo que se dirime en la zona transpacífica (TPP, Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) y que afecta a los países americanos y asiáticos también prevé modificaciones en las leyes de copyright de los estados. Así lo ha denunciado en los últimos días la organización no gubernamental Electronic Frontier Foundation (EFF), que ha alertado de un posible aumento en los plazos de derechos de autor de las obras en los diferentes países impulsado por la presión de EEUU.
En estos momentos son hasta doce países los que se encuentran en plenas negociaciones secretas –como ha ocurrido con el TTIP- sobre este acuerdo. Sin embargo, ha transcendido que uno de los puntos básicos es el relativo al dominio público, es decir, el momento en el que las obras dejan de estar protegidas por el copyright y pueden ser compartidas, comercializadas, y/o consumidas por cualquier ciudadano sin tener que pagar por los derechos de autor.
Hasta la fecha, cada país, según su ley nacional, tiene establecido un plazo determinado. En el caso de España, aunque no afecta el TTP, son 70 años después de la muerte del autor. Es el mismo plazo establecido en la gran mayoría de los países americanos, si bien algunos como Panamá, Uruguay, Venezuela, México y Canadá, además de los asiáticos Japón y Malasia, tienen el límite en los 50 años después de la muerte del autor.
La Sonny Bono Act
El problema llega con Estados Unidos. Según un capítulo filtrado del TPP, la propuesta de EE.UU. exige que los países establezcan plazos de derechos de autor mucho más largos de los que existen en la mayoría de los países firmantes. La primera ley de copyright de este país, aprobada hace 225 años, establecía un máximo de 14 años después de la publicación de la obra, pero desde entonces los plazos se han ido alargando. Su última legislación en este sentido data 1998 cuando se aprobó la Copyright Term Extension Act, también conocida como Sonny Bono Act o, de forma peyorativa, Mickey Mouse Protection Act, ya que el ex cantante y diputado del Partido Republicano, también ex marido de Cher y fallecido pocos meses después, más la casa Disney, fueron sus más notables defensores.
Esta norma reformaba la ley anterior, de 1976, que establecía el copyright hasta los 50 años después de la muerte del autor y hasta los 75 años para una obra publicada bajo una autoría corporativa (o persona jurídica). Con la Sonny Bono Act, los plazos pasaron a ser de hasta 70 años después de la muerte del autor y hasta 120 años desde la creación de una obra bajo autoría corporativa. Además, era una ley que tenía efectos retroactivos y todas aquellas obras que habían sido publicadas antes de 1978 verían incrementada su protección veinte años más.
Por supuesto, a alguien como Sonny Bono, cuyos éxitos eran de los años setenta, y a Disney, cuyos primeros cortos –Steamboat Willie es de 1928- podrían haber pasado a dominio público con la anterior ley a comienzos de los años 2000, la extensión de los plazos les interesaba.
Beneficio para los 'lobbies'
La controversia ahora llega porque EEUU quiere introducir sus propios términos en los países firmantes del TPP. Para la EFF, como señalaban en un documento Carolina Rossini y Maira Souton, expertas en propiedad intelectual internacional, es una acción más de lobbies empresariales –ya no sólo el caso de Disney, sino la MPAA (Asociación Cinematográfica de EEUU, donde están todas las majors) y la RIAA (la Asociación de la Industria Discográfica) - que se escudan en la bondadosa y demagoga defensa de la creación y la cultura, pero que poco tiene que ver con grandes beneficios para los autores.
Así, según ellas, lo que consigue la ampliación de la duración del copyright es un bloqueo al acceso a la cultura –“millones de grabaciones de audio siguen siendo inaccesibles”; “innumerables libros con copyright y que ya no se reimprimen, aunque se encontraran, sería ilegal que editores no autorizados los reimpriman con el fin de que estén disponibles al público”- además de ingentes ingresos, principalmente, para la industria del espectáculo y no tanto para los autores: “Cada año de extensión de los derechos de autor puede representar una enorme transferencia de fondos de los países en desarrollo a los países desarrollados, fondos que sirven como base para las industrias del gran espectáculo”, escriben las expertas en el tema.
Desde la organización Derechos Digitales América Latina, su director de contenidos J. Carlos Lara también recalcaba hace unos meses que la extensión del copyright sólo obedece a razones corporativas y no de apoyo a la creación cultural. Él ponía el ejemplo de la publicación de nuevas grabaciones inéditas de los Beatles en 2014, lo que cambiaba drásticamente el plazo de su copyright, ya que mientras desde la grabación suponían 50 años, desde la publicación sumaban hasta 70 años. “Sin siquiera existir un afán de explotación comercial seria, sino solamente de control, dejando fuera a cualquier eventual competidor (comercial o no), mediante la exclusión del dominio público. Esta es la clase de actores interesados que empuja por períodos más extensos, aun si no existe ningún beneficio neto para la industria o la sociedad”, admitía Lara.
Petición para parar la extensión
En la EFF se han analizado también las pérdidas que ha supuesto para EEUU la asunción de su Sonny Bono Act, como por ejemplo “un siglo XX en libros que ha dejado de existir” –tienen copyright y no se vuelven a publicar-. Asimismo, recalcan que las imágenes que están en dominio público aportan hasta 250 millones de dólares al valor de la Wikipedia.
Por este motivo, desde la EFF han comenzado una serie de acciones con el fin de parar lo que ellos llaman ‘la trampa del copyright en el TTP’ que sólo beneficiaría a los lobbies estadounidenses. Durante las próximas semanas se encargarán de demostrar los perjuicios que trae consigo la extensión del plazo de los derechos de autor con llamadas a los ciudadanos para que pidan a la Oficina de Derechos de Autor de EEUU que no extienda los plazos de copyright a otros países.
En la Unión Europea aún no se ha dado este preaviso, pero teniendo en cuenta que el TTIP establece nuevas relaciones comerciales entre EEUU y la UE, puede ser una de las próximas batallas.