Corría el año 2005 cuando Alberto Cañedo ganó la alcaldía de Carcaboso, un pueblo de unos 1.300 habitantes del norte de Extremadura. El proyecto que impulsó en el municipio tenía una marcada sensibilidad social y una innovadora mirada ecologista, siendo esta última la que situaría este pequeño pueblo en el mapa de las políticas municipales. En el lapso de unos años pocos años este fue el primer municipio extremeño en declararse libre de transgénicos, puso en marcha huertos de ocio agroecológicos, jardines comestibles, un gallinero comunitario, huertos escolares y un Centro Agroecológico Demostrativo. El impacto de este último proyecto, con sus actividades formativas y de divulgación práctica, impulsaron la concesión en 2011 de un premio del Congreso Nacional del Medio Ambiente CONAMA a municipios menores de 5.000 habitantes.
Esta sería una ilusionante historia sobre las potencialidades transformadoras del municipalismo, de cómo la gestión pública puede ponerse al servicio de la ciudadanía y del territorio, un referente inspirador para otros pueblos. Sin embargo, Alberto, uno de los protagonistas principales de este cambio, se encuentra a punto de entrar en prisión al ser condenado por prevaricación y delitos urbanísticos; los mismos que suelen asociarse a los corruptos.
Si no todos los políticos son iguales, tampoco sus delitos. La prevaricación de Alberto es fruto de una persecución política y de un hostigamiento por parte del PSOE local, que en dos años reclamaron unas 700 solicitudes de información, una cifra exageradísima para un ayuntamiento de estas dimensiones que casi llega a colapsarlo. De todas ellas cinco se respondieron fuera de plazo y el juez valoró que estos retrasos en la entrega de documentación habían sido intencionados. A esto se suma el delito urbanístico relacionado con haber concedido cédulas de habitabilidad a cinco viviendas sin terminar, con las que cinco familias estaban en riesgo de perder los ahorros de su vida, pues la promotora entró en bancarrota y las viviendas se las iba a quedar el banco.
La condena asciende a 17 años de inhabilitación y más de 120.000 euros de sanción, entre multas, indemnizaciones y costas, que supondrían 255 días de cárcel en caso de impago. Ante la incapacidad de hacer frente a esta multa, Alberto ha pasado los últimos años envuelto en una campaña por toda nuestra geografía para lograr su indulto. El pasado 29 de enero el Consejo de Ministros le denegaba el indulto, por lo que previsiblemente tendrá que entrar en prisión dentro de poco tiempo.
Decía Montesquieu que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que debe ser ley porque es justa. La justicia cuando hace gala de eludir los contextos, de obviar el grado de interpretación utilizado en otros muchos casos, corre el riesgo de devenir en dogmatismo jurídico. Los orígenes de la palabra venganza, vienen del latín vindex, remitiendo a vis (fuerza) e index (indicar), siendo algo así como “indicar con fuerza”, con toda la fuerza del Estado. La venganza consumada contra Alberto es un aviso para quienes quieren cambiar las cosas en muchos municipios que están fuera de los focos mediáticos, que no forman parte de los debates de actualidad y cuyos alcaldes no salen en las tertulias políticas del sábado por la noche.
Resulta obvio que el uso de los indultos debe ser excepcional para evitar la impunidad, en nuestro caso la ley los permite desde 1870 como un último recurso en mano de los gobernantes para matizar la impartición de justicia. El fin debería ser, como decía el poeta Metastasio, asumir que sin la piedad, la justicia degenera en crueldad, y la piedad sin justicia es debilidad. No sería un mal principio, pero en nuestro país el indulto se ha usado generalmente para lo contrario.
Según el Indultómetro más de diez mil personas han sido indultadas en los últimos veinte años, y entre ellas encontramos desde altos cargos condenados por el terrorismo del GAL a militares que falsearon las pruebas de identificación de los cadáveres en el accidente del YAK-42, desde representantes de la cúpula bancaria a policías condenados por torturas o políticos corruptos. Concedérsela a Alberto no hubiera sido tan disparatado, o vistos los antecedentes lo mismo si.
Muchos pensábamos que con arruinar su carrera política y haber convertido su vida en una mala copia de El Proceso de Kafka durante años, habría bastado al sistema judicial para evitar el ensañamiento de llevarlo entre rejas. Nos equivocábamos, pues la involución democrática está siendo más grave y más acelerada de lo que imaginamos.
Ante tanta injusticia solo podemos oponer la solidaridad, ante el miedo solo podemos reivindicar las políticas de Alberto como socialmente justas y ecológicamente valientes. Hoy recuerdo el final de esa maravillosa novela que es Las uvas de la ira, donde Tom Joad perseguido por su actividad sindical se despide de su madre diciendo: Entonces estaré en la oscuridad. Estaré en todas partes... donde quiera que mires. Donde haya una pelea para que los hambrientos puedan comer, allí estaré. Donde haya un policía pegándole a uno, allí estaré. Sí, estaré en los gritos de la gente enfurecida y estaré en la risa de los niños cuando están hambrientos y saben que la cena está preparada. Y cuando nuestra gente coma los productos que ha cultivado y viva en las casas que ha construído, allí estaré, ¿entiendes?
Hoy los sueños de Tom Joad siguen pendientes de realización y las injusticias contra quienes se rebelan siguen cometiéndose con asombrosos parecidos. En nuestras manos está impedir que la historia siga repitiéndose, ¿Entendemos?
Un abrazo Alberto.
