La crisis global y civilizatoria que enfrentamos es hoy día aceptada incluso por quienes renegaron de ella hasta hace poco, e incluso encontramos estos términos en los discursos y políticas oficiales. No hay duda ya de que la sociedad enfrenta un calentamiento global inducido por el hombre, una pérdida de biodiversidad alarmante, una disminución de la tierra cultivable, una presión creciente sobre el agua, así como una escasez tanto de energía como de materiales. Hay, sin embargo, más incertidumbre en cuanto a qué supondrán estos cambios en la biosfera tanto para la actividad económica como para el bienestar de las personas, aunque todo parece indicar que las consecuencias son desastrosas y nos acercamos a una suerte de colapso.
Es en este contexto en el que cada vez se hace más evidente la necesidad de que la actividad económica tenga un mayor grado de planificación, una planificación que tiene que ser biofísica, considerando la disponibilidad de recursos y las necesidades materiales de la población como se hace desde la economía ecológica y sus análisis del metabolismo socioeconómico, y que tiene que ser prospectiva, generando escenarios de futuro que anticipen los problemas y propongan soluciones que puedan ser debatidas de manera democrática por la sociedad, como se puede hacer, por ejemplo, al incorporar la dinámica de sistemas. Esto es crucial porque, si toda decisión pública implica ganadores y perdedores, en un contexto de escasez creciente como el actual, la acción pública debe ir dirigida a minimizar la desigualdad que, a priori, se augura vaya en aumento.
Hasta hace poco, hablar de planificación pública era prácticamente tabú, a pesar de que tanto las administraciones como los agentes privados planifican su actividad de forma regular. Véase si no, qué son los planes de ordenamiento territorial de los municipios o los planes estratégicos de las grandes empresas. No obstante, hablar de planificación en la acción de gobierno se identificaba en el imaginario como algo del pasado, del bloque soviético. Hoy en día, el panorama es completamente distinto. Empujados por la Unión Europea, cada vez son más los gobiernos que tienen instituciones encargadas de hacer estudios estratégicos y de prospectiva. En España tenemos la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, que es la encargada de tener una visión de país que trascienda el ciclo electoral. Esta oficina, que se puede ver como una consecuencia natural de la anterior Oficina Económica del Presidente del Gobierno creada en 2004, necesita dar un paso más y convertirse en una oficina de planificación estratégica, preferiblemente con una mirada biofísica.
El actual modelo económico implica que, como la mayoría de los daños al medio ambiente los asume la sociedad en su conjunto y no quienes los provocan, el sistema de precios incentiva la sobreexplotación de muchos de los recursos, que no solo aportan muy poco al bienestar colectivo, sino que en muchos casos lo comprometen. Los ejemplos en nuestro país son múltiples, la presión sobre los acuíferos en Daimiel o en Almería, la contaminación por nitratos de la agricultura en el Mar Menor o en la Cataluña interior, la construcción del litoral en zonas de riesgo que además afectan el funcionamiento de los ecosistemas, o la contaminación urbana (y cada vez más periurbana) que implica el tráfico de personas y bienes. En todos estos casos, hay una clara falta de planificación. Por ejemplo, ¿tiene sentido que un país con zonas tan áridas y escasez de agua agote sus acuíferos para alimentar una agricultura intensiva de fuerte carácter exportador? ¿debe España ser la granja de cerdos de gran parte del mundo con los impactos que esto conlleva? ¿se debe continuar promocionando un modelo de turismo masivo, de poco valor añadido y grandes costes ambientales?
En un contexto de creciente escasez de los recursos, habrá que priorizar qué consumos están por encima de otros, y parece claro que habrá consumos suntuarios que se deberán reducir, pero la decisión debe ser informada. También habrá que priorizar qué producción es prioritaria, pero para poner por delante el consumo de energía para la producción de alimentos por encima del consumo de energía en el transporte privado, por ejemplo, se necesitan análisis que permitan tomar decisiones informadas.
Estos desafíos solo pueden estudiarse de manera holística e interdisciplinar. Por suerte para nosotros, existe en España un nutrido grupo de investigadores repartidos por el territorio que trabajan en cuestiones como mitigación y adaptación al cambio climático, conservación de ecosistemas, disponibilidad y uso de materiales y energía, y toma de decisiones, que comparten en sus metodologías la necesidad de integrar en el análisis los límites biofísicos que nos impone la biosfera. Si las administraciones públicas quieren tomar decisiones informadas acerca de posibles modelos de desarrollo que sean compatibles con el cambio global que ya estamos experimentando, es imprescindible que se cuente con ellos. La coordinación entre los científicos ya existe, pero no es suficiente. Hace falta una institucionalización de esa colaboración, que facilite el tránsito de la información científica a la toma de decisiones de largo plazo, sin depender del ciclo político.
Los cambios que necesita el país son de carácter estructural, y como dicen, por ejemplo, los investigadores del proyecto MEDEAS, el esfuerzo debe ser de toda la sociedad. Solo uniendo el poder de análisis de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, de los economistas del estado, de los científicos del CSIC, y de los numerosos grupos de investigación que analizan el cambio global desde sus diferentes perspectivas y ángulos, se podrán enfrentar los retos que el presente ya nos está poniendo sobre la mesa y que nos indican que el actual modelo de desarrollo está caduco y es perjudicial. Es necesario, por tanto, que avancemos hacia una Oficina de Planificación Biofísica Prospectiva que le permita, a las diferentes administraciones, contar con la investigación de punta que se hace en el país, para la toma de decisiones. ¡Qué mejor destino para los fondos de recuperación Next Generation!
La crisis global y civilizatoria que enfrentamos es hoy día aceptada incluso por quienes renegaron de ella hasta hace poco, e incluso encontramos estos términos en los discursos y políticas oficiales. No hay duda ya de que la sociedad enfrenta un calentamiento global inducido por el hombre, una pérdida de biodiversidad alarmante, una disminución de la tierra cultivable, una presión creciente sobre el agua, así como una escasez tanto de energía como de materiales. Hay, sin embargo, más incertidumbre en cuanto a qué supondrán estos cambios en la biosfera tanto para la actividad económica como para el bienestar de las personas, aunque todo parece indicar que las consecuencias son desastrosas y nos acercamos a una suerte de colapso.
Es en este contexto en el que cada vez se hace más evidente la necesidad de que la actividad económica tenga un mayor grado de planificación, una planificación que tiene que ser biofísica, considerando la disponibilidad de recursos y las necesidades materiales de la población como se hace desde la economía ecológica y sus análisis del metabolismo socioeconómico, y que tiene que ser prospectiva, generando escenarios de futuro que anticipen los problemas y propongan soluciones que puedan ser debatidas de manera democrática por la sociedad, como se puede hacer, por ejemplo, al incorporar la dinámica de sistemas. Esto es crucial porque, si toda decisión pública implica ganadores y perdedores, en un contexto de escasez creciente como el actual, la acción pública debe ir dirigida a minimizar la desigualdad que, a priori, se augura vaya en aumento.