El mundo afronta una crisis sistémica multidimensional sin precedentes. Enderezar la situación implica resituar los valores y las prioridades con perspectiva y responsabilidad intergeneracional. La pandemia de la COVID19, la crisis climática, la pérdida global de biodiversidad, etc. no son más que evidencias de los desequilibrios introducidos en las reglas del juego ecosistémico, que amenazan seriamente la salud de las personas, la biosfera y la vida.
El bienestar de las generaciones actuales y futuras solo será posible si garantizamos que los organismos públicos y cualquier actor privado tenga en cuenta, en términos de bienestar ambiental, social, económico y cultural, las externalidades negativas de todas sus actuaciones y planificaciones estratégicas y el impacto de sus actuaciones sobre las generaciones futuras para garantizar el derecho a vivir en un contexto ecológico y territorial óptimo en una sociedad económicamente y socialmente justa. Desde el GOB - entidad ecologista de referencia en las Islas Baleares que este año cumple 50 años – hemos trabajado históricamente la defensa del territorio y de los recursos naturales, cuestionando planos y proyectos, políticas e inversiones, haciendo denuncia y movilizando.
Ahora nos encontramos en un momento crucial de cambio en el que, amparados por las declaraciones de emergencia climática, debemos poner en cuestión el conjunto del sistema. El modelo socioeconómico, las políticas públicas y las prioridades sociales deben enfocarse hacia una transición ecosocial que permita garantizar el sostenimiento de la vida con condiciones de justicia para las generaciones presentes y futuras.
Por ello, a finales de 2019 empezamos a trabajar en la idea de plantear una propuesta que situara una voz fuerte del ecologismo en este futuro de emergencias e incertidumbres. Queríamos lanzar una propuesta para impulsar el debate y la acción, hacia un urgente y necesario cambio de paradigma. Coincidíamos en que la asistimos a una oportunidad para exigir aquello que las inercias habituales del sistema económico, social y político, se considera utópico o imposible. Pusimos ganas, creatividad y muchas horas de trabajo para diseñar una nueva herramienta social para impulsar el cambio necesario. Así, después meses de reuniones, análisis e investigación surgió la propuesta de lanzar una Iniciativa Legislativa Popular con la primera Ley de Bienestar para las Generaciones Presentes y Futuras de las Islas Baleares, pionera en el Estado.
Con esta iniciativa pretendimos dar una respuesta global y ciudadana a un reto sin precedentes: poner la vida en el centro y garantizar la preservación de aquello que la sostiene (territorio, recursos naturales y personas) por encima y por delante de la economía dominante. El mercado pone el foco en la productividad y la generación de riqueza para unos pocos, a cambio de la sobreexplotación de los recursos y las personas, sin atender los límites biofísicos ni atender las necesidades de las generaciones futuras. Y sin embargo, nuestras islas lo tienen todo para convertirse en un espacio real de transición justa hacia una otra sociedad y otra economía.
Necesitamos un marco legal que garantice la preservación de la vida. Un esfuerzo jurídico sin precedentes que impulse el cambio de valores y ayude a definir colectivamente las prioridades en la toma de decisiones. Un marco normativo que impregne a todas las políticas económicas y sectoriales, tanto en el ámbito social, como en el ámbito de la salud de las personas, los recursos y del entorno que nos sostiene. Sabemos que esta es la única salida si queremos garantizarnos el futuro.
Así empezó un grupo de trabajo para crear una nueva herramienta social para el cambio. Empezamos analizando e investigando iniciativas similares, entre las cuales nos resultó muy inspiradora la Ley de Gales de Bienestar de las Generaciones Futuras. Desde del grupo, analizamos los pormenores de esta ley, gracias a un miembro del grupo, profesor de la URV que estaba haciendo su trabajo de investigación sobre ella. La aterrizamos al marco normativo e institucional propio, lanzamos una clínica jurídica con la URV1con la intención de tener un asesoramiento jurídico en relación a posibles problemas competenciales de la Ley propuesta y su conexión con otra normativa aplicable, analizar experiencias otros países con instituciones para las futuras generaciones y su posible inclusión en Baleares e identificar los indicadores de bienestar que podían ser de mayor utilidad para su inclusión a la ley.
En junio de 2021 disponíamos ya de un texto y elaboramos la estrategia de campaña, comunicación y movilización que debía acompañar la ILP. En octubre, constituimos el grupo promotor, registramos el texto de la Ley junto con un documento de justificación ante el Parlamento y la presentamos a la sociedad en rueda de prensa. En noviembre fue aceptada por el Parlamento e iniciamos todo el periplo para poder iniciar la campaña de recogida de firmas: cerca de 60 fedatarios para avalar e impulsar la recogida de firmas en todas las islas, recopilación de documentación, certificados, actas notariales y finalmente el acto de jura/promesa de los fedatarios en el Parlamento que dio inicio a la campaña de 4 meses que establece la ley reguladora de las ILP. Entonces se sucedieron multitud de actos informativos y festivos, mesas de recogida de firmas, talleres de serigrafía, charlas, debates, aparición en medios de comunicación, entrevistas, manifiestos de apoyo de otras entidades del territorio y fuera del territorio... hasta culminar con un gran mosaico humano que el 28 de mayo de 2022 se hizo en la Plaza Mayor de Palma seguida de conciertos populares.
Recogidas cerca de 12.000 firmas (necesitábamos 7000 según la Ley), pudimos presentarlas al Parlamento que, una vez validadas, puso fecha para la defensa de la Ley en el Pleno. El 28 de noviembre de 2022, el Presidente del GOB, hizo la defensa de la Ley en nombre de la Comisión Promotora y el Pleno voto a favor de su tramitación. Este ya fue un hecho histórico porque, hasta ese momento ninguna ILP había conseguido superar ese trámite en el Parlamento de las Islas Baleares. Se inició así, la última etapa del proceso: la publicación de la propuesta de Ley en el Boletín Oficial del Parlamento, el inicio del periodo de enmiendas por parte de los grupos con representación parlamentaria y un trabajo intenso y conjunto en el que también se implicaron la Consejería de Presidencia y la abogacía de la Comunidad Autónoma, para consensuar las enmiendas e iniciar su paso por ponencia y comisión, antes de llegar de nuevo al Pleno del Parlamento la propuesta definitiva.
Así, el 28 de marzo, la Comisión Promotora inició el debate en el Parlamento con una intervención de 10 minutos que dio paso al debate y votación de los grupos parlamentarios con el resultado de la aprobación por mayoría absoluta de la primera Ley para el Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras. Ahora tendremos que seguir la aplicación efectiva de la ley recordando que es una ley que sale de la iniciativa popular y que esta, va a defenderla siempre.
1El estudio fue realizado por estudiantes del Máster Universitario de Derecho Ambiental de la URV, en el marco de la asignatura “Clínica Jurídica Ambiental” y estudiantes del Máster en Derecho de la Universidad de Chile, en el marco del seminario denominado “Derecho Internacional del Medio Ambiento: desafíos actuales e impacto en los regímenes jurídicos internos”.
El mundo afronta una crisis sistémica multidimensional sin precedentes. Enderezar la situación implica resituar los valores y las prioridades con perspectiva y responsabilidad intergeneracional. La pandemia de la COVID19, la crisis climática, la pérdida global de biodiversidad, etc. no son más que evidencias de los desequilibrios introducidos en las reglas del juego ecosistémico, que amenazan seriamente la salud de las personas, la biosfera y la vida.
El bienestar de las generaciones actuales y futuras solo será posible si garantizamos que los organismos públicos y cualquier actor privado tenga en cuenta, en términos de bienestar ambiental, social, económico y cultural, las externalidades negativas de todas sus actuaciones y planificaciones estratégicas y el impacto de sus actuaciones sobre las generaciones futuras para garantizar el derecho a vivir en un contexto ecológico y territorial óptimo en una sociedad económicamente y socialmente justa. Desde el GOB - entidad ecologista de referencia en las Islas Baleares que este año cumple 50 años – hemos trabajado históricamente la defensa del territorio y de los recursos naturales, cuestionando planos y proyectos, políticas e inversiones, haciendo denuncia y movilizando.