Poner en marcha la transición energética ha dejado de ser una opción y gobiernos de medio mundo se han puesto manos a la obra. En este sentido, el Pacto de Gobierno PSOE-UP anunció como objetivo conseguir un 85-95% de producción eléctrica renovable en 2040, llegando al 100% para 2050. Sin embargo, hace una semanas, un art ículo publicado en este mismo blog, nos alertaba del peligro que suponía reducir la transición ecológica a un mero desarrollo renovable basado en el fomento de plantas de gran tamaño. En línea con esto, en este artículo me gustaría abordar la íntima relación que existe entre el modelo de las grandes plantas renovables y el desarrollo de grandes y caros megaproyectos para el transporte de la electricidad producida.
El modelo de la Alta Tensión
Tenemos un sistema eléctrico claramente unidireccional, donde la electricidad fluye como un río, surcando kilómetros y kilómetros de tendidos eléctricos de alta tensión, desde grandes plantas de generación hasta las redes municipales de distribución. Las reglas de juego son claras: cada tramo de cable tiene que ser capaz de soportar la cantidad de electricidad que transporta y esa capacidad, como todo, está limitada. De este modo, se cuenta con una cantidad máxima de electricidad que pueden transmitir tanto las grandes líneas de transporte de alta tensión como las líneas eléctricas de distribución, de baja tensión. Teniendo esto en cuenta ¿qué implica un aumento de la producción renovable para las líneas eléctricas existentes?
El actual sistema eléctrico está diseñado a la medida de las centrales térmicas convencionales, con gran autonomía para gestionar su producción. En el caso de las renovables toda la electricidad producida es vertida a la red, dejándole la responsabilidad de transmitirla a cualquier posible punto de consumo. Eso hace que, en los momentos de mayor producción, por ejemplo, durante las horas de mayor radiación solar en el caso de la fotovoltaica, puedan darse situaciones de fallo técnico si la electricidad vertida supera la capacidad de transmisión de las líneas.
Para evitar estas situaciones, REE, la operadora del sistema eléctrico, limita el número de plantas renovables conectadas a los distintos puntos de la red de transporte de alta tensión. Esta situación ha servido para poner en marcha una serie de movimientos especulativos por parte de grandes fondos de inversión, muchos ajenos al sector de la energía, consiguiendo concesiones de conexión y agotando virtualmente la capacidad de muchos puntos de la red. De esta manera, queda limitada en el medio plazo la propiedad de instalaciones renovables y la posibilidad de que actores de menor tamaño puedan participar en la transición energética. Si bien la potencia renovable instalada está en la actualidad todavía muy por debajo de la capacidad real de las líneas, nos da elementos para poder identificar los primeros actores interesados en repotenciar el actual entramado de líneas de alta tensión.
De modo complementario, es importante analizar los intereses de REE, una compañía un tanto especial dentro del IBEX35. Como operadora del sistema eléctrico, posee y gestiona el transporte de electricidad en España, así como su infraestructura. De esta manera, REE obtiene sus ingresos como un pago fijo a través de cada factura eléctrica pagada por las consumidoras. Así, todo trabajo de mantenimiento y ampliación de la infraestructura se traduce en un incremento de la parte fija de cada factura. Su situación de monopolio natural, junto con las obligaciones para con sus accionistas (el Estado controla solo un 20% del accionariado a través de la SEPI) no está exenta de polémica, sobre todo si tenemos en cuenta que los costes imputados a su actividad son los declarados por la empresa y no los resultantes de una auditoría independiente. En este sentido, no es de extrañar que la empresa declare la necesidad de una mayor inversión en infraestructura, sobre todo si consideramos las dificultades que está enfrentando para mantener los dividendos a partir de 2022.
Teniendo todo esto en cuenta, vemos que la apuesta por reforzar el sistema de transporte eléctrico aúna muchos intereses. Ante esto, es importante pararse a analizar la relevancia de los mantras que rezan que la alta tensión ofrece una mayor eficiencia y un menor coste, pues de lo que no se habla es de cómo se socializan estos beneficios entre los distintos actores involucrados en el sistema eléctrico. La ciudadanía, en su papel pasivo de mera consumidora, se convierte en financiadora del lucro privado de unas pocas empresas y, a su vez, sufre los impactos ambientales, de salud y de fragmentación del territorio causados por las líneas de alta tensión.
Las interconexiones eléctricas entre Estados
Dentro del desarrollo de más infraestructura de alta tensión, existe, por parte de la Unión Europea, un plan de interconexión eléctrica entre estados que tratan de desarrollar este modelo a nivel supraestatal. Las razones oficiales detrás de este plan no distan mucho de las que justifican el desarrollo de la alta tensión a nivel estatal: mayor competitividad por medio de un mercado eléctrico de gran tamaño, aumento de la seguridad de suministro y mayor penetración de renovables. Sin embargo, es fácil desmontar esos argumentos y revelar que en el fondo no es más que un plan para implantar un gran mercado eléctrico especulativo participado por unos pocos actores de gran tamaño.
En primer lugar, si bien una de las principales razones para apoyar el desarrollo de la alta tensión es la reducción de costes, podemos constatar que hasta la fecha las líneas de interconexión solo han contribuido al encarecimiento de la factura eléctrica. Es difícil, a su vez, defender que un sistema basado en pocos cables de gran capacidad pueda aumentar la seguridad de suministro en comparación con sistemas distribuidos más resilientes, por naturaleza. Esta falta de resiliencia queda de manifiesto si tenemos en cuenta que la interconexión España-Francia, Argia-Cantegrit, entró en fallo técnico hace cerca de un año. Es cierto que, en teoría, las interconexiones podrían aumentar la penetración renovable en forma de grandes plantas, al permitir repartir una mayor cantidad de electricidad a través de largas distancias. Sin embargo, muchas veces la teoría dista de la práctica, pues un reciente estudio nos alerta que los objetivos de interconexión eléctrica de la Unión Europea solo contribuirían a aumentar las emisiones de CO 2 . Un ejemplo es la situación actual en la que la interconexión entre España y Marruecos está siendo utilizada para importar electricidad sucia proveniente del carbón. Esta electricidad, al producirse fuera del Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones de la UE, no paga impuestos por el CO 2 emitido y genera grandes beneficios privados bajo la lógica especulativa del “comprar barato y vender caro”. En un escenario de escasez energética, parece más fácil prever que la infraestructura de alta tensión sirva para construir un mercado eléctrico de gran tamaño que asegure el suministro al mejor postor, dejando fuera a quienes no puedan pagar una electricidad entendida como mercancía. Con el propósito de articular una resistencia a esta agenda, en 2015 surge la Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Megaproyectos Energéticos, integrada por más de 50 organizaciones medioambientales y ciudadanas representativas del Estado español y francés.
Una alternativa a la Alta Tensión
En pocas palabras, el desarrollo de la alta tensión favorece los intereses económicos de un reducido grupo de agentes, sin ninguna capacidad de generar beneficios sobre la ciudadanía. A su servicio ha creado un relato propio en torno a la alta tensión que sirve para generar una ilusión de cambio que mantenga intactas las relaciones de poder económico en torno a la energía. Las mentiras y el control de los medios de comunicación por parte de las partes beneficiadas hacen que no exista una posición unificada que condene dicho modelo. Es necesario crear, por parte del sector ecologista y de todas aquellas personas conscientes de la crisis sistémica a la que nos enfrentamos, un nuevo relato para una propuesta de transformación alternativa para el sistema eléctrico que sea realmente sostenible a nivel ecológico y social.
Hasta ahora hemos hablado de la implementación de grandes plantas renovables en zonas lejanas a los núcleos de población. Sin embargo, las energías renovables, por su naturaleza modular y por ser capaces de transformar flujos energéticos altamente distribuidos, tienen unas características idóneas para la construcción de otro modelo. Un modelo que permita el flujo bidireccional de la electricidad, transformando a la ciudadanía en agente activo de este nuevo modelo, pasando de consumidoras al doble papel de consumidoras y productoras. Un modelo de baja tensión, distribuido, que reduzca las necesidades de transporte y permita desarrollar modelos de soberanía energética a través de la identificación del potencial energético de los territorios, recurriendo a la alta tensión existente solo en caso de tener que dar salida a los excedentes. De esta manera, mediante el autoconsumo y la integración de muchas pequeñas instalaciones renovables en la red de distribución, es posible distribuir la propiedad de la infraestructura energética, democratizando el sistema energético mediante un papel activo de la ciudadanía.
Este modelo permitiría socializar los beneficios y reducir la desigualdad asociada a la actual relación vertical de productores y consumidores. La adecuación de la red de distribución o de baja tensión a tal fin no será barata, pero tengamos en cuenta que actualmente, en ausencia total de debate público, estamos destinando millones de euros a un modelo que no deja ningún beneficio en la ciudadanía. Oímos muchas veces que ambos modelos son compatibles, pero seguir invirtiendo en alta tensión supone un desvío del capital necesario para la construcción de un modelo eléctrico sostenible y justo.
Puede resultar paradójico que un reto de tal tamaño no pueda atajarse desde lo grande y que, por lo contrario, nos obligue a volver a lo pequeño y lo cercano. Este siglo nos pone ante la necesidad de desescalar los sistemas, de poner en práctica un progreso que tenga algo de retorno y de reconciliación con la escala humana y con la de los territorios que habitamos. Habrá muchas resistencias, pero nada puede ser más peligroso en este momento que creer en la trampa de las grandes soluciones, y una transición ecológica que se llame justa tiene que tenerlo en cuenta.
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