La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº35 de Madrid que condenó a Gustavo González y Diego Arrabal a indemnizar a Mariló Montero y una amiga suya con 340.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y el honor.
El magistrado César Tejedor impuso a los paparazzis esta pena por la vía civil, la mayor condena de este tipo en la historia de la justicia española, por fotografiarlas sin su consentimiento en 2015, cuando las dos mujeres estaban de vacaciones fuera de España. La sociedad que compartían los fotógrafos, Diegus SL, recurrió ante la Audiencia Provincial, que ha estimado el recurso en cuanto a la prejudicialidad penal del caso, sin entrar a analizar el fondo de la cuestión, según recoge el portal especializado ConfiLegal.
A la espera de resolverse el otro procedimiento penal
En la sentencia, del 12 de julio, se dictaminan que la resolución del procedimiento civil “debería haber quedado en suspenso” mientras se dilucida por parte del Juzgado de Instrucción Nº30 de Barcelona la responsabilidad criminal a título personal de los periodistas, que afrontan una una petición de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de la profesión por tiempo de seis años, además del pago de la indemnización.
El quid de la cuestión está en este elemento. De acuerdo a la firma legal que representa a Montero, Ius Aequitas, inicialmente los dos juzgados de instrucción estimaron que no concurrían los requisitos legales para la existencia de prejudicialidad penal, por lo que el caso se juzgó en Madrid Consideraban, pues, que eran procedimientos distintos: en uno Montero y su amiga acusan a los fotógrafos por captar imágenes suyas; en el otro, el de Barcelona, la acusación de Montero es por un presunto delito de revelación de secretos por hechos ocurridos en Bora Bora, uno de los destinos por los que pasaron. “El juez de Primera Instancia consideró que teníamos razón y por eso dictó sentencia”, explican.
Ahora, la Audiencia Provincial considera que existía esa prejudicialidad, al tratarse de los mismos hechos, y que la vulneración del derecho al honor no se puede discutir en dos procedimientos a la vez. Por ello, ratificando las actuaciones realizadas en sede civil hasta la sentencia y sin valorar los hechos enjuiciados, ordena la suspensión del procedimiento civil hasta que finalice el procedimiento penal. Entonces se procederá a dictar nuevamente la sentencia por el órgano civil.
La primera reacción de Diego Arrabal
El foco judicial apunta ahora a Barcelona: el Juzgado de Instrucción Nº30 ha ratificado la apertura de juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos por parte de Arrabal y González, a quienes solicita una fianza de 265.000 euros con la que hacer frente a la posible responsabilidad civil derivada del delito.
“Para mí es una victoria porque se ha hecho justicia, aunque a esto todavía le queda mucho tiempo”, ha declarado Arrabal a la revista Semana, donde añade: “Yo por lo penal estoy muy tranquilo”. Se refiere, claro, al otro proceso de Barcelona. “Hay un procedimiento penal en el que el Fiscal lo tiene muy claro. Ha pedido que nos absuelva porque cree que no hay delito”, añade.
En su día, el excolaborador de Viva la vida ya avisó de que plantaría cara a la decisión judicial, llamando la atención sobre las consecuencias de la sentencia. “Si no puedes hacer fotos a una persona pública en un lugar público, apaga y vámonos”, dijo el fotógrafo, que incluso dijo que llevarían el caso a Europa “si hace falta”.