No habrá paros en RTVE esta Navidad. La dirección de la empresa y el comité de huelga han llegado a un acuerdo para desconvocar la huelga general prevista para el 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad, y la movilización parcial del 31 de diciembre (día de las Campanadas) y el 8 de enero (fecha que se maneja para la posible investidura de gobierno), tal y como informa la corporación en una nota.
El comunicado precisa el compromiso de las partes a establecer una Disposición Transitoria por la cual “la jornada de trabajo en RTVE regulada en el artículo 39 del Convenio Colectivo se adaptará de forma automática a la mejor jornada laboral posible que con carácter general dispongan las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado para la Administración General del Estado y el sector público estatal. En el supuesto de que no exista tal regulación se retornaría a la jornada laboral anterior al III Convenio Colectivo”.
Asimismo “las partes se comprometen a la regulación en dicho Convenio Colectivo de las adaptaciones que mejoren la conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral, como es la inclusión como días especiales de conciliación familiar el 24 y 31 de diciembre, pudiendo sustituirse por otras fechas si coincidieran con sábado o domingo”, agregan.
La dirección de RTVE considera que el acuerdo es “favorable” tanto para los intereses de los trabajadores como para la Corporación, y felicita por haber alcanzado un entendimiento.
La jornada laboral, origen del conflicto ahora resuelto
Se pone fin al contubernio en la radiotelevisión pública a cuenta de la decisión de la cúpula de restablecer la jornada semanal de 37,5 horas, en lugar de las 35 horas que pedían los trabajadores.
El enfrentamiento tiene su origen en julio de 2018 (antes de la entrada de Rosa María Mateo), cuando se programó la vuelta a las 35 horas semanales, número de horas que se realizaban en tiempo de superávit en la casa, y que el ejecutivo de Mariano Rajoy amplió a 37,5 horas para todo el personal de la Administración General del Estado. Se amparaban en una disposición de la ley de Presupuestos para ese año, que así lo permitía en caso de estabilidad y recuperación presupuestaria. La dirección se opuso al considerar que se había interpretado la legislación de forma errónea (la cúpula consideraba que lo que había de tomarse en consideración era el déficit de la administración estatal).
Ante la falta de acuerdo entre las partes, la corporación trató de buscar una mediación laboral al conflicto e interpuso una demanda ante la Audiencia Nacional para que esta se tomara partido. El tribunal se inhibió en lo que respectaba a las cuestiones jurídicas, pero recordó que la Ley prevalece sobre el convenio colectivo. Fue entonces cuando se planteó, de forma unilateral, la vuelta a las 37,5 horas. Esto motivo la reacción de los sindicatos.
Tras la convocatoria, secundada por UGT, SI, CGT, USO y CCOO, la dirección anunció su pretensión de abrir una mesa de negociación, que ahora ha acabado por servir para cancelar las previsiones de paros.