Érika Reija, corresponsal de RTVE, tras abandonar Rusia: “Los periodistas nos hemos convertido en objetivo de Putin”
Érika Reija, corresponsal de RTVE en Rusia, ha ampliado los motivos por los que ha tenido que abandonar el país presidido por Vladimir Putin. La periodista, que trabajaba en suelo ruso desde hace cinco años,, llevó a cabo su decisión el pasado sábado, el mismo día que RTVE suspendió temporalmente su cobertura informativa en Rusia por la aprobación, por parte de la Duma de Estado de la Federación Rusa, de una reforma legislativa que endurece las penas de prisión por lo que el gobierno considera “información falsa”.
Entonces, Reija dejó atrás Rusia “con mucha tristeza, pero convencida de que es un paso necesario ante la posible criminalización de nuestro trabajo”. La reportera se refería con estas palabras a las enmiendas al código penal ruso aprobadas el día anterior, las cuales aumentan las sanciones ya existentes por la difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas y los llamamientos a adoptar sanciones contra el país por la invasión de Ucrania. Enmiendas que incluyen penas de hasta 15 años de cárcel, como así señala la propia Reija en un vídeo emitido este lunes en La hora de La 1.
“Los periodistas nos hemos convertido en objetivo de Putin”
En él, la corresponsal asegura que “es triste y doloroso” cómo ha tenido que salir del país tras un lustro viviendo en él: “Nunca hubiera pensado, después de cinco años, tener que recoger en pocas horas tus cosas y marcharte precipitadamente sin saber si vas a poder volver, pero la situación se está degradando rápidamente”.
“En las últimas horas”, continúa, “el sentimiento era o te vas ya, o quizá mañana no sea posible porque ya no queden vuelos, porque cierren las fronteras o porque impongan una ley marcial”. A todo esto se añade que, en palabras de Reija, “los periodistas nos hemos convertido en objetivo de Putin con esa ley que criminaliza nuestro trabajo” y amenaza con penas de 15 años en prisión.
Por todo ello, la corresponsal de RTVE considera que “en estas condiciones lo más prudente parece salir provisionalmente, y ver cómo se desarrollan los acontecimientos”. También esperar a ver “si podrá haber algún tipo de garantía para poder seguir trabajando” en un país, Rusia, que ya no es el que era antes de la invasión, según Reija. “Está pasando de ser un país ya muy represivo y autoritario a completamente totalitario”, señala la periodista.
RTVE suspende su cobertura desde Rusia
RTVE anunció el sábado su decisión de suspender de forma temporal su cobertura informativa desde Rusia, después de que se aprobase una reforma legislativa que endurece las penas de prisión por lo que el gobierno considera “información falsa”.
La corporación pública tomó la misma determinación que la agencia de noticias EFE y Atresmedia, en España, así como sus homólogas alemanas ARD y ZDF, la italiana RAI y la británica BBC. También la estadounidense CNN, la canadiense CBC y la agencia Bloomberg han seguido estos mismos pasos.
“Mientras se analiza la situación creada para los profesionales de RTVE por la aprobación de la citada norma, RTVE continuará ofreciendo la máxima información posible sobre la situación en Rusia y en Ucrania, como lleva haciendo desde el inicio de la invasión rusa”, indicó el fin de semana la cadena pública española.
Inmediata entrada en vigor de la reforma de la ley
Fue el viernes 4 de marzo cuando la Duma de Estado de la Federación Rusa aprobaba enmiendas al código penal para aumentar las sanciones ya existentes por la difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas y los llamamientos a adoptar sanciones contra el país. Tal y como el presidente de la cámara, Viacheslav Volodin, previó, su entrada en vigor ha sido inmediata, un día después.
El proyecto incluye un nuevo artículo que castiga con entre 10 y 15 años de prisión la difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas que acarree “graves consecuencias”.
Además, prevé penas de prisión de hasta 5 años para “acciones públicas” que busquen desprestigiar el empleo de la Fuerzas Armadas rusa en “la defensa de los intereses de Rusia y sus ciudadanos, en la preservación de la seguridad y paz internacional”. Por último, la innovación legislativa castiga con hasta 3 años de prisión los llamamientos a otros países a establecer sanciones contra Rusia.
