Novedades en la investigación contra el actor Luis Lorenzo y su expareja, Arantxa Palomino, en torno a la muerte de la tía de ella, María Isabel Suárez, por la que fueron detenidos en mayo de 2022. La Fiscalía Provincial de Madrid solicita seis años de prisión para ambos, por presunto trato “absolutamente vejatorio” a la anciana.
En concreto, el fiscal les imputa un delito contra la integridad moral y otro continuado de administración desleal, según recoge Europa Press. Estos habrían sido cometidos en los meses previos al fallecimiento de la tía política del televisivo, que se produjo el 28 de junio de 2021.
Hay que recordar que Lorenzo y Palomino fueron detenidos bajo la acusación de haber envenenado a la mujer para heredar. En junio de 2023, tras más de un año de investigación, el último informe forense concluyó que no existían “datos objetivos de intoxicación”, avalando la teoría de que los metales hallados en su cuerpo respondían a una redistribución por un trasvase 'post mortem', y sin que haya podido determinarse la causa de su muerte.
En todo caso, el caso seguía adelante centrándose no ya en el fallecimiento sino en los meses previos de vida de la mujer. El escrito de acusación del fiscal se acaba de presentar en la fase intermedia del procedimiento, toda vez que la jueza de Arganda del Rey que instruye la causa concluyera la investigación.
También se solicitan dos años y seis meses de prisión a una cuidadora de la fallecida por la presunta comisión de un delito contra la integridad moral.
Lorenzo y Palomino “privaron de los cuidados básicos” a la mujer
De acuerdo a la solicitud fiscal, Lorenzo y Palomino habrían obligado presuntamente a María Isabel a trasladarse desde su residencia de Grado (Asturias) a su domicilio de Madrid. Allí “estuvo aislada de forma 'sistemática' durante varios meses, y hasta su fallecimiento”, de acuerdo a la nota difundida a medios, “privándola de los cuidados y atenciones más básicos”.
Según la acusación, la pareja acudió al domicilio en el que residía la tía de la mujer, a la que habrían convencido para que vivir con ellos, en el municipio de Rivas-Vaciamadrid. “Para ello, le hicieron creer que precisaban su ayuda para el cuidado de sus hijos y que solamente pasaría fuera de su casa unos pocos días”. Una vez en la vivienda, “la mantuvieron apartada de sus hermanos y sobrinos, que se encontraban todos ellos en el Principado de Asturias, y le impidieron mantener contacto telefónico con ellos, a pesar de que los mismos trataron de manera reiterada de comunicarse con ella”.
“A lo largo de los cuatro meses que convivió con los acusados, ni tan siquiera le suministraron la medicación según la tenía pautada. Es más, cuando dejó de poder desplazarse le negaron la atención necesaria para su 'adecuada' higiene y aseo”, prosigue la nota. Además, se habrían valido del hecho de que la tía de Arantxa se encontraba fuera de su entorno habitual y del deterioro cognitivo padecía, cuya gravedad aumentó de manera “fulminante ”desde su traslado a Rivas-Vaciamadrid.
Accedieron a sus cuentas para “mantener su ritmo de vida”
La acusación describe las conductas a las que sometieron a la fallecida, a la que, por ejemplo, no habrían proporcionado ni andador ni silla de ruedas cuando era preciso, y a la que llegaron a dejar en un restaurante durante nueve horas, mientras los acusados organizaron la celebración del cumpleaños del hijo de su tía en un parque de atracciones. Los acusados llevaron este tipo de conductas con la mujer con la finalidad de controlar el dinero de su cuenta corriente porque “lo necesitaban para mantener su ritmo de vida y soportar importantes gastos mensuales 'sin efectuar actividad laboral alguna y detentar ninguna fuente de ingresos para sostener tales gastos'”.
La fiscalía añade que el 7 de mayo de 2021, llevaron a la anciana a una notaria para revocar su testamento anterior, designando a la acusada como heredera de todos sus bienes a excepción de dos fincas rústicas. Tres semanas más tarde regresaron a la notaria, continúa el Ministerio Fiscal, donde la víctima concedió en escritura pública a su sobrina un poder especial para disponer de su dinero. Al percatarse de que tal poder notarial era insuficiente para realizar las gestiones, lo intentaron con otro notario que, “al igual que el anterior”, se opuso a sus pretensiones.
Aun así, con ese primer poder otorgado, “lograron acceder a la cuenta corriente que tenía la mujer con un saldo de 60.884,10 euros y fueron incorporando el montante de la cuenta a su propio patrimonio hasta hacerse con 19.400,60 euros en total”.
Una cuidadora, también acusada
Además, entre mayo y junio de 2021, Lorenzo y Palomino contactaron con varias empresas dedicadas al cuidado de personas mayores para “encomendarles aparentemente” el de la fallecida. La empresa Feliz Vita les envió a una mujer, la otra acusada, que apreció “la total negligencia y dejadez” de la pareja en el trato con su pariente, tal y como explicó a los responsables de su empresa.
Estos se pusieron en contacto con la sobrina de la señora, que procedió a “resolver el contrato con la empresa” y a “contratar directamente” a esta otra acusada, “abonándole una cantidad muy superior a la que esta cobraba trabajando para la mencionada agencia”.