El caso de los supuestos abusos sexuales de José María López a Carlota Prado dentro de la casa de Gran Hermano podría avanzar, esta vez sí, este noviembre con la celebración del juicio. Tras la suspensión de la vista el pasado febrero por petición de los abogados de la acusación, que no compareció alegando problemas psiquiátricos, la joven sí estaría en condiciones de afrontar el proceso los días 3 y 8 del próximo mes.
Así lo indican los exámenes forenses realizados a Prado, tras la petición de la jueza del Juzgado de lo Penal nº18 de Madrid que aceptó el aplazamiento del juicio el 8 de febrero de 2022.
En ese momento, se ordenó que Carlota fuese valorada por un médico forense para determinar si estaba o no en condiciones de comparecer en un juicio. Ahora, según informa 20 minutos, esos informes concluyen que la joven sí está a día de hoy preparada a nivel psicológico para acudir a la vista, que está fijada para los días 3 y 8 de noviembre de 2022, y prestar declaración.
La acusación pretende iniciar una nueva instrucción
Como ya contamos, el fiscal solicita una condena de dos años y seis meses de prisión para el acusado, al que le reclama una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a la víctima. Idéntica cantidad que a la productora del programa, Zeppelin TV, por los daños ocasionados por mostrar a la concursante el vídeo de lo ocurrido en el confesionario de la casa, que se hizo público en 2019. Son cifras diferentes a las que pide la defensa de la joven, que solicita una pena de siete años, e indemnizaciones de 100.000 euros por daños morales tanto al acusado como a la productora.
El abogado de Carlota Prado, sin embargo, considera que el juicio está sufriendo un error en la instrucción y de acuerdo a la citada fuente, pretende invalidar el proceso e iniciar uno nuevo, elevando el delito de abuso sexual a violación con penetración. “Aquí se está juzgando un abuso sexual sin penetración por un error de procedimiento en la instrucción. Hay indicios serios, por las imágenes grabadas, de que hay penetración”, declaró el letrado el pasado febrero a las puertas del juzgado.
De cambiar la instrucción, la pena para José María López se elevaría a entre 4 y 10 años de cárcel, en vez de los dos años y medio que pide la Fiscalía actualmente. Igualmente, habría que revisar la indemnización, que asumiría la productora Zeppelin como responsable subsidiaria (como explica en su comunicado) en caso de que el acusado se declarase insolvente. Pero también inhibiría al Juzgado de lo Penal, que no tiene competencia para juzgar este tipo de casos. Esto haría que el proceso judicial se dilatase mucho más, pudiendo llegar incluso a retrasarse años.