El pasado mes de febrero, la corporación de RTVE aprobaba una polémica norma “sobre el uso seguro de los sistemas de información” que habilitaba a la dirección para acceder al e-mail de los trabajadores o monitorizar sus equipos y dispositivos móviles. La aplicación de la medida quedó en suspenso por la polémica surgida, pero según ha podido saber en exclusiva VERTELE la dirección sigue adelante con la idea de implantarla.
La noticia disparó todas las alarmas y desató la indignación entre los trabajadores que consideraron que existían dudas legales, comprometía su privacidad y ponía en riesgo derechos fundamentales como la protección de las fuentes.
Tras la polémica, RTVE se vio a forzada a suspender su puesta en marcha hasta que el Consejo de Administración aprobara un protocolo de actuación que permitiera “asegurar un proceso de aplicación que garantice los derechos fundamentales y, de manera especial, los derechos de los profesionales recogidos expresamente en el Estatuto de la Información”.
Ahora, la dirección ha reactivado su pretensión de seguir adelante y ya ha elaborado este 'PROTOLOCO' -así se denomina en el texto por culpa de una errata-, que tras ser enviado a los representantes de los trabajadores tendrá que ser aprobado por el Consejo de Administración.
El texto, al que ha tenido acceso VERTELE en exclusiva, establece que “el control o monitorización de un equipo o medio de información solo podrá tener lugar en ”dos supuestos“.
“1.1 Si existe riesgo para la seguridad de la información de la Corporación por un uso inadecuado o por la existencia de actividades maliciosas.
1.2 En los casos en que exista un indicio previo de ilicitud.“
Para que la dirección pueda ponerlo en marcha se establece que se debe realizar un “test o juicio de proporcionalidad” estableciendo si es una medida “adecuada para el fin propuesto”, “si es necesaria” y si es “equilibrada”.
“Pretextos para intervenir cualquier equipo”
El Comité de Intercentros de RTVE, máximo órgano de representación sindical de los trabajadores de la corporación, ha emitido un escrito, al que también ha accedido VERTELE en exclusiva, que “informa desfavorablemente” contra este protocolo “por mantener una inseguridad jurídica que no garantiza el libre desarrollo de derechos fundamentales”.
El Comité Intercentros determina que la norma “no esclarece suficientemente” cuál es la finalidad de la misma y que el hecho de que la directriz contemple -entre otros aspectos- la prohibición de “cualquier material difamatorio”, “nada tiene que ver con la finalidad declarada del riesgo de ataques de ciberseguridad”.
Esto “permite finalmente asegurar que la finalidad de la norma no es la protección de ataques de ciberseguridad”, sino que “de forma pretendidamente encubierta”, “implanta un protocolo de vigilancia y control y el establecimiento de un sistema sancionador”, afirman.
El duro escrito señala que el texto que pretende aplicar la dirección no detalla conceptos como “actividad maliciosa” o “uso inadecuado”, y que usar términos “lo suficientemente amplios” es algo que “habilita a la empresa a tener un pretexto para intervenir cualquier equipo”.
Del mismo modo, sobre su aplicación en casos de que existan “indicios de ilicitud”, los representantes de los trabajadores advierten de que la empresa “se subroga una actuación que estaría atribuida previa denuncia a las fuerzas de seguridad policiales”.
El texto concluye con la denuncia de que la dirección “invade el ámbito de la negociación colectiva, con determinaciones unilaterales y no pactadas”.
“Elementos de control y presión”
Fuentes de CCOO afirman en declaraciones a VERTELE que con lo previsto por la corporación “no se ha arreglado nada”, “no se concreta nada” y “solo vuelve a decir generalidades”.
“La situación es kafkiana”, denuncian las mismas fuentes, añadiendo que “es una herramienta de control y presión sobre los trabajadores” en un momento de máxima reivindicación en RTVE contra la manipulación y el bloqueo por parte del PP a la renovación de la cúpula.
Miguel Ángel Sacaluga, miembro del Consejo de Administración de RTVE a propuesta del PSOE, asegura a VERTELE estar sorprendido por la existencia del protocolo que puede reactivar la norma para vigilar las comunicaciones de los periodistas.
“En la última reunión del Consejo pregunté por el tema y no se sabía nada” afirma, y añade que incluso pidió ex profeso la retirada de la norma.
Sacaluga revela que él mismo ha sufrido algún episodio misterioso con el correo electrónico y que en varias ocasiones le han desaparecido “mensajes y archivos” de su buzón, por lo que llegó a interponer dos demandas ante la policía sin que se pudiera determinar qué había ocurrido, quién fue el responsable o con qué fin se llevó a cabo.
“Si esto pasa con un consejero, ¿que no va a pasar con un trabajador?” , se pregunta asegurando que “por supuesto” la norma puede tener el fin de “amedrentar y espiar” a los informadores.
“Tiene que haber garantías de protección de la intimidad, y esto no se puede hacer si no hay un visto bueno de los representantes de los trabajadores y los profesionales”. Hace referencia a que el protocolo contempla que los representantes de los trabajadores y los propios usuarios solo estén presentes si así lo determina la dirección.
“Si este control se estableciera solo por motivos de seguridad externa o ciberataques nadie se opondría a que hubiera representantes de los trabajadores”, incide.
La oposición de los sindicatos no es vinculante
El informe del Comité de Intercentros no es vinculante, por lo que la norma podría ponerse en marcha si previamente se aprueba el protocolo en el Consejo de Administración, controlado por el PP. De momento, no se ha sometido a votación en el Consejo.
Desde VERTELE nos hemos puesto en contacto con RTVE para conocer si tienen previsto someter próximamente a votación el protocolo y conocer su opinión sobre el informe en contra del mismo. Estamos a la espera de recibir su respuesta.
Precisamente este martes, representantes del Comité Intercentros posarán junto a los miembros de los Consejos de Informativos en la Puerta de los Leones del Congreso “junto a una amplia representación de diputados de casi todo el arco parlamentario” con el fin de reivindicar “la recuperación de la independencia de RTVE y la inmediata renovación de su Consejo de Administración”.