RTVE ha anunciado este sábado su decisión de suspender de forma temporal su cobertura informativa desde Rusia, después de que se aprobase una reforma legislativa que endurece las penas de prisión por lo que el gobierno considera “información falsa”.
La corporación pública toma la misma determinación que la agencia de noticias EFE y Atresmedia, en España, así como sus homólogas alemanas ARD y ZDF, la italiana RAI y la británica BBC. También la estadounidense CNN, la canadiense CBC y la agencia Bloomberg siguen estos mismos pasos.
“Mientras se analiza la situación creada para los profesionales de RTVE por la aprobación de la citada norma, RTVE continuará ofreciendo la máxima información posible sobre la situación en Rusia y en Ucrania, como lleva haciendo desde el inicio de la invasión rusa”, indica la cadena pública española.
Érika Reija se marcha ya de Rusia
En este contexto, la corresponsal de RTVE Érika Reija ha señalado que acaba de abandonar Rusia “con mucha tristeza”, aunque “convencida de que es un paso necesario ante la posible criminalización de nuestro trabajo”.
“Gracias a todos los que me habéis enviado fuerza en las últimas semanas, las más difíciles sin duda de toda mi vida”, ha apuntado a través de Twitter la periodista, que lleva ocupando la corresponsalía en Moscú desde julio de 2017, cuando llegó a sustituir a Luis Pérez López.
Inmediata entrada en vigor de la reforma de la ley
Fue este viernes 4 de marzo cuando la Duma de Estado de la Federación Rusa aprobaba enmiendas al código penal para aumentar las sanciones ya existentes por la difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas y los llamamientos a adoptar sanciones contra el país. Tal y como el presidente de la cámara, Viacheslav Volodin, previó, su entrada en vigor ha sido inmediata, un día después.
El proyecto incluye un nuevo artículo que castiga con entre 10 y 15 años de prisión la difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas que acarree “graves consecuencias”.
Además, prevé penas de prisión de hasta 5 años para “acciones públicas” que busquen desprestigiar el empleo de la Fuerzas Armadas rusa en “la defensa de los intereses de Rusia y sus ciudadanos, en la preservación de la seguridad y paz internacional”. Por último, la innovación legislativa castiga con hasta 3 años de prisión los llamamientos a otros países a establecer sanciones contra Rusia.