“Opino que un servicio público sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro. Y por tanto es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y Telemadrid y por eso reformamos una ley en el legislativo”. Con estas palabras defendía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la contrarreforma de la Ley de Radio Televisión Madrid.
El primer Pleno de la XII Legislatura de la Asamblea de Madrid votaba este jueves 8 de julio la propuesta del PP para reformar la ley de 2015 y cambiar, entre otros aspectos, el mandato del director general, una proposición de ley que como era de esperar con los 63 votos a favor de los populares y las 13 abstenciones de su socio de gobierno Vox y frente a los 56 pronunciamientos en contra de la oposición. Un día después, la modificación de la normativa quedaba publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), entrando en vigor este sábado 10. Con ello, el hasta ahora director general José Pablo López, nombrado en 2017 con el “sí” de PP, PSOE y C's, será destituido y la cúpula será remodelada con el nombramiento de un nuevo responsable. Este será designado previsiblemente este lunes 12, con el aval que permite la mayoría de la derecha y la ultraderecha en la Cámara de Vallecas tras los comicios del 4-M.
Esta es la primera iniciativa legislativa planteada en esta Legislatura recién iniciada, que además tiene lugar en un pleno celebrado fuera del periodo ordinario de sesiones (este va desde septiembre a diciembre y de febrero a junio). Se tramitó por lectura única, lo que supuso una vía de urgencia con la que se acortaban los plazos y que impedía tanto que la oposición pudiera presentar enmiendas como que hubiera debate en comisión.
Muestra de ese carácter prioritario de esta reforma es también el hecho de que su presentación tuviese lugar apenas pocos días después de que la presidenta tomara posesión de su cargo, el sábado 19 de junio, antes de otras medidas sobre las que se entendería una mayor premura, como aquellas de índole sanitaria o social. Se cumplía así lo publicado un mes antes en elDiario.es, cuando trascendió la intención de la dirigente de modificar la ley para así poder cesar a su director.
El culmen a una relación beligerante con la cadena
Desde que asumiera el mando de la Comunidad en 2019, Ayuso afrontó la relación con Radio Televisión Madrid en términos de beligerancia. Poco después de ser investida, afirmó del canal que “ya no es un servicio público esencial” y advirtió de que vigilaría de cerca al ente para que cumpliese sus cuentas a rajatabla. Ya en 2020, la política se quejó públicamente por ser “la única presidenta que tiene una televisión que le es crítica”.
No hay que olvidar el conflicto que se produjo durante la campaña electoral del 4-M: en un primer momento, todos los partidos eligieron Telemadrid como cadena para el debate a excepción del PP, que apuntó a la Academia de la TV para organizar el evento. Más adelante, acabó cediendo explicando que debatiría “donde se decidiera”. A pesar del embrollado proceso, Ayuso acabó acudiendo.
Las amenazas de privatización han sido igualmente una constante. En marzo, Telemadrid consiguió aprobar sus cuentas de 2020 de nuevo con equilibrio presupuestario, pese al ahogo económico impuesto por la presidenta. A finales de mayo, el desencuentro pareció llegar a su fin después de que autorizase la firma del nuevo contrato programa, que regula las relaciones jurídicas y financieras del ente público con la Comunidad, asegurando la viabilidad de la empresa hasta 2023. No obstante, pese a resolverse este entuerto económico, no cesaban los desaires por parte de la jefatura de la comunidad para con el medio.
Ya en los días previos a los comicios regionales, Ayuso excluyó a Telemadrid de la producción y realización de la señal institucional de los actos del Día de la Comunidad de Madrid del 2 de mayo, una labor de la que RTVM se había encargado “durante toda su historia”. Lo mismo ocurrió, de forma aún más sorprendente, con la toma de posesión de su segunda legislatura que se iniciaba el 19 de junio en la Real Casa de Correos, otra tarea que se les había encomendado desde los inicios de la empresa. “Resulta llamativo que sea el propio Gobierno regional, accionista único de Telemadrid, quién adopte este tipo de decisiones”, decían desde el Consejo de Administración, reincidiendo en que esta exclusión implicaba “un vaciamiento de las funciones” que se establecen para la prestación del servicio público de acuerdo a la ley aprobada en 2015.
Lo que supone la nueva ley para Telemadrid
Y de lo que establece esa ley de 2015 a la nueva. Esta proposición recoge que tres meses antes de que finalice el mandato del director general, el consejo de administración deberá iniciar el procedimiento previsto en el Reglamento de la Asamblea para la elección de su sustituto, quien tomará posesión al día siguiente de la finalización del mandato del cesante. Si llegada la fecha de vigencia del mandato la Asamblea no hubiese completado el procedimiento de sucesión, el Gobierno regional se asegura la potestad de nombrar un Administrador Provisional, con mismas funciones y competencias que el director.
Además, establece que el Consejo de Administración del ente (formado por nueve miembros) sea también elegido exclusivamente por la Asamblea de Madrid en la que, hemos de insistir, PP y Vox tienen amplia mayoría. Las organizaciones profesionales y sociales dejarán de tener representación en el mismo, otro de los puntos más criticados por parte de partidos políticos y colectivos como la Asociación de Usuarios de la Comunicación, instituciones profesionales y del actual consejo, que se ha pronunciado durante las últimas semanas de manera clara al respecto.
A través de una carta a todos los grupos políticos de la Asamblea de la Comunidad, el órgano denunció que el “único fin y motivación” de la contrarreforma urgente de la ley era sustituir a López y eliminar las propias competencias que poseían, para dejarlas en manos de una administración profesional, sin que se contemple, a su juicio, “ninguna medida para mejorar la gestión y dotar de mayor eficiencia al uso de los recursos públicos” destinados a la corporación pública.
Apenas unos días antes de que la proposición de ley fuera aprobada en el pleno, diversas asociaciones, colectivos y sindicatos se manifestaron públicamente en contra, a través de un manifiesto, En Defensa de Radio Televisión Madrid y la Libertad de Información. “Tenemos un problema una anomalía democrática a la hora de abordar cómo tienen que ser los modelos públicos de televisión. Llevamos más de 40 años de democracia y no hemos sido capaces de llegar a un consenso global que permita que las televisiones estatal y autonómica tengan libertad y puedan aplicar los principios de independencia”, señalaba Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), al hacerse público el alegato.
Los informativos, reforzados en la última temporada
Un día después de aprobarse la ley, Isabel Díaz Ayuso razonaba la necesidad de “un revulsivo” en Telemadrid en tanto que, afirmaba, “sigue bajando en audiencia”. Ahora bien, estas afirmaciones contrastan con los datos que hace apenas una semana compartía la cadena al cierre del curso televisivo.
La cadena cerraba la temporada 2020/2021 con una cuota de pantalla del 5.4%, repitiendo el mismo dato ya obtenido en la anterior. Son números aún por debajo de la media del resto de cadenas de la FORTA, pero que evidencian un crecimiento claro respecto a la etapa más “oscura” de Telemadrid, no tan lejana: compárese con el 3.8% de audiencia, mínimo histórico para el canal, que marcaba en 2013, años marcados por el férreo control por parte de Esperanza Aguirre, una de las primeras en atacar ahora a la cadena.
Sin embargo, hay que destacar el 6.8% de share que cosecha en enero, en un mes de gran relevancia informativa, con su aplaudida cobertura informativa del temporal Filomena, a la que había sumar lo referente la segunda oleada de la pandemia del coronavirus y sucesos como la explosión de gas en la calle Toledo. La clave de Telemadrid está en el crecimiento de sus programas informativos, materia comandada por Jon Ariztimuño.
Destaca de forma especial 120 minutos, el magacín liderado por María Rey, que cerraba la temporada con un 11% de cuota de pantalla, lo que suponía el mejor resultado para el canal en la franja de mañana de los últimos 12 años. En esta línea, los Telenoticias del canal culminan estos últimos nueve meses con un 12.8% para la edición de mediodía de Lourdes Maldonado; un 7.3% para la nocturna, con Manu Pérez y Rocío Delgado, que supone también el segundo mejor dato de las últimos 12 temporadas; y un 11.1% y un 8.2% para las dos ediciones del TN - Fin de Semana que comanda Silvia Intxaurrondo. También destaca el informativo matinal de los días laborables, Buenos días, Madrid, con su mejor dato en 10 años (7.3%).
Frente a ello, apuestas de entretenimiento y divulgación como Desmontando Madrid, el principal reclamo de la cadena en esta materia con un 6,9% y 159.000 espectadores de media, o Madrid desde el aire, en esa línea, han mantenido un buen nivel, frente a otras franjas donde la cadena sigue trabajando en base al ensayo error: la decisión de eliminar el contenedor de cine western, casi una tradición en la sobremesa, para colocar el magacín La redacción, no se probó exitosa y tras cuatro meses el programa fue retirado de la parrilla. El verano, precisamente, comenzaba con un cambio extensivo de toda la rejilla de tarde del canal, con la llegada del concurso Atrápame si puedes y la reformulación de Está pasando, ahora con Agustín Bravo y Tania Garralda; todo ello sin olvidar el cambio de presentadora de Madrid Directo, donde Adela González toma el relevo de Inmaculada Galván, manteniéndose Roberto Pineda.
La última gran exclusiva de la etapa de López
“Este balance es fruto del trabajo de muchos profesionales que juntos seguiremos sirviendo a los madrileños. La televisión pública la pagamos todos y debe ser un medio neutral y eficiente. Lo que seamos capaces de hacer en el futuro es mucho más importante que lo que ya hacemos hoy”, reiteraba López a través de las redes sociales, escasos días antes de que los servicios informativos de Telemadrid dieran la última gran noticia antes del cambio de timón inevitable.
Telemadrid informaba el miércoles de un grave brecha de ciberseguridad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que afectaba al portal habilitado para obtener el certificado digital COVID, y por la que quedaban al descubierto datos privados de miles de ciudadanos, entre los que se contaban los del rey, Felipe VI, presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el exdirigente José María Aznar y el ya expolítico Pablo Iglesias. Con solo teclear un número de DNI aleatorio en la URL, el sistema devolvía el nombre completo de la persona a la que pertenece ese DNI, su dirección y sus teléfonos de contacto.
La cadena presentó esa misma noche una denuncia ante la Policía Nacional, que comenzó a investigar los hechos con la colaboración de la cadena, y un día después, el mismo día de la votación en la Asamblea, hacía lo propio ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Entre tanto, la Comunidad reconoció la existencia del fallo de seguridad y bloqueó el acceso al portal durante la tarde del miércoles; aun así, desde su perfil de Twitter se calificó de “bulo” la información. Por su lado, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, había calificado este como un “tema menor”.
Poco antes de la aprobación definitiva de la nueva Ley de Telemadrid, José Pablo López compartía un mensaje sobre esta información desvelada por su equipo: “Sin periodismo, la calidad de la democracia empeora. Al contrario de lo que decía Don Filiberto en Luces de Bohemia, el periodista no puede limitar su papel a ser el ”plumífero parlamentario“”. Un último mensaje para cerrar esta etapa marcada precisamente por ese afán en Telemadrid.