En el año 2015 entró en vigor la Ley de Transparencia, que tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”.
Esta ley se promulgó como una garantía democrática y se aplica a todas las entidades que dependen de los erarios públicos y pueden generar cualquier tipo de información pública. Una de ellas es RTVE, que es una corporación pública y como tal su financiación depende de los Presupuestos Generales del Estado, y se debe a esa labor de servicio público.
En estos 8 años, desde que la Ley de Transparencia entró en vigor, RTVE ha sido una de las instituciones que ha generado muchas preguntas de la ciudadanía. Tanto es así, que esta misma semana la corporación pública ha desvelado, mediante una nota de prensa, que ha recibido 493 procedimientos de solicitud de información, de los que se han atendido 348 de forma completa y otros 65 de forma parcial.
El interés de los ciudadanos y también de los periodistas por esta vía legal y oficial para obtener información de RTVE, ha ido aumentando año a año: de los 8 procedimientos en 2015, se ha pasado a los 186 del 2022, de los que se dio respuesta a 170 (149 de forma completa y 21 parcial). En lo que va de 2023 ya se han registrado 32 peticiones de información, de las que 28 han sido contestadas favorablemente (27 de forma completa y una parcial), como informa la cadena.
RTVE, una fuente de noticias vía Transparencia
Informativa y mediáticamente, esta posibilidad de acceso a información pública relativa a RTVE ha hecho que cada vez sea más frecuente ver titulares y noticias en las que se detalla cuánto ha pagado RTVE por un programa, o incluso cuánto cobran sus presentadores y colaboradores. Noticias, en definitiva, sobre la economía y los pagos y sueldos de la cadena pública.
Los últimos ejemplos han sido los sueldos de sus presentadores en 2022 (lo que provocó la respuesta irónica de Eva Soriano desde Movistar Plus+), el coste y condiciones de su serie La Promesa, el coste de su a priori formato estrella Cover Night, e incluso el detalle de las valoraciones de las propuestas de los artistas que se presentaron al Benidorm Fest 2023. Y hay otros muchos casos más.
Pero esta necesidad y ejemplo democrático, a nivel empresarial juega en su contra, y no pasa nada por también reconocerlo para así valorar a la cadena pública teniendo en cuenta todos sus condicionantes. RTVE se ve obligada a cumplir con lo que le piden como corporación pública, pero a la hora de competir contra grupos privados como Mediaset o Atresmedia, o plataformas y empresas que no tienen por qué desvelar nada de sus cuentas, sueldos e inversiones, le afecta e incluso genera una desventaja competitiva.
El detrimento a su capacidad competitiva
Más de una vez RTVE se ha negado a facilitar información a Transparencia, hasta el punto de que esas peticiones han tenido que ser recurridas para conseguir que la corporación pública las dé. El último ejemplo, precisamente con los sueldos de sus presentadores, y el más famoso con los sueldos de todos sus directivos desde 2016 a 2020. Al final, pese a negarse para al menos dilatar el proceso, RTVE siempre tiene que acabar comunicando lo que le solicitan.
En este sentido, cabe destacar que la Ley recoge que este derecho de tener acceso a la información pública tiene algunas limitaciones como cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional o pública, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional, propiedad intelectual, protección del medio ambiente... RTVE se acoge a varias de esas limitaciones (intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional), aunque al final siempre prima el derecho a la información.
Pero desvelar este tipo de detalles, desde el punto de vista empresarial, también clarifica la situación de mercado de RTVE para la competencia, lo que provoca:
- En cuanto a formatos, que todas las productoras y empresas televisivas sepan en qué márgenes se mueve TVE para contratar programas. Algo que puede provocar, y de hecho provoca, que a la hora de intentar vender productos se acuda en primer lugar a las privadas (que suelen pagar mejor, aunque no siempre) y la cadena pública quede como una opción secundaria.
- En cuanto a personal, porque al conocerse los sueldos de los presentadores y hasta de los colaboradores, TVE se convierte en un “banco de pesca” de las privadas, que pagan más y mejor y saben con cuánto tienen que contraofertar a los profesionales para llevárselos. Ejemplos evidentes son Roberto Leal, Ion Aramendi o Diego Losada, que hicieron las maletas de la cadena pública fichados por Atresmedia y Mediaset.
RTVE, como cadena pública, tiene muchas peculiaridades únicas en el sector televisivo, como su eterno dilema entre audiencias y cumplir su servicio público. La Ley de Transparencia es una herramienta útil y una garantía de salud democrática, que debe cumplir como corporación pública. Pero precisamente por ese especial carácter, y por ser “la de todos”, igualmente hay que reconocer y resaltar que esa ley también se vuelve en su contra mientras la obligamos a competir.