Vox no votará a favor de la modificación de la Ley de Radio Televisión Madrid (RTVM) propuesta por el PP, que dará pie al cambio de dirección en la cadena pública autonómica que pretende la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En los últimos días, el partido de ultraderecha ya había escenificado no estar de acuerdo con la “reforma exprés” que pretendía la dirigente, aunque ahora Rocío Monasterio lo lleva más allá al afirmar que no van a obtener su voto favorable para una ley que “no cumple con nada” de lo que exige su formación para la cadena pública. La portavoz de la formación ultraderechista en la Asamblea de Madrid ha asegurado que esta proposición no cumple con sus objetivos de ser una cadena “neutral y austera”, durante una visita al barrio de La Fortuna en Leganés.
Sin embargo, simplemente con abstenerse, la mayoría que el PP ostenta en la Asamblea permitiría aprobar la Ley. Todo apunta a que esa será la postura que tome Vox, la de abstenerse para así permitir que el gobierno de Ayuso tumbe a la dirección de la cadena pública.
Monasterio insiste en pedir el cierre de Telemadrid
La solución por parte de Monasterio sigue siendo la que llevan defendiendo desde 2020: “Hay que cerrar Telemadrid si no cumple con sus objetivos, que es que tiene que ser neutral, austera y aprovechar los medios de producción que tiene dentro de la casa”, ha asegurado.
En esa misma línea, Monasterio ha sostenido ahora que no puede ser que se gasten 78 millones de euros en “contratar a productoras fuera todos los días”, aludiendo a la cantidad presupuestada para Telemadrid en 2021, según lo estipulado en el nuevo contrato programa (la misma partida que ya recibió en 2020). Considera que esto es un “gasto ineficaz” y que los madrileños no están para gastar esa cantidad, por lo que ha defendido que su voto será “no favorable”.
Recordemos que el cierre era una de las condiciones que tenía Vox para apoyar la investidura de Ayuso. La portavoz de la formación calificó a mediados de junio la autonómica como “un pozo sin fondo”. “¿Por qué los madrileños tenemos que pagar de nuestro bolsillo a quienes insultan a diario en televisión? Y si no se puede cerrar de forma inmediata habrá que reducir drásticamente su coste”, declaró. Poco después, en una entrevista a El programa de AR, Ayuso descartó la desaparición de RTVM, al considerar que ayuda a “vertebrar” la región, dejando clara su idea de reformarla.
La votación de la nueva ley tendrá lugar el día 8
A pesar de que, como analizamos, Telemadrid ha iniciado una etapa de recuperación y crecimiento bajo la dirección general de José Pablo López, y que económicamente ha cumplido año tras año las exigencias financieras que se le exige por ley, el gobierno conservador de la comunidad se valdrá de su amplia mayoría en la Asamblea para hacerse con el control de la cadena pública y tumbar a su dirección.
La tramitación de esta nueva Ley se producirá el 8 de julio. El sindicato SI (próximo al PP) llegó a afirmar públicamente que cuatro días más tarde, el 12 de julio, PP nombraría al nuevo director general provisional con el apoyo de Vox. Esta premura deja clara la prioridad del nuevo gobierno que deparó las elecciones del 4-M en torno a la cadena pública: de hecho, la reforma se tramitará por lectura única, buscando acortar los plazos y que la oposición no pueda presentar enmiendas ni haya debate en comisión.
De ser aprobada, la ley propone que la dirección del ente público cambie cada cuatro años y no cada seis, como hasta ahora. Esto supondrá la salida inmediata de López, puesto que ya lleva más de cuatro años en el cargo, y para cubrir su baja PP y Vox también proponen que se encargue una dirección en funciones designada por la Asamblea. Es decir, por PP y Vox gracias a su mayoría.
El Consejo de Administración de Telemadrid se pronuncia
Tan solo unas horas atrás de estas declaraciones de Monasterio, el Consejo de Administración y el Director General de Telemadrid remitieron una carta a todos los grupos políticos de la Asamblea de la Comunidad para denunciar que la nueva ley “parece tener como único fin y motivación sustituir a la persona que actualmente ostenta la Dirección General y eliminar competencias del propio Consejo de Administración para transferirlas a un 'Administrador provisional'”.
Tras haber estudiado la proposición de los populares, constatan que “no se contempla ninguna medida para mejorar la gestión y dotar de mayor eficiencia al uso de los recursos públicos que se destinan a la misma, ni tampoco garantizar la independencia y la neutralidad de la cadena”.
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