Nuevo varapalo para Rosa Peral en su particular conflicto mediático. La Fiscalía de menores de Barcelona ha desestimado la petición de la principal condenada por el conocido como “crimen de la Guardia Urbana”, que pretendía revisar el contenido de El cuerpo en llamas. A juicio de Peral, la serie habría vulnerado el derecho al honor y a la intimidad de sus dos hijas.
El órgano judicial ha estimado para rechazar tomar medidas que no se cumplen los requisitos necesarios en la petición, informa El Periódico.
“En relación con las dos menores, no se aprecian en la situación de las mismas indicadores de riesgo, abandono, desprotección o desamparo que requieran de un seguimiento directo” por parte de la Fiscalía y la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Del mismo modo, se descartan también “medidas de protección específicas” contra las dos.
El Ministerio Público también hace hincapié en que las dos menores cuentan con padres en “pleno uso de las facultades inherentes a la patria potestad” y no aprecia “conflicto de intereses entre las menores y sus progenitores”. Se indica que son estos quienes pueden interponer denuncias que consideren oportunas.
Peral intentó paralizar el estreno de la serie
Conviene recordar que en El cuerpo en llamas se modifican sensiblemente algunos datos sobre la historia. El personaje de Peral, interpretado por Úrsula Corberó, tiene en la ficción una sola hija.
Cabe decir que la exagente, condenada a 25 años de prisión por el asesinato de Pedro Rodríguez, ha intentado con ahínco paralizar el lanzamiento de la serie, sin éxito en primera instancia. En abril, sin embargo, la sección 19 de la Audiencia Provincial de Barcelona sí le dio la razón. Los magistrados consideraron que tendría que haberse admitido a trámite la petición de la condenada para convocar a las partes para una vista donde exponer sus argumentos, cosa que no ocurrió, según recoge Confilegal.
En paralelo a El cuerpo en llamas, hay que recordar que Netflix también estrenó Las cintas de Rosa Peral, un largometraje documental donde la exagente tomaba la palabra y daba su versión de los hechos. Ante la circunstancia del doble estreno, y a petición del abogado de la víctima del crimen, la Audiencia de Barcelona ordenó embargar todo posible pago a los condenados por estas producciones. Sin conocerse si hubo o no algún tipo de retribución, el documental fue ampliamente cuestionado por el enfoque que adoptó.