Cuatro tenía pensado emitir hoy la nueva entrega de Diario de... en la que Mercedes Milá descubría una residencia de ancianos clandestina en Las Palmas de Gran Canaria donde se producían malos tratos. Sin embargo, no pudo hacerlo, al menos hoy.
Un juez ha dictado hoy medidas cautelares para paralizar su difusión después de la denuncia interpuesta por el director del geriátrico, quien alega que las cámaras entraron en el centro sin su permiso, según ha sabido Vertele.com.
Telecinco, por su parte, interpondrá ahora un recurso de apelación para poder proceder a la emisión del reportaje en próximas fechas.
Mercedes Milá explicará los motivos de la suspensión
Esta noche, en su lugar, Cuatro ofreció el reportaje Diario de... sobre deshuciados, precedido por una introducción con Mercedes Milá en la que la presentadora explicará los motivos de la suspensión del programa y el contenido del mismo.
Precisamente, la veterana periodista visitó esta mañana Las mañanas de Cuatro con Marta Fernández para hablar de este reportaje sobre el geriátrico clandestino que tenía previsto emitir la cadena. El vídeo de dicha entrevista ha sido retirado de la web de Cuatro.
Supuestos malos tratos a los 30 ancianos del centro
Un trabajador de un geriátrico de Las Palmas de Gran Canaria puso tras la pista a Diario de... sobre los casi 30 ancianos que viven en esa residencia reciben maltratos continuos.
Una reportera del programa presentado por Mercedes Milá se infiltró entre las trabajadoras y grabó las negligencias, los errores constantes y la permanente desatención que sufren los internos.
Diario de… denunció estos hechos ante la Consejería de Bienestar Social del Gobierno Canario, que confirma en el reportaje que es una residencia que no está autorizada por tener varios expedientes abiertos.
Mercedes Milá acude al geriátrico para pedir explicaciones al dueño del centro y se encuentra con que una inspección enviada por este Ejecutivo está realizando una valoración de las instalaciones. El programa es testigo de cómo las trabajadoras son escondidas por el dueño para que la inspección no pueda pedirles su documentación.
Varios trabajadores del centro han denunciado ante la Fiscalía al dueño de la residencia. Le acusan, entre otras cosas, de intrusismo y un posible delito contra la salud pública