Juicio periodístico a Évole por su sonada 'Operación Palace'
Cuando parecía que el revuelo levantando por el falso documental sobre el 23-F de Jordi Évole había pasado, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha solicitado la apertura de un expediente a Atresmedia y a Évole por posible incumplimiento de las normas deontológicas del periodismo, informa El Mundo.
Tras esta denuncia, será la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape) la que “aporte luz al debate”, expresión que ha sido la escogida por el presidente de la AUC Alejandro Perales para explicar su denuncia: “Hemos puesto esta demanda porque nos han llegado numerosas quejas respecto a la emisión de Operación Palace, de ciudadanos y de periodistas”.
La petición ya ha sido admitida a trámite... por un protagonista del 23-F
La petición ya ha sido admitida a trámite por la comisión permanente, presidida por Manuel Núñez Encabo, que, además, era el diputado que estaba votando aquel fatídico 23 de febrero de 1981 cuando Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados.
En los próximos días se designará un ponente y se hará llegar al grupo de comunicación y al periodista toda la documentación para que, en un plazo de 15 días, envíen los argumentos y papeles que consideren oportunos.
Señalan la posible vulneración de cinco principos de la praxis periodística
En su escrito, la AUC señala una posible vulneración de cinco principios del código sobre la praxis periodística:
“Hay quien lo considera un engaño y un abuso de la confianza de los espectadores”
En su escrito de denuncia, la asociación recoge: “En relación a los ciudadanos receptores del mensaje, también hemos asistido a interpretaciones contrapuestas del -ya- fenómeno mediático: hay quien lo considera un engaño y un abuso de la confianza de los espectadores, y quien lo ve como una escenificación de la constatación de que un público inteligente debe mantener siempre una distancia crítica ante los contenidos difundidos por los medios de comunicación y por los medios sociales”.
El texto de la AUC prosigue: “El programa ha generado un encendido debate entre partidarios y detractores de su emisión, trayéndose a colación, entre otras cuestiones, la frontera que existe o debería existir entre contenidos informativos y no informativos, o la incardinación entre el derecho constitucional a la libertad de expresión y el derecho no menos constitucional de los ciudadanos a recibir información veraz”.
“Vamos a matizar todas las cuestiones, defendiendo la libertad de expresión”
“Somos un órgano independiente, sin vinculación en nuestro ejercicio con la Fape, porque no podemos ser juez y parte. Tras un proceso muy riguroso emitiremos nuestra sentencia”, cuenta Núñez Encabo.
“Vamos a matizar todas las cuestiones, defendiendo la libertad de expresión sin censuras, pero al mismo tiempo valorando el derecho a la información veraz de los contenidos y el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas. La ética no admite excepciones y debe aplicarse a los contenidos periodísticos”.
La resolución de este proceso se conocerá en las próximas semanas. “En la sociedad es necesario que se emitan soluciones concretas sobre situaciones concretas que sienten las bases de la praxis periodística y refuerzan la credibilidad de los medios”, concluye Núñez Encabo.
