La televisión de Murcia se privatiza
Ahora que el sector de la publicidad comienza a remontar, Murcia se dispone a entregar la gestión de su televisión al sector privado, informa El País.
El Gobierno que hasta principios de abril ha presidido Ramón Luis Valcárcel (PP) es el primero en aprovechar la ventana abierta tras la reforma de la Ley Audiovisual emprendida en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que permite la privatización total o parcial de los canales autonómicos.
Murcia convoca un concurso
Murcia ha convocado un concurso para adjudicar la “gestión indirecta” de la televisión pública, que abarca la emisión de programas —incluidos los informativos— y la comercialización de la publicidad. El ente regional se hará cargo de los costes del transporte y difusión de la señal.
Para este año, RTV Murcia tiene un presupuesto de 6,3 millones de euros, de los que casi la mitad corresponden a gastos de personal. Pero la comunidad quiere reactivar la televisión duplicando la subvención: destinará hasta 36 millones en los próximos tres años, según el anuncio publicado la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado, aunque el valor estimado del contrato que saca a concurso asciende a 59,8 millones.
Murcia ya había firmado en anteriores etapas convenios con distintas productoras para la producción de programas. Ahora las que opten al codiciado convenio tendrán en sus manos prácticamente toda la gestión televisiva. Estarán obligadas a emitir, al menos, 16 horas diarias (desde las ocho de la mañana hasta las 12 de la noche) y un mínimo de 42 horas semanales serán de contenidos de servicio público (sin contar reposiciones). Tras la firma de la adjudicación, las emisiones comenzarán en dos meses.
Los formatos de ‘reality show’ no podrán ser subvencionados
Durante el tiempo de vigencia del contrato (desde mayo de 2014 hasta abril de 2017) se establecen cuatro partidas presupuestarias de 8, 12, 12 y 4 millones de euros, que corresponden a los cuatro ejercicios afectados. Los programas que elabore la empresa privada, según se especifica en el Pliego de prescripciones técnicas, deberán ser “un modelo de credibilidad e independencia”, además de respetar las garantías democráticas y estimular la participación ciudadana, fomentar la identidad de la región y promover la educación y la cultura.
Directrices de programación
Pese a proclamar la independencia, se establece que el ente fijará “las directrices” de los contenidos informativos y también de aquellos espacios que sean considerados de servicio público. Aunque, eso sí, se podrá consensuar con el adjudicatario “la mejor implementación” de tales directrices.
En los informativos, el aspecto más sensible de la cesión de la gestión, primarán las noticias locales y regionales (ocuparán al menos el 60% del tiempo). La parrilla incluirá un noticiero matinal (de, al menos, 30 minutos), uno de sobremesa (50 minutos), uno de tarde-noche (50 minutos) y dos avances y bloques de información meteorológica. Durante el fin de semana habrá dos ediciones de 45 minutos. Además, se incluirá cada siete días un espacio de una hora sobre la actividad de la Asamblea regional, un deportivo y un formato socio-cultural.
La parrilla se podrá completar con series, películas, documentales, telefilmes y formatos de telerrealidad. El pliego deja claro que los reality show no se considerarán programas de servicio público ni podrán financiarse a costa “de la compensación económica” que realizará la Comunidad de Murcia, a razón de 12 millones de euros al año. Pero, el ente se reserva el derecho a parar la producción y emisión de cualquier programa “en el momento en el que se considere oportuno” si el contenido no es el adecuado.
¿Quién comercializará la publicidad?
Quien se haga finalmente con el concurso asumirá además la comercialización de la publicidad. Pero con sus particulares restricciones. La Comunidad se reserva cinco minutos por hora para su propia propaganda en determinadas franjas. O, como dice el documento, para “anuncios y mensajes de comunicación oficial de las consejerías, organismos y empresas públicas del sector público regional”.
