Más de cien familias alquiladas en unas Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Alfafar podrían quedarse en la calle. Concretamente, desde el pasado mes de enero, los mismos inquilinos están denunciando que están recibiendo cartas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), anunciándoles que no se va a proceder a la prórroga del contrato y les da un mes para desalojar los pisos.
Ante este hecho, el ayuntamiento de Alfafar ha puesto todos los medios al servicio de las familias afectadas y ha contactado con la Generalitat Valenciana para buscar soluciones a esta situación, en especial en un momento tan delicado como es el actual, marcado por la pandemia del COVID-19 y un estado de alarma.
Asimismo, ambas entidades han mostrado predisposición para colaborar y resolver esta problemática, y la Conselleria ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias.
El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha expresado que las dos instituciones están “manteniendo comunicación y trabajando en conjunto para encontrar soluciones, pero seguimos trabajando día a día para resolver esta situación”.
El Ayuntamiento de Alfafar ha puesto a disposición de las familias afectadas el servicio de intermediación hipotecaria y asesoría jurídica en materia de vivienda prestado por el despacho El Rogle, con el fin de ayuda a estas personas sobre los procedimientos a seguir y las medidas a adoptar ante la recepción de las cartas que anuncian el fin de los contratos.