¿Dónde está Cameron?
Cada día queda más claro que el Reino Unido se encuentra en una ratonera con el Brexit. Y cada vez que leo las noticias me pregunto dónde estará el hombre que convocó el referéndum buscando afianzar su poder y liderazgo dentro del seno de su partido. Obviamente, no soy la única en preguntarme dónde está David Cameron. Hace unas semanas las redes se llenaron de esa pregunta, y la respuesta que encontraron los británicos les cabreó sobremanera. Cameron, visiblemente bronceado, acababa de volver con su familia de unas vacaciones en Costa Rica, donde se alojó en un resort que cuesta 1.728 libras esterlinas la noche.
La indignación de gran parte de los británicos con sus élites políticas es más que palpable. Una de las estrategias más visibles para expresar esta indignación es la que desarrolla un grupo pro permanencia en la Unión Europea, Led By Donkeys, cuyo nombre proviene del eslogan “leones liderados por burros” que, tras la Primera Guerra Mundial, se utilizó para denunciar la irresponsabilidad de los líderes británicos al conducir durante el conflicto a cientos de miles de ciudadanos a auténticos mataderos. Este grupo está pagando anuncios en vallas publicitarias de las principales ciudades del país. En estas vallas se reproducen, a tamaño gigante, tweets publicados hace un par de años por los líderes políticos etnopopulistas que impulsaron el referéndum y defendieron el Brexit. En ellos puede leerse lo fácil que iba a ser llegar a un acuerdo comercial con la UE, o la promesa de un segundo referéndum para ratificar el acuerdo final con la UE, o cómo con el Brexit no habría ningún empeoramiento de la situación económica, sino una ostensible y clara mejoría.
Allí donde un día hay un anuncio de colonia o de lencería, al día siguiente aparecen esos tweets reproducidos para evidenciar la hipocresía y las mentiras que en su día dijeron los líderes pro Brexit y los compromisos que adquirieron con sus votantes. Nada de lo que dijeron se está cumpliendo y, en cambio, están sucediendo cosas de una gravedad que la ciudadanía británica no debería dejar pasar por alto si quiere seguir dándonos lecciones sobre la bondad de sus instituciones democráticas. Y cuando hablo de que pasan cosas, no me refiero sólo al empeoramiento de algunas cifras macroeconómicas o a la huida de bancos y empresas del país o a las alarmas de desabastecimiento de algunos productos; me refiero a auténticos atropellos de los derechos fundamentales de las personas.
Sin duda, David Cameron cometió un error al convocar el referéndum sobre el Brexit. Y otros políticos están aportando su particular granito de arena, como la preferencia de la primera ministra Theresa May optando por un Brexit duro, o cuando el líder laborista Jeremy Corbyn, que ha sido siempre un euroescéptico, se muestra incapaz de definirse, ignorando el hecho de que la actual working class es mucho más amplia, diversa y cosmopolita que la población de las antiguas circunscripciones electorales laboristas. Pero lo realmente condenable del Brexit es que está sirviendo de excusa para cambiar las reglas del juego y dejar en situación de vulnerabilidad a millones de personas que viven, pero no nacieron, en el Reino Unido y que no forman parte de la élite económica que se cree, y posiblemente aún esté, a salvo de todo.
Las autoridades británicas no dejan de decir lo importante que ha sido la llegada de extranjeros para el progreso de Gran Bretaña, pero al mismo tiempo toman medidas que colocan a éstos en un lugar distinto del que ocupan los ciudadanos nativos. Y seguramente esto vaya a más si se consuma el Brexit y se confirma la exigencia para quienes quieran vivir en el Reino Unido de certificar que cobran un mínimo de 30.000 libras al año, sueldo que no llegan a recibir muchos británicos ni, por supuesto, muchos extranjeros. Sirvan tres ejemplos para ilustrar la pérdida de garantías que están sufriendo muchos ciudadanos al otro lado del canal de la Mancha: el escándalo Windrush, el Settled Status de los ciudadanos de la UE, y el caso de Shamina Begun.
En el Reino Unido se están llevando a cabo deportaciones de jamaicanos y otros ciudadanos de países caribeños de la Commonwealth que llevan toda su vida en el país. Es la llamada generación Windrush, hombres y mujeres muy jóvenes, incluso niños, que llegaron a Gran Bretaña en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial sin que se hiciera ningún registro formal de su llegada y sin que se les entregara el pasaporte británico. Son personas que han hecho sus vidas en Gran Bretaña, que tienen allí a sus familias, que han trabajado y cotizado en el país durante décadas, pero que están siendo vergonzosamente deportadas. Son obligados a regresar a países y comunidades con los que ya no tienen ninguna vinculación y muchos de ellos se convierten en homeless o son carne de cañón de la violencia callejera. El escándalo es tan mayúsculo que el periódico The Guardian tiene una sección especial dedicada a denunciar esta situación vergonzosa que se está produciendo en ese Reino Unido al que le parecía poco ser europeo y se jactaba de ser global… tan etnocéntricamente global como cuando era un imperio.
Pero la falta de garantías que el Gobierno está imponiendo a estos británicos de origen caribeño puede repetirse con muchos europeos gracias al llamado Settled Status, que es el proceso de petición que tienen que realizar las y los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y quieren conservar el derecho de residir allí. Este proceso está lejos de ser garantista y puede convertirse en un segundo escándalo Windrush. La petición sólo se puede llevar a cabo a través de una aplicación de móvil Android y a las personas cuya solicitud es aprobada no se les expide ningún certificado que constate que tienen el permiso concedido, colocándolas a ellas, su futuro y sus descendientes en un estado de absoluta vulnerabilidad. La web de the3million campaign está llena de ejemplos de personas vulnerables en riesgo de ser “erróneamente” deportadas.
Aunque no afecte a millones de personas y sea un caso muy particular, el de Shamina Begun también es muy sintomático de estos nuevos tiempos. El Gobierno ha revocado la nacionalidad británica a esta joven nacida en Reino Unido y que abandonó su país para unirse al Dáesh cuando sólo contaba quince años de edad. Shamina dejó el país junto con dos amigas también menores. Cuando llegó al territorio dominado por el Dáesh, se casó en un par de semanas. Sólo pidió que su marido se pudiera comunicar con ella en inglés. Ahora tiene diecinueve años y está en un campo de refugiados en Siria. En estos cuatro años ha tenido tres hijos, de los cuales sólo vive el menor, que acaba de nacer. Ha solicitado regresar a Gran Bretaña, pero el ministro del Interior ha enviado una carta a sus padres anunciándoles la revocación de su ciudadanía.
En Gran Bretaña está prohibido retirar el pasaporte a quien no tiene otra nacionalidad, y éste es el caso de Shamina, pero el Gobierno aduce que, al ser menor de veintiún años, ella puede aún acceder a la nacionalidad de Bangladesh. Es hija de bangladeshíes, pero no posee un pasaporte de Bangladesh, país que, por otra parte, nunca ha visitado. Los nietos de irlandeses también pueden pedir el pasaporte irlandés, eso quiere decir que a todos los nacidos en territorio británico pero con antepasados irlandeses les pueden revocar la nacionalidad británica. Parece que si tus padres son extranjeros, aunque hayas nacido en Gran Bretaña y ese sea tu país, ya no tienes los mismos derechos que quién tiene ocho apellidos británicos.
Nuestras democracias se parecen cada vez menos a lo que dicen ser, y la irresponsabilidad de algunos políticos está facilitando el vaciamiento democrático de nuestros estados que las verdaderas élites, las económicas, llevan tiempo persiguiendo. Colocar cada día a más millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, sin procedimientos ni garantías que les permitan disfrutar de sus derechos, es una pieza clave de este proceso que las élites políticas de la Gran Bretaña del Brexit están jugando con gran descaro como hace David Cameron al precio de ganga de 1.728 libras la noche.
