¿Y esperar antes de criminalizar?
“El fuerte rechazo, hostigamiento y crueldad que sobre este tema estamos sufriendo en las redes sociales, las falsas informaciones que distorsionan la realidad y los comentarios recibidos nos hacen prever la imposibilidad de garantizar la seguridad del debate ni su calidad académica”. Estas son las razones por las que el Rector de la Universidad de A Coruña ha decidido cancelar – a una semana de su celebración– las Jornadas sobre Trabajo Sexual que organizaba su Facultad de Sociología en el marco del Máster de Políticas Sociales en la especialidad de Género.
La suspensión de estas jornadas no se puede calificar como un éxito de los feminismos. No todas las feministas compartimos las formas y el fondo de ese sector abolicionista que ha impulsado la campaña de 'acoso y derribo' en redes sociales contra la celebración de estas jornadas. Pero, ante todo, no puede ser un logro feminista la cancelación de un evento programado académicamente porque no se pueda garantizar la seguridad del debate y del intercambio de ideas entre mujeres. Eso tiene muy poco que ver con el feminismo y con la lucha de las mujeres.
Para quienes estamos embarcadas en la defensa de derechos humanos este tipo de desenlaces no puede provocarnos más que preocupación y desaprobación. Sabemos que vivimos un momento sumamente delicado donde las corrientes reaccionarias a la universalidad de derechos y contrarias a la libertad de expresión aprovechan el ruido y la lógica de las emociones para intoxicar con su demagogia. Lejos de buscar el diálogo, el conocimiento y de facilitar información objetiva, estas corrientes prefieren enarbolar la bandera de la acusación de adoctrinamiento y propaganda para demonizar al adversario ideológico y, de esta forma, deslegitimar sus posiciones y argumentos. Por eso, ahora más que nunca, se necesita proteger y defender la libertad de expresión.
Es en este contexto en el que el disenso, la discrepancia, la disparidad, las diferencias y hasta las confrontaciones dentro de los movimientos sociales, también dentro de los feminismos, no pueden perder de vista no solo unos parámetros mínimos de escucha y civismo, sino de respeto a los derechos de las personas afectadas por las actuaciones que se desencadenan en la defensa de las ideas o propuestas. Estas actuaciones no pueden vulnerar ni condicionar el disfrute de derechos por mucho que se crea que hay sobrados motivos para hacerlo, por mucho que se sienta que la causa es justa. Es más, en este clima y ante estas situaciones, es responsabilidad de la administración pública y también de la academia moldear los puentes que permitan que esos disensos no reproduzcan patrones de opresión ni intolerancia.
En el caso de las Jornadas de Trabajo Sexual –al igual que en otros tantos supuestos en los que se han tenido que cancelar eventos, manifestaciones, ciclos de cine, jornadas, exposiciones, etc. por presiones de grupos que estaban en contra de lo que en esos espacios se expresaba (de forma pacífica y respetando la legalidad vigente)– nos encontramos que, con su cancelación, se han obstaculizando derechos clave como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho a la participación o el derecho de reunión.
Mientras en estos actos no hagan apología de la violencia ni inciten al odio hay un valor supremo que debemos respetar como sociedad, como colectivos y como individuos: la libertad de expresión.
De entre los temas que se iban a tratar en las Jornadas de A Coruña yo no detecto ninguno que infrinja la legalidad ni justifique la cancelación del evento: Mujeres inmigrantes y trabajo sexual; Violencias hacia las personas que ejercen la prostitución; Violencias y sindicación; Derecho a tener derechos; Ejerciendo en la calle en condiciones de trabajo; Inmigración y prostitución; Mitos sobre la prostitución y la psicopatología; Trabajadoras sexuales nigerianas, un enfoque de derechos humanos; y desmontando mitos.
Si el problema no son los temas sino quienes los imparten o quién organiza las jornadas, estaríamos ante un juicio arbitrario que debe respetar la libertad de cátedra de la universidad, derecho que tiene sus límites en la Constitución. Si alguien entendió que este se estaba extralimitando debería haber pedido la suspensión cautelar del acto por vía judicial en vez de emprender una campaña en redes sociales de desprestigio y ataque.
Si el problema era el sindicato OTRAS es importante señalar que, puede gustar o no, este no esta inhabilitado para su actividad. Lo que la sentencia de la Audiencia Nacional anuló fueron sus estatutos, pero rechazó (por falta de competencia) declarar la disolución del sindicato. Por tanto, como sindicato existe.
Solo la celebración de las jornadas nos habría permitido comprobar la peligrosidad social de estas y, en consecuencia, la posible comisión de supuestos delictivos o sanciones administrativas. A veces (por no decir siempre) cuando los derechos que están en juego son piezas clave de una convivencia democrática y diversa merece la pena esperar antes de criminalizar algo que ni siquiera ha sucedido. Tenemos las herramientas administrativas y legales para actuar si fuese necesario, no hace falta 'tomarse la justicia por la propia mano'.
Por último, quiero aprovechar este espacio para compartir una duda que nadie me termina de aclarar, ¿Existe alguna iniciativa por parte de la administración pública o de los colectivos abolicionistas para que se apruebe un Plan de inspección, control y supervisión de todos los clubes de alterne? Puede que me equivoque, pero a mi no me consta y no podemos perder de vista que la reciente sentencia del Tribunal Supremo (del pasado mes de junio) señala que la esclavitud del siglo XXI está en los clubes de alterne. Quizá sea ahí, y no en la universidad, donde deban focalizarse las acciones de lucha contra la explotación sexual.
