Evitemos un “ladrillazo” sanitario
Hace pocos días pudimos leer en el New York Times un artículo donde se analizaba la situación de la corrupción en nuestro país. Uno de los aspectos que se nombraban ponía al sector sanitario como posible centro de la corrupción en un futuro cercano, tomando el testigo de los escándalos inmobiliarios de los últimos años.
El marco teórico
En el ámbito sanitario la corrupción puede presentarse a distintos niveles, desde la práctica clínica en la que el delito sería llevado a cabo por el trabajador sanitario, hasta niveles de macrogestión. Es en este último escalón donde se centran las preocupaciones actuales en lo que a posibles episodios de corrupción se refiere.
El establecimiento de un sistema de concesiones en el cual una empresa privada (con ánimo de lucro en muchas ocasiones) pasa a controlar la gestión y prestación de servicios de un centro sanitario a cambio del pago de una cantidad fija por habitante asignado al año (cápita) presenta algunos aspectos diferenciales que hacen que la corrupción deba ser un tema que tener en cuenta. Algunos de estos aspectos son:
- Conflictos de intereses entre altos cargos de las administraciones públicas y las empresas privadas a las que se entregan las concesiones sanitarias. En nuestro país hemos tenido varios ejemplos de cómo funcionan las “puertas giratorias” en el ámbito sanitario, con el paso de altos cargos políticos a puestos de dirección de empresas a las que habían beneficiado en su ejercicio público mediante la concesión de contratos.
- El sistema sanitario de nuestro país constituye, de forma oficiosa, un monopolio por parte del Estado en la financiación de la asistencia sanitaria (recordemos que aunque el 28% del gasto sanitario es privado tan solo el 6% del gasto sanitario total en nuestro país se destina a la compra de seguros privados -el 22% restante se distribuye principalmente en gasto de medicamentos y atención bucodental-); esto hace que los diversos modelos de colaboración público-privada tengan en lo público una red de seguridad. Además, la coexistencia de un modelo de asistencia privado que concierta servicios con la sanidad pública supone la creación de una posible vía de transferencia de pacientes (y con ellos, dinero) desde la sanidad pública a la sanidad privada.
- En la asistencia sanitaria se generan una serie de relaciones opacas entre diversos agentes, siendo la asimetría de información entre dichos agentes una característica importante en estas relaciones. Esta conjunción de asimetría de información y opacidad puede suponer un caldo de cultivo ideal para la generación de episodios de corrupción.
En un texto publicado en 2011 en la revista Gaceta Sanitaria, un panel de expertos en política sanitaria planteó una serie de medidas para mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud; la medida que encabezaba el listado (considerada prioritaria, eficiente y con pocos o ningún efecto adverso) fue “controlar la corrupción y la partitocracia”. Esto es una muestra de que la corrupción en los sistemas sanitarios no es un asunto de países empobrecidos, sino que es un tema de actualidad en nuestra sanidad.
La realidad de nuestro país.
En el ámbito de la corrupción sanitaria hemos podido identificar recientemente algunos focos de atención, especialmente en Cataluña. A partir de investigaciones periodísticas que después han acabado en los juzgados, la revista cafè amb llet destapó una trama de corrupción en la que altos cargos de la Generalitat de Catalunya habrían desviado dinero público hacia empresas de su propiedad. De forma paralela a las investigaciones judiciales, el PSC y CiU se aliaron para impedir la comparecencia en sede parlamentaria de la mayoría de los implicados. Es preciso señalar que es en Cataluña donde la colaboración público-privada ha logrado su mayor expresión en nuestro país, tanto cuantitativa (por el porcentaje de la asistencia sanitaria prestada por empresas privadas) como cualitativamente (por la variedad de fórmulas exploradas, sólo igualada por la Comunidad de Madrid).
Otro de los casos investigados en la actualidad y con relación parcial con el ámbito sanitario es el de la presunta financiación ilegal del Partido Popular. En los llamados papeles de Bárcenas se encuentran registradas donaciones de empresas a las que posteriormente se concedió la construcción o gestión de algunos de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. La aparición de empresas de construcción en este entramado es especialmente significativa porque la concesión de contratos para la construcción de estos centros supondría, para ellas, la amortiguación de la estacionalidad de su negocio de construcción.
Los manuales sobre el correcto diseño de colaboraciones público-privadas en el ámbito sanitario publicados en Reino Unido y Suecia (los dos países con más experiencia en el sistema que se va expandiendo por algunas de nuestras Comunidades Autónomas) insisten en la transparencia como factor clave para el correcto desarrollo de estas colaboraciones. Transparencia que no parece cumplirse en el caso de nuestras administraciones, tanto centrales como autonómicas y locales.
Las medidas que necesitamos para evitar un “ladrillazo” sanitario.
En los textos que podemos encontrar en la literatura científica acerca de cómo abordar, reducir y evitar la corrupción sanitaria se plantea como una constante la necesidad de garantizar una rendición de cuentas sobre el uso dado a los recursos públicos, creando los mecanismos de transparencia y evaluación del desempeño de los proveedores sanitarios (públicos o privados) que permitan escrutar de forma efectiva la relación entre inputs y outputs sanitarios.
Así mismo, es necesario que esta transparencia sea controlada y participada por la ciudadanía, implicándola no sólo en la recepción de información por parte de los directivos y políticos, sino haciendo que sea parte de la toma de decisiones sanitarias y del diseño del sistema, tanto en su estructura como en el establecimiento de qué sistema sanitario podemos permitirnos.
La corrupción supone un robo a la ciudadanía; cuando se produce en los servicios públicos de protección social, cuya utilidad en estos momentos es amortiguar los efectos de la crisis económica, ese robo puede tener un efecto amplificado. Es por ello que podemos afirmar que la corrupción sanitaria cuesta vidas.
