La sospecha de corrupción sobre CDC reaparece en plena negociación sobre la investidura de Mas

El presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública ha perseguido a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) desde hace 20 años. El histórico líder de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, denunció en la sesión de investidura de Pujol del año 1998 mordidas del 5%. El célebre 3% pronunciado por el president Pasqual Maragall hizo temblar los cimientos del Parlament en 2005. El entonces jefe de la oposición, Artur Mas, amenazó con enviar al traste el proyecto de Estatut si Maragall no retiraba sus palabras. Maragall lo hizo. 10 años después, Mas busca repetir al frente de la Generalitat, pero ha encontrado un nuevo escollo con el foco de corrupción que se va extendiendo sobre su partido.

La Guardia Civil, a instancias de un juez de El Vendrell (Tarragona) ha practicado una decena de detenciones este miércoles en una nueva fase de la investigación Petrum 2, con epicentro en el ayuntamiento de Torredembarra y que el pasado mes de agosto ya comportó el registro de la sede de los nacionalistas en la calle Còrsega de Barcelona y de la fundación del partido, la Catdem.

Los agentes han detenido al tesorero de CDC, Andreu Viloca; al secretario del patronato de la fundación Catdem, Carlos del Pozo y a una administrativa del partido, Anna Benítez. También ha sido arrestado el director general de Infraestructuras.cat, la empresa de obra pública de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, cuyo despacho han registrado los agentes.

Pero los arrestos no se circunscriben al ámbito político. La Guardia Civil ha detenido a directivos de las empresas Copisa, Urbaser, Rogasa, Construcciones, Grupo Soler, Tec4 y Oproler, y ha registrado sus oficinas y domicilios. El objetivo es encontrar documentación que corrobore la tesis de la Fiscalía de que pagaron comisiones del 3% a CDC a cambio de adjudicaciones de obras y servicios públicos por parte de administraciones públicas lideradas por los convergentes. Uno de los empresarios detenidos, Xavier Tauler, exconsejero delegado de Copisa, está imputado por la Audiencia Nacional ante las sospechas de que pagó 3,2 millones de euros de comisiones ilícitas a Jordi Pujol Ferrusola.

Los registros han alcanzado los Ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós del Bages (Barcelona), que adjudicaron obras públicas a los empresarios investigados. En concreto, las agentes han requerido documentación sobre los contratos de recogida de basuras y de construcción de un centro cultural, respectivamente.

Mas se ve como “objeto de caza mayor”

Como ya sucedió en agosto, tanto Convergència como el propio Mas han reaccionado con un doble discurso que combina la defensa férrea de los cargos del partido con la tesis de que la operación contra la corrupción trata de desestabilizar a Convergència en tanto que actor clave del proceso soberanista.

“Convergència y yo somos objeto de caza mayor”, ha dicho Mas tras criticar la “sobreactuación” de la Fiscalía. En rueda de prensa tras la firma del decreto de constitución del Parlament, Mas se ha ofrecido para comparecer esta semana en el Parlament para demostrar que el sistema de adjudicación de obra pública catalán es “súper garantista y súper transparente”·

Sin embargo, la situación no es la misma que en agosto. Las elecciones del 27-S han dejado a Mas, de momento, a merced de la CUP para repetir como president. Los anticapitalistas han reiterado que Mas no es el candidato deseable por la mochila de recortes y de corrupción que arrastra. La lucha contra la corrupción forma parte habitualmente de los discursos de la CUP. La formación prepara la publicación de un Atlas de la Corrupción en los Països Catalans, que tendrá la financiación irregular de los partidos políticos como capítulo destacado.

No sólo son libros y discurso: la CUP no permite repetir mandatos a sus diputados para prevenir su corrupción y obliga a sus representantes públicos a realizar un exhaustivo rendimiento de cuentas ante sus militantes. Investir a un president que rechazan buena parte de sus bases y al que, tras este miércoles, se asocia todavía más con un el mecanismo de corrupción propio de los 23 años de gobierno de Jordi Pujol supondría, muy probablemente, un cisma interno en la CUP.

CDC acumula seis causas en los juzgados

Para que sea exhaustivo, la CUP deberá incluir en este Atlas los otras cinco investigaciones judiciales que afectan a CDC además del Petrum. Oriol Pujol, hijo del expresident, permanece imputado desde marzo de 2013, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, acusado de cobrar comisiones ilícitas de empresarios del sector de las ITV a cambio de favorecer sus intereses a través del grupo parlamentario de CiU, que él dirigía.

La familia Pujol también está investigada por la justicia tras la confesión de la fortuna de Andorra del expresident en julio de 2014. La Fiscalía pidió el pasado día 9 de octubre unir la causa de la herencia, que investiga un juzgado de Barcelona, con la investigación que lleva la Audiencia Nacional desde 2013, en la que está imputado su primogénito, Jordi Pujol Júnior, por su relación con presuntos movimientos de divisas sospechosos de corresponder a comisiones ilegales.

El más emblemático de los casos de presunta corrupción es el caso Palau, que ha comportado la imputación del extesorero de CDC Daniel Osàcar, para quien la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel por su papel en el pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública de la Generalitat.

Pendiente de juicio se encuentra el caso Pretoria, que afecta a los históricos dirigentes convergentes durante el pujolismo Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Ambos afrontan penas de seis años y diez meses de cárcel, por supuestos cobros de comisiones en operaciones urbanísticas en distintos ayuntamientos.

CDC tiene abierto otro frente judicial en Reus (Tarragona), donde un juez investiga presuntas irregularidades en el grupo de empresas municipales Innova y en los contratos del hospital de la población. Precisamente un edil de la CUP fue quien destapó el caso. La justicia también dictará pronto sentencia sobre el exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y exdiputado por CDC Xavier Crespo, acusado en el caso Clotilde de aceptar sobornos de un empresario vinculado a la mafia rusa a cambio de favorecer sus intereses urbanísticos.

Las negociaciones se mantienen

“La guerra sucia no puede tapar la corrupción, de la misma manera que la corrupción no puede tapar la guerra sucia”, ha afirmado el diputado de la CUP, Albert Botran, que ha asegurado que los registros y detenciones “no alteran” la posición de la CUP en las negociaciones con Junts pel Sí.

Dicha posición, al margen de la figura de Mas, incluye un plan para revertir 10 privatizaciones y de lucha contra la pobreza que ha levantado ampollas en los sectores más liberales de CDC. Mas también ha lanzado un aviso a los anticapitalistas en este sentido: “Revertir una privatización tiene que ir acompañado de un papel que diga de dónde sale el dinero”.

Mas incluso ha evitado cerrar la puerta a un adelanto electoral si fracasa la negociación con la CUP: “No es 100% imposible”, ha apuntado. El president ya ha apurado los plazos legales para convocar la sesión de investidura del Parlament, que será el próximo lunes. La fecha límite para el acuerdo es el 9 de enero de 2016. Si en esta fecha no se logra un candidato para presidir la Generalitat, Catalunya se precipitará hacia unas nuevas elecciones anticipadas.

Durante estos dos meses de negociaciones, ya nadie descarta que puedan haber nuevas operaciones judiciales en torno a CDC. Si alguna vez se fue, este miércoles el 3% ha regresado, y todo parece indicar que para quedarse una larga temporada. Lo que está claro es que el 3% ya no es un tabú.