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“Los sindicatos de Bangladesh han denunciado a los implicados, también al empresario de aquí”

El sindicalista Joaquim Boix.

Tomeu Ferrer

“Los sindicatos textiles en Bangladesh han pedido la detención de los empresarios vinculados al hundimiento de Dacca y entiendo que esto afecta al industrial catalán”. Así de contundente se muestra Quim Boix, coordinador en nombre de CCOO de la aplicación del acuerdo marco de condiciones laborales de Inditex. En opinión de este dirigente obrero, “los sindicatos españoles no podemos hacer una denuncia similar porque los hechos no han pasado aquí”; sin embargo, cree que “en función de las leyes penales de Bangladesh es de esperar que la justicia internacional también opere en estos casos”.

La situación en Bangladesh es en estos momentos muy delicada. La indignación de la población ante este accidente en que se calcula que los muertos podrían superar el millar es muy grande. “Se han dado casos -como consecuencia del derrumbe, según asegura- de intentos de incendio de fábricas”, asegura Boix, que acto seguido tacha estas reacciones de “sindicalmente criticables”.

El hundimiento ocurrido en Dacca ha cogido a contrapié a las organizaciones sindicales que velan por los derechos laborales en Bangladesh. Antes su principal preocupación era aplicar un acuerdo que evitara los incendios fortuitos en las fábricas. Estos siniestros habían causado hasta 600 muertos en los últimos 15 años. Pero “todas las proporciones se han roto con el último suceso”, dice Boix.

Las condiciones de trabajo en Bangladesh están bajo mínimos: “el salario mínimo no llega a 35 euros”. Sin embargo, cabe añadir que sólo el 50% de la economía es formal -es decir, se ajusta a estos sueldos-, el resto no cumple ni estas exiguas proporciones, asegura Boix. A ello se suma la política de las empresas que para optimizar gastos han decidido ubicar talleres en estructuras de pisos, “con lo que pesan las máquinas y la mala calidad de las construcciones, que a veces se apuntalan con estructuras de caña y el suelo es pantanoso, la posibilidad de derrumbes es clara”.

Para evitar situaciones extremas con respecto a la seguridad, las grandes marcas textiles mantienen conversaciones con los sindicatos. Pero hasta ahora las negociaciones se enfocaban a evitar los incendios. “Es difícil prever que se verán grietas en las paredes y no se evacuarán los locales afectados”, dice el sindicalista. Las auditorías sociales realizadas ayudan a evitar en parte situaciones de explotación extrema, pero no sirven en casos como los derrumbes.

De hecho, empresas como la que dirigía David Mayor no son las habituales en el país asiático. En general marcas reconocidas encargan la producción a talleres de países como Bangladesh, aunque el diseño se hace aquí. Ahora bien, lo que ha pasado últimamente es que entre la empresa a la que se otorga un pedido y la que finalmente lo fabrica encadenan varias subcontratas que precarizan las condiciones de trabajo y de seguridad.

En Bangladesh últimamente han proliferado ahora subcontratas de textiles chinas que, para abaratar costes, desvían parte de su producción hacia la antigua colonia británica. Ello no impide que marcas como El Corte Inglés, Mango, o Zara fabriquen en Bangladesh. En este sentido, la sociedad que preside Isidoro Álvarez ha puntualizado que las etiquetas encontradas en el edificio siniestrado son fruto de un pedido puntual.

Empresas como Phantom Aparel, la del empresario catalán, formadas por una sociedad extranjera y una bengalí, no son habituales. Pocas veces el empresario, español en este caso, se desplaza y se instala en el país donde se fabrican sus productos, dice Boix.

Sin embargo, este fenómeno se da en otro de los países asiáticos receptores de la producción textil occidental: Vietnam. Allí sí es más habitual que pequeños y medianos empresarios españoles abran centros de confección. La mayor seguridad jurídica y la estabilidad política de ese país ha hecho que sea elegido para producir por empresas de China, Corea del Sur, y también europeas.

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