Contra la estafa energética: una cuestión de derechos

Hoy en día más de 7 millones de personas en España tienen problemas para pagar los suministros básicos. Sufren pobreza energética. Aunque parezca increíble, algo tan básico como tener agua, luz o gas en casa no está garantizado para todos los ciudadanos.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? En primer lugar, los precios del agua y de la energía han aumentado un 60% desde 2007. Pagamos la energía más cara de toda Europa, un 30% más que la media europea. El caso del gas es flagrante. En los últimos 8 años, la factura del gas ha aumentado un 47,9% y aun será peor.

Hace apenas una semana se pagó una indemnización de 1.350 millones de euros a ACS, empresa de Florentino Pérez, por haber renunciado a la concesión del proyecto fallido de almacenaje de gas natural Castor, que provocó más de 400 terremotos en menos de dos meses en las costas de Castellón y Cataluña. Dicha indemnización más los intereses (la cifra total ronda los 4.700 millones de euros) la deberemos pagar todos los ciudadanos a través de nuestra factura del gas en los próximos 30 años. Un ejemplo claro de cómo el negocio eléctrico socializa los costes y privatiza los beneficios.

A esto hay que añadir que la renta familiar no para de bajar. Solo en el periodo de 2007 a 2011 el ingreso anual del 10% de la población más pobre pasó de 4.664 euros por persona a 2.685 euros en 2011.

Las familias no tienen margen de maniobra. En el caso de la energía, la reducción del consumo no tiene repercusión apenas en el importe de la factura. Desde enero de 2013 hasta febrero de 2014, la parte fija del recibo de la luz pasó de suponer el 35% al 60% del total, por lo que los esfuerzos de ahorro energético tienen poca repercusión en el importe final de la factura.

Esta situación está provocando que las familias, pese a disminuir su consumo, no puedan afrontar el pago de los servicios, lo cual acaba provocando cortes de suministro. Hoy en día, se están produciendo del orden de 2 millones de cortes de suministros al año por impago en España. Además, estos cortes son indiscriminados: las compañías están interrumpiendo los suministros sin saber en qué situación están las familias, si en los hogares viven menores, enfermos o personas mayores.

Contra lo que pudiera pensarse, el aumento en el importe de las facturas y en el corte de suministros no obedece a un menor margen de beneficios. Las compañías siguen lucrándose con la gestión de los servicios básicos. Endesa, por ejemplo, hace apenas unas semanas repartía los mayores dividendos de la historia de España: 14.600 millones de euros. Gas Natural extrajo 676 millones de euros de la venta de gas en España en el primer semestre de 2014, y Agbar obtuvo 432 millones de euros en 2012.

Su posición ante la dificultad de las familias de hacer frente a los suministros básicos es que este problema no va con ellos. Ni siquiera son capaces de pagar el bono social, que representaría no más de un 2% de sus beneficios. Endesa, Iberdrola y Gas Natural, que forman parte de las cinco compañías del oligopolio energético, han recurrido ante la Audiencia Nacional el pago de un bono social que es totalmente insuficiente y que deja fuera a gran parte de las personas que sufren hoy en día pobreza energética.

Sus esfuerzos se concentran en reclamar el pago de los recibos pendientes. Las compañías suministradoras contratan empresas de morosidad o bufetes de abogados para reclamar el pago de las deudas a las familias utilizando prácticas mafiosas como el acoso telefónico, llamando a altas horas de la madrugada y amenazando con el corte de suministro o la posibilidad de un juicio si no se hace efectivo el pago de la deuda.

Y la administración sigue sin mover un dedo. La connivencia entre el poder político y las grandes eléctricas es flagrante. El oligopolio eléctrico, plagado de exministros y expresidentes, goza de un trato preferencial hasta el punto de perdonarle una deuda de 3.400 millones de euros a las eléctricas, fraude que la Fiscalía anticorrupción está investigando. Este importe es superior a todos los casos de corrupción que se están destapando actualmente en España. Mientras tanto, el 17% de la población española no puede hacer frente al pago de los suministros básicos.

Estamos ante una violación sistemática de los derechos humanos, ante la cual ni la administración ni las compañías suministradoras están aportando soluciones. Y es que el acceso a los servicios básicos es una cuestión de derechos humanos. El derecho al acceso a una vivienda digna va íntimamente ligado al acceso a unos suministros básicos; ¿qué sentido tiene el acceso a una vivienda digna sin agua, luz o gas? Hoy en día tenemos un sistema de gestión de servicios básicos que deja fuera a más del 10% de la población. No es descabellado entonces reclamar que se garantice un mínimo de estos suministros a las personas y familias que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Esta demanda parece razonable y hasta la administración podría asumirla si continúa la presión de la ciudadanía en la calle.

El problema principal radica en quién debe asumir estos costes. Cualquier respuesta que no señale a las compañías suministradoras como principales responsables significa un fraude a lo que la ciudadanía está exigiendo. No tiene sentido que tengamos unas empresas suministradoras de servicios básicos que solo se lleven los beneficios de su gestión y no tengan ninguna responsabilidad. Si este coste fuese asumido por la administración pública estaríamos haciendo una transferencia de fondos públicos para alimentar las arcas de una compañía privada. Además, las ayudas públicas suponen un incentivo perverso para las empresas, que podrán disfrutar de ellas con independencia de los precios que puedan seguir cobrando. No existiría, por tanto, ningún incentivo para reducir las abusivas tarifas actuales. Algo inaceptable, sobre todo, cuando las empresas suministradoras han obtenido beneficios suficientes como para hacerse cargo de este coste.

Como en tantos otros temas, las soluciones están claras. Lo que falta es voluntad política. Las compañías llevan años lucrándose a costa del bienestar general. Las administraciones tienen la obligación de hacerlas asumir la responsabilidad que implica gestionar bienes indispensables para llevar una existencia digna. Lo que está en juego son vidas humanas. Y no podemos esperar.