Los commons, en su origen histórico, eran tierras bajo régimen comunal gestionadas y explotadas por clases campesinas. Esos bienes comunes formaban parte del sustento vital de dichas comunidades y, a su vez, constituían otra forma de cultura productiva. Si desde su origen estos recursos formaban parte de cierta realidad económica podría sonar redundante hablar hoy de economía del bien común o de empresas del procomún pero, en realidad, lo que se empuja con este nuevo paradigma no solo es aquella misma cultura productiva sino hacer visible que la actual economía capitalista se funda y consolida con la depredación de dichos bienesla actual economía capitalista se funda y consolida con la depredación de dichos bienes.
Empresas que sobreviven gracias a la explotación privada de bienes comunes sin ningún tipo de regulación las hay a miles, por no decir que no existe empresa capitalista que no capture, explote o se alimente de ellos. Bien lo saben algunos expertos de la teoría del management, autores de toneladas de manuales que buscan favorecer la comodificación de saberes y conocimientos que circulan en el interior o exterior de las empresas. Lo que en otro momento se suponía “al margen” de la explotación económica siendo considerado como no-productivo, hoy se percibe como un recurso fundamental. Esto incluso podríamos considerarlo como la mera punta del iceberg, puesto que la captura de estas balsas de recursos inmateriales parece casi anecdótica si la comparamos con el uso y sobreexplotación de otro tipo de recursos como los naturales o medioambientales. Por tanto, el tema no es si los bienes comunes toman o no un papel en el modelo económico, el tema es bajo qué principios éticos nos relacionamos con ellos.
En ese sentido, lo que denominamos empresas del procomún no es una categoría que define un matrimonio de conveniencia, sino una realidad económica compleja donde estructuras empresariales se relacionan con bienes comunes, gestionándolos, produciéndolos y explotándolos pero –punto fundamental– sin erosionarlos, sobreexplotarlos o privatizarlos. Como comentábamos en un artículo anterior donde introducíamos las empresas del procomún, es importante ver que la supervivencia de estos recursos de base comunitaria depende de pactos, mecanismos de gobernanza y la habilidad de detectar y respetar las diferentes esferas de valor que emergen del procomún. Por otro lado, señalábamos que con el estudio de casos de empresas que se relacionan bajo principios éticos con el procomún no vamos a poder aportar soluciones ideales, pero sí un compendio de ejemplos y patrones de los que podemos aprender. Asumimos así que manejamos prácticas con una escala y una dimensión pequeña, en muchos casos local y que difícilmente puede replicarse o crear espacios económicos homogéneos en una escala mayor. Y justo aquí es donde empezamos a echar en falta “lo público” o, mejor dicho, muchas de las funciones que pensábamos cumplía.
Los mecanismos de gobernanza de estas prácticas empresariales responden a una realidad localizada, a un territorio económico cuyas singularidades los hacen, si bien en parte copiables, difícilmente replicables para una realidad de características territoriales, sociales, culturales y económicas diferentes. Parece evidente que la filosofía del código accesible, modificable y que permite producir obra derivada si se cumplen esos mismos principios (copyleft) tiene limitaciones cuando hablamos de una realidad social compleja donde se debe poder asegurar no solo la subsistencia del código, sino garantizar las condiciones materiales de quienes lo producen, crear mercados que abastezcan las diferentes necesidades sociales y los diferentes territorios, producir puntos de salida iguales para todos y todas las que quieren producir en comunidad, dar acceso a esos recursos en diversas escalas, etc.
La pregunta que entonces nos debemos hacer es ¿cómo escalar estos procesos y crear realidades económicas de alcance mayor basadas en el procomún? Parece oportuno pensar qué función otorgamos a ciertos organismos públicos a los que hemos delegado cierto poder para que ejerzan procesos de acceso, control, regulación y redistribución cuando estos han dejando de funcionar bajo los principios de justicia social que en otro momento se habían pactado ¿Tienen algún papel en este proceso de control, regulación, acceso y escalabilidad lo público-local, lo público-estatal u otras formas que reconocíamos como “lo público”? ¿Son las mismas instituciones que han acompañado cuando no intervenido positivamente en la producción de una economía de base capitalista las que ahora pueden producir una economía del bien común? Dicho de otra manera y abriendo la reflexión ¿Qué estructura y diseño institucional cabe ingeniar para asegurar una economía del bien común accesible, replicable y escalable?
Sin estas cuestiones de fondo, podría parecer que el modelo a extraer de las empresas del procomún se genera de manera espontánea y local y no como reacción a un estado de cosas desequilibrado que supera su escala y condiciones. Podría parecer que se defiende un modelo que evoluciona bajo una lógica cercana al incrementalismo liberal –el “poco a poco esto irá mejor, ya veréis”– y hermana del libre mercado, donde el todos contra todos nos irá dando soluciones para algunos. Si con el procomún nos olvidamos de “lo público” o de las funciones que esos dispositivos cumplían, podemos caer en la tentación de pensar que ya existe un mercado homogéneo al que solo hay que saber cómo entrarle y donde todos y todas partimos de las mismas condiciones para hacerlo. Y cuando yo descubra la manera te dejaré que la copies, a ver cómo te funciona. A partir de ahí, todo dependerá de ti.
