La Policía inicia el proceso de expulsión de España del activista Lagarder Danciu
La Dirección General de Policía ha iniciado los trámites del procedimiento de expulsión de España del activista rumano por los derechos de las personas sin hogar, Lagarder Danciu, después de haber sido detenido tras protagonizar una protesta en un acto organizado por el Ayuntamiento de Málaga para conmemorar el Día de la Constitución.
Después de pasar la noche en el calabozo, el juzgado de instrucción número 14 de la ciudada malagueña concluyó el sobreseimiento de la causa iniciada por “no quedar acreditado” un supuesto delito de resistencia a la autoridad por el que fue detenido por la Policía durante su protesta en favor del derecho a la vivienda.
Pero, a su salida, la Brigada de Extranjería le entregó la notificación de la apertura de su procedimiento de expulsión, a pesar de ser un ciudadano comunitario.
La normativa española, a través del Real Decreto 240/2007 (aunque aparece citado 557/2011 por un error del modelo, que también se refleja en una de las fechas mencionadas) regula los criterios por los que se puede expulsar a un ciudadano de los estados miembros, basados en motivos de “orden público, seguridad pública o salud pública”, un concepto que, según especialistas en Extranjería, suele dejar hueco para la arbitrariedad.
Según el letrado de Lagarder Danciu, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga Óliver Roales, la Dirección General de Policía ha alegado razones de “peligrosidad” basándose en las últimas dos detenciones del activista tras sus sonadas protestas. Una de ellas, la que tuvo lugar en Málaga ha quedado sobreseída. De la otra, que ocurrió en Sevilla, tiene un juicio pendiente.
“Por dos detenciones no se puede iniciar un expediente de expulsión, ni por una sentencia firme, pero es que aquí no hay ni una sentencia firme. Da la sensación de que es una decisión de carácter político”, considera el abogado.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que recurrir al orden público como motivo de expulsión presupone la existencia de una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental para la sociedad.
El abogado de Lagarder afirma confiado que esta apertura del procedimiento de expulsión “no tiene recorrido” y asegura que ya está trabajando en interponer las alegaciones oportunas. “Querían fastidiarle o asustarle como mínimo. Pero la Administración no puede seguir estas coordenadas”, defiende.
Según Francisco Solans, abogado experto en extranjería y exportavoz de la Fundación de la Abogacía Española, aunque finalmente “se expulsa a muy pocas personas comunitarias”, el problema es que “es un Real Decreto muy abstracto” lo que “puede facilitar la arbitrariedad”. Asegura que “la Policía a veces mete dentro de estos conceptos lo que le da la gana”.
Lagarder: “Es un acto político”
“La Brigada de Extranjería pide que me expulsen por protestar por el derecho a la vivienda amparado en la Constitución que se estaba conmemorando en ese acto. Esto es escandaloso”, ha asegurado el activista conocido por sus polémicas protestas en defensa de las personas sin hogar.
El activista denuncia que se trata de un acto político. “El alcalde ha utilizado su política local como instrumento de opresión. Cuando me dieron la notificación, un policía me dijo que 'era una orden de arriba”, concluye Lagarder.
