Cuando la Universidad se convierte en un lujo

“Entonces, resumiendo, nosotras nos encargamos del vino y de la bebida. Tú, si puedes, de todo lo relacionado con la música. ¿Eso dijiste antes, no? Sí, eso es. Y el resto, ya sabéis, a compartir el evento en redes sociales para que esto se pete de gente”. Se petó. Era primavera de 2014 y esa sangriada, organizada por los estudiantes de Medicina, se petó.

“Gracias a esa fiesta pude pagar la matrícula de ese curso”, recuerda dos años después Daniel Basadre mientras hace cálculos sobre cuánto se recaudó. “Unos 1.100 euros, o algo así”. Justo lo que necesitaba para terminar de pagar los 2.500 euros que costaba su matrícula. “Si no es por el detalle que tuvieron mis compañeras, me habría sido absolutamente imposible seguir estudiando”.

El caso de Daniel, que parece particular y aislado, no lo es. Hace dos años, gracias a campañas como #Faltan45000 muchos estudiantes nos dimos cuenta del problema: hay compañeros que no pueden estudiar por motivos económicos. Hoy la situación no ha cambiado mucho porque la raíz del problema sigue ahí: el elevado coste de las tasas universitarias.

Fue el 20 de abril de 2012 cuando, mediante Real Decreto-ley, en el marco de “medidas urgentes de racionalización del gasto público educativo”, el Gobierno permitía a las Comunidades Autónomas subir los precios de las tasas universitarias, lo que provocó el incremento del precio de las matrículas que, en algunas comunidades como Madrid o Cataluña, llegó incluso a duplicarse y triplicarse.

De este curso 2015-16 no hay datos cerrados porque Educación no los ha ofrecido aún, pero podemos afirmar que el problema sigue existiendo. La realidad de una de las mayores universidades públicas de España, la Universidad Complutense de Madrid, puede servirnos como referencia. Aunque a principio de curso la presidenta Cifuentes bajara las tasas un 10% (después de una progresiva subida del 75% desde 2012), el actual Vicerrector de Estudiantes, Julio Contreras, afirma que “el problema no ha desaparecido”.

Este curso, según los datos facilitados por el Vicerrector, se han gestionado desde la Complutense cerca de 27.000 becas al Ministerio de Educación, junto con las casi 3.000 que se han tramitado a través de la UCM. Finalmente, el Ministerio ha fallado a favor casi 17.000 becas (de un total de 70.000 estudiantes de grado y master), además de las 800 becas adjudicadas por la UCM. “Son muchos, casi una cuarta parte del total, los estudiantes que no podrían haber estudiado o difícilmente lo podrían haber hecho si no fuera por las ayudas que hay”, reconoce el vicerrector.

Y, llegados a este punto, es oportuno preguntarse por qué un problema de esta envergadura (el derecho a la enseñanza está reconocido en el artículo 27 de la Constitución española y es un derecho humano universal) ya no supone un motivo de movilización dentro de los estudiantes y cómo esta realidad se ha normalizado en la vida universitaria.

Uno de los factores que prolongan este problema es la invisibilización del mismo. Así lo explica Fernando Harto de Vera, Vicedecano de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología: “La crisis económica y la subida de tasas golpearon tan fuerte que muchos de esos estudiantes con dificultades económicas han asumido que no pueden hacer frente a la matrícula. El sistema expulsó a quien necesitaba ayuda y ya, directamente, no están”. Así, esa silla vacía, ese estudiante invisible, difícilmente podrá reivindicar para sí sus derechos.

Otro de los factores que explican la invisibilidad del problema es el nuevo perfil del estudiante universitario medio. “Cuando se expulsa de la universidad a los estudiantes de familias más humildes, es difícil que los estudiantes que se quedan, es decir, aquellos que pueden pagar la universidad, se preocupen por esa realidad, porque, básicamente, la desconocen”, explica un estudiante que prefiere mantenerse en el anonimato.

Todo esto, sumado a la desunión y la debilidad del movimiento estudiantil, quizás fruto de la falta de éxitos desde la implantación del plan Bolonia, junto con la escasa mediatización, ha hecho que este problema se mantenga. Aún hoy se sigue pensando que el hecho de que un estudiante universitario no pueda pagar su matrícula se debe a motivos personales y particulares, y no a situaciones políticas que responden a decisiones estructurales.

En este caso no ha ocurrido algo parecido a lo que sí pasó con el problema de la vivienda, cuando se pasó de lo personal a lo político: la mediatización y la articulación de un movimiento estatal como la PAH, entre otras cosas, consiguieron que fuese legítimo defender a una familia que iba a ser desahuciada.

Ante este panorama, muchos estudiantes y colectivos han optado por iniciativas autogestionadas como alternativas a este problema. Las sangriadas son uno de los ejemplos más conocidos, pero hay más. Gonzalo Millán, graduado en Periodismo en la UCM, junto con más compañeros de la universidad y grupos de música, empiezan a dar forma a un festival universitario previsto para finales de septiembre. “El objetivo del festival es movilizar y concienciar al público estudiantil sobre este problema. Todos los fondos irían destinados a estos jóvenes que se han visto expulsados de la universidad por motivos económicos”, explica Gonzalo.

Y, desde una perspectiva más amplia, me parece oportuno situar este problema bajo el prisma de la desigualdad. No se trata de ningún descubrimiento, pero si reconocemos que existe una evidente correlación entre la movilidad social y la educación de los ciudadanos, no parece muy acertado obstaculizar a base de recortes y subida de tasas la mayor herramienta que dispone nuestra sociedad en favor de la igualdad de oportunidades: la educación y, en este caso, la educación universitaria.