Competencia demanda al Gobierno ante la Audiencia Nacional por blindar al taxi frente a Uber
El organismo regulador de la Competencia ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra determinadas restricciones a la competencia establecidas en la normativa de vehículos de alquiler con conductor. El superregulador actúa así después de haber avisado el 14 de enero al Ministerio de Fomento sobre este reglamento aprobado un mes antes de las elecciones que establecía unas cláusulas respecto a las licencias VTC que son las que utilizan compañías como Uber o Cabify. A su vez, el pasado 9 de febrero, el organismo había formulado un requerimiento al Ministerio de Fomento solicitándole la eliminación de varios artículos incorporados en la Orden FOM 2799/2015, del 18 de diciembre.
Fomento no ha respondido ni motivado los requerimientos previos solicitados por el organismo, que ha decidido finalmente interponer un recurso contencioso administrativo dirigido a “mejorar ambas normas y remover las restricciones injustividaas a la competencia que perjudican a los consumidores, las empresas, los autónomos y al propio sector público”. En el argumentario de Competencia para llevar a cabo esta accion se apunta que está legitimada para impugnar los actos de las administraciones públicas y las normas con rango inferior a la ley que sean contrarios a los principios de promoción de la competencia efectiva y a la regulación económica eficiente. En este caso, el superregulador señala que actúa motivado por la ley de garantía de la unidad de mercado.
Las cláusulas que Competencia considera que van contra el libre mercado son las que afectan a los límites cuantitativos a las licencias de VTC, obligación de contratación previa del servicio y prohibición de competir de forma directa en la vía pública. Además, dentro de estas características que considera que no se ajustan a la normativa se encuentran las restricciones geográficas a la prestación del servicio que fragmentan el mercado nacional. Asimismo, entre las cláusulas que el organismo considera que deberían suprimirse se encuentran las relativas al establecimiento de un número mínimo de vehículos para operar y una serie de restricciones que considera innecesarias y discriminatorias para los nuevos entrantes relacionadas con la representatividad y la antigüedad de los vehículos.
¿Qué aprobó el Reglamento?
El Reglamento aprobado por el Gobierno se modifican varios puntos importantes relativos para el transporte de pasajeros. En este sentido, esta norma establecía por un lado la proporcionalidad entre taxis y vehículos privados con licencia VTC (los que usan Uber o Cabify) y por otro, establecía la flota mínima para solicitar licencias VTC. Respecto al primero, el documento incluía la ratio de proporcionalidad de una licencia VTC por cada 30 de taxis que había quedado en agua de borrajas tras varios fallos en los tribunales.
Al introducirse esta ratio en el nuevo reglamento terminaba con un vacío legal que ha permitido hasta el momento la aprobación de nuevas licencias de este tipo vía tribunales. Esto era posible hasta ahora porque el Tribunal Supremo había impugnado el Reglamento de 2010 que desarrollaba la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de 2009 -norma que había sido modificada por la Ley Ómnibus de 2009- donde se establecía esta proporción por considerar que el texto tenía aspectos más restrictivos que los de la propia norma. Aunque se aprobó la nueva normativa de transporte en 2013 al no haber reglamento hasta ahora los tribunales habían seguido fallando a favor de quienes pedían licencias por esta vía. Según apuntan las fuentes consultadas en varias ciudades esta proporción es menor y por tanto, no se podrían conceder nuevas licencias para vehículos con conductor. Competencia considera que esta cláusula supone un “obstáculo a la competencia”.
División en el regulador
Este movimiento de Competencia se produce en un momento en el que el regulador vive un cisma relativo a la economía colaborativa. La elaboración de un informe sobre cómo regular la economía colaborativa ha abierto una brecha dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los consejeros más conservadores no querían ni poner sobre la mesa un tema que ha generado fuertes protestas sobre todo en sectores como el taxi, que ven la entrada de nuevos actores como Uber como una forma encubierta de liberalización del sector. Sin llegar a votar las conclusiones de este documento, el 11 de marzo se anunció que se volvían a enviar a consulta pública las conclusiones del mismo.
En un organismo copado por la derecha, ese día la vicepresidenta del organismo, María Fernández (que estuvo a las órdenes de Álvaro Nadal en la Oficina Económica de Moncloa y era la encargada de preparar las reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos), y otros cinco consejeros pidieron por escrito al presidente, José María Marín Quemada, que incluyera en el orden del día de la reunión de este miércoles incluir la pérdida de confianza en Antonio Maudes. Finalmente, El presidente del organismo decidió finalmente mantener en su cargo a Maudes.
