Primer acto para una Ley Democrática Extremeña
Este jueves en la Asamblea ha tenido lugar el primer acto para una Ley Democrática Extremeña. Ha sido con el debate y votación de una iniciativa política formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. En concreto: “Propuesta de Impulso ante el Pleno, instando a la Junta de Extremadura a elaborar un proyecto de Ley de la Memoria Democrática Extremeña, y a exigir al Gobierno de la nación que cumpla con lo establecido en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica en cuanto al reconocimiento y la ampliación de derechos y el establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.
La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del grupo parlamentario socialista, Podemos y Ciudadanos (37 de 65 diputados).
Ocho años hace que fue aprobada en el Congreso de los Diputados la denominada Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007). Ocho años en los que ha brillado por ausencia el incumplimiento de la misma. A la falta de dotación presupuestaria para atender la búsqueda, localización, exhumación e inhumación de las víctimas enterradas en cunetas, se une la desidia a la hora de conceder permisos a los familiares que querían acceder a terrenos privados para recuperar sus seres queridos y darle sepultura digna.
Entre derogar la ley o incumplirla, el gobierno de Mariano Rajoy optó por lo último, y él mismo no tuvo empacho en reconocerlo públicamente el pasado mes de noviembre en el foro “La España necesaria” organizado por el diario El Mundo. “Mi gobierno ha dado cero euros a la Ley Memoria Histórica desde su llegada; el tema no suscita gran debate social”, fue lo que dijo un satisfecho Rajoy. Si el silencio administrativo ha sido cruel, las palabras del presidente Rajoy son inaceptables en una democracia que se precie como tal.
Lamentable no es, señores del Partido Popular, que estemos hablando de la memoria histórica 40 años después de la muerte del dictador Franco, lo verdaderamente insultante es que todavía no tengamos asumido que la dignidad de un país se mide por cómo trata a sus muertos. Además, señores del PP, tenemos presente la pervivencia de simbología franquista en nuestras calles, plazas, iglesias, etc. Y, a la vez, el repudio general ocasionado por el denominado “callejero etarra”. Nadie aprueba que las víctimas vivan en calles, plazas, pueblos… con nombres de quién los mató. Todas las víctimas deben ser consideradas y atendidas como de primera.
Verdad, justicia y reparación vienen demandando desde hace años la Asociación para la Memoria Histórica de Extremadura y personas particulares. Mucho hecho y mucho por hacer. Pero se hace camino al andar…, y siempre presente: “Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino, nunca digas, no puedo más y aquí me quedo”.
Que las distintas administraciones de Extremadura dejen caer el peso de la Ley 52/2007 sobre aquellas instituciones que la incumplen, es una exigencia democrática que no puede demorarse más. Que la futura Ley Democrática Extremeña garantice el derecho de los extremeños a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la guerra civil y la dictadura, y especialmente en las escuelas, objetivo y fin principal que deseamos.
