Cuando la Junta de Castilla y León adjudicó a un consorcio privado el negocio del nuevo hospital de Burgos, el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, prometió tres cosas: que sería más barato, más rápido y que no aumentaría la deuda pública. Ninguno de los tres compromisos se cumplió. La Junta ha tenido que avalar un crédito de 128 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para su construcción. Se suponía que estaría inaugurado en 2009 y no abrió hasta el año 2012. Y estaba presupuestado en 242 millones de euros, pero ya lleva gastados más del doble, 528 millones.
El sobrecoste del Hospital Universitario de Burgos es descomunal: 286 millones, según ha denunciado el PSOE de Burgos ante el Tribunal de Cuentas. La ciudad tiene alrededor de 180.000 habitantes, por lo que la derrama ya alcanza los 1.588 euros por cada burgalés; 764 euros por persona si repartimos el sobrecoste entre todos los habitantes de la provincia, aunque Burgos también cuenta con hospitales en Aranda de Duero y Miranda de Ebro.
Es una gran hipoteca –que no pagarán sólo los burgaleses, sino todo los contribuyentes de la comunidad–, pero la factura total será aún mayor. Cuando se construyó el hospital, la Junta se comprometió a pagar un canon de 38 millones de euros anuales durante tres décadas. Como los costes se han disparado, el canon también lo ha hecho; en 2013 ya fue de 71 millones.
A este ritmo, el hospital privado que iba a costar sólo 242 millones acabará saliendo a la Junta por más de 2.000 millones. Por comparar, la cifra total equivale a más de la mitad de la mayor obra pública actualmente en construcción en el mundo, la ampliación del Canal de Panamá (3.400 millones de euros).
Los grandes números son escandalosos, los pequeños detalles, aún más. El coste se ha disparado porque la Junta ha permitido sucesivas ampliaciones de presupuesto; unos modificados donde incluso se llegó a compensar a la empresa adjudicataria con 34 millones de euros por su propio retraso con las obras. El Gobierno autonómico ha aprobado estos sobrecostes sin denunciar la adjudicación, a pesar de que el contrato que firmó establecía penalizaciones en caso de que las obras se retrasasen, como sucedió.
Por supuesto, sólo pierden los contribuyentes, no la empresa que explota el hospital. A medida que el presupuesto aumentaba, la Junta de Castilla y León amplió el canon anual para que no mermase la rentabilidad de los inversores. Según un documento oficial de la Gerencia Regional de Salud al que ha tenido acceso eldiario.es, el hospital tenía calculada una rentabilidad anual de alrededor del 7% en su primer plan de negocio.
Con las sucesivas ampliaciones de presupuesto, el Gobierno autonómico compensó los sobrecostes para mantener la rentabilidad en un porcentaje similar: el 6,92% anual. El negocio es redondo para la empresa que gestiona el hospital, que ve cómo su rentabilidad está garantizada, por más que se disparen sus costes.
Los préstamos que financiaron la construcción del hospital también están bajo sospecha. Un particular de Burgos ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea y la Fiscalía General del Estado, donde cuestiona que el dinero de los contribuyentes financie este negocio privado. Una empresa pública de la Junta –Sociedad Patrimonial de Castilla y León SA– solicitó al Banco Europeo de Inversión un crédito de 128 millones que la propia Junta avaló.
Desde esa sociedad pública, el dinero llegó después a la empresa privada que gestiona el hospital, a pesar de que el dinero de este banco público europeo no se puede destinar a iniciativas privadas. Según esa misma denuncia ante la Comisión Europea, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la cantidad avalada por la Junta fue de 128 millones, pero en las cuentas de la concesionaria del hospital sólo entraron 100. El destino de los otros 28 millones de euros es un misterio.
A pesar de la importancia de esta adjudicación, la opacidad ha sido la norma. Según publicó la Cadena SER, el Ministerio de Economía ha abierto un expediente contra la sociedad que gestiona el hospital por no presentar en tiempo y forma sus resultados anuales. La multa por ocultar esta información podría alcanzar los 300.000 euros.
La Junta de Castilla y León no sólo adjudicó el hospital, comprometió un canon anual, avaló el principal crédito y blindó la rentabilidad a los inversores. También proporcionó los terrenos para su construcción. ¿Los accionistas en este lucrativo negocio? Son varias empresas pero hay tres socios que destacan sobre los demás.
Según el último depósito de cuentas, del año 2012 –desde entonces, el accionariado ha podido sufrir cambios–, la constructora OHL posee el 20,75%. Un fondo de capital riesgo del Banco de Santander es dueño del 17,64% de las acciones. Y el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, el propietario del Diario de Burgos que fue condenado a siete años de cárcel por corrupción, está al frente de Urbanizaciones Burgalesas SL, que tiene otro 20,75% de la sociedad que gestiona este negocio: Nuevo Hospital de Burgos SA.
Urbanizaciones Burgalesas SL no es propiedad exclusiva de Méndez Pozo. También participan en esa sociedad otras empresas constructoras de la ciudad, como Arranz Acinas, Gonorsa o Aragón Izquierdo. Desde que estalló la burbuja inmobiliaria, Urbanizaciones Burgalesas SL ha caído en picado y en 2011 arrastraba una deuda de 95 millones de euros, según las últimas cuentas presentadas en el Registro de la Propiedad en las que también declararon unas pérdidas de cuatro millones de euros.
Antes de dedicarse al hospital privado, Urbanizaciones Burgalesas SL invirtió en un negocio bastante menos rentable: en el Reino de Don Quijote, un ruinoso proyecto de casino y parque temático en Ciudad Real que fue cancelado tras dejar unas pérdidas millonarias que, en gran medida, soportó la quebrada Caja de Castilla-La Mancha.
Urbanizaciones Burgalesas SL aún no ha presentado sus cuentas de 2012, el primer año en que empezó a funcionar un hospital privado que muy probablemente ha mejorado su delicado estado financiero.
En el consejo de administración de la concesionaria del hospital también se sienta Jesús Arranz Acinas, del grupo Arranz Acinas, una de las constructoras adjudicatarias del fallido bulevar de Gamonal y aliado de Méndez Pozo en muchos otros negocios. Arranz Acinas y Méndez Pozo también edificaron, junto con otras de las constructoras que son socias del hospital, el residencial donde tiene su polémico ático el alcalde de Burgos, Javier Lacalle.
El presidente de Nuevo Hospital de Burgos SA es José María Arribas Moral. Antes presidió la Caja de Burgos y está siendo investigado por la Justicia tras una denuncia de UPyD. Cuando era presidente de Caja Burgos, la entidad financiera aprobó 34 millones de euros en créditos para sus empresas con condiciones muy favorables. Gran parte de ese dinero aún está por devolver y probablemente nunca volverá: 12 millones a crédito fueron para una de sus empresas, Indasa, que quebró poco tiempo después.
Además de los créditos, la denuncia de UPyD también acusó a varios de los consejeros de la Caja de Burgos de cobrar sobresueldos de forma irregular. Entre los señalados por la denuncia está también el vicealcalde de la ciudad, Ángel Ibáñez, que recibió 24.000 euros de la caja. Según la misma denuncia, José María Arribas cobró 61.000 euros.
El negocio para los accionistas del hospital privado no se limita a ese 6,92% de rentabilidad anual que garantiza la Junta de Castilla y León. El 29 de noviembre de 2011, unos meses antes de que el Hospital Universitario de Burgos comenzase a funcionar, el hijo de Méndez Pozo, Miguel Méndez Ordóñez, creó una nueva empresa de asesoría y servicios hospitalarios. Se llama Facilita Río Vena Nuevo Burgos Gestión de Servicios SL y su objeto social, según su propia memoria abreviada depositada en el Registro Mercantil, es “el asesoramiento y prestación de servicios de apoyo al Nuevo Hospital de Burgos”.
La familia Méndez Pozo colocó al frente de esta sociedad a Javier Fernández-Monzón, un profesional del grupo con larga trayectoria en el sector inmobiliario pero sin experiencia previa conocida en la sanidad. Según su propio perfil público en Linkedin, Fernández-Monzón es al mismo tiempo director general de Facilita Río Vena y “responsable de la oficina técnica del hospital”. A pesar de que el Hospital Universitario de Burgos comenzó a funcionar el 18 de junio de 2012, en poco más de cinco meses, esta empresa de la familia Méndez Pozo facturó cerca de medio millón de euros con sólo cinco empleados.
Miguel Méndez, el presidente de Facilita Río Vena Nuevo Burgos, es también el constructor que presumió en público de invitar al ahora alcalde de Burgos, Javier Lacalle, a unas vacaciones en Francia, en la Costa Azul.
Los trabajadores del hospital también aseguran que gran parte de los equipos que se han instalado en el privatizado Hospital Universitario de Burgos salieron del anterior centro público, el Hospital General Yagüe. Camillas, sillas de ruedas, mesas y otros equipos del nuevo centro médico aún tienen el número de inventario del antiguo hospital franquista, conocido en la ciudad como “las trescientas camas”.
Según denuncian trabajadores del hospital, este material sólo ha podido llegar al nuevo centro con la complicidad de la Junta de Castilla y León. En el contrato del nuevo hospital estaba previsto que todo el equipamiento fuese completamente nuevo: no figura que los viejos equipos se fuesen a reciclar. Tampoco hay constancia de que la Junta, propietaria de ese material, lo haya vendido al nuevo hospital privado.
Los trabajadores del hospital también denuncian los sobrecostes que carga la adjudicataria del hospital a cada pequeña reparación o cada nuevo material, unas facturas que indirectamente acaban pagando los contribuyentes. “Han llegado a pedir 6.000 euros por ocho tablones de anuncios de corcho”, aseguran fuentes sindicales del hospital.
El Hospital Universitario de Burgos es el único construido con este modelo privado en toda Castilla y León, un proyecto pionero en la región inspirado en el ruinoso modelo Alzira, el hospital valenciano de gestión privada que tuvo que ser rescatado con dinero público tras una nefasta gestión.
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