El Ayuntamiento de Madrid se declara contrario al TTIP
El Ayuntamiento de Madrid se declara contrario al Acuerdo Transatlántico sobre el Comercio y la Inversión, conocido como TTIP, si este no respeta una serie de condiciones. Entre ellas, no influir en la contratación pública de las administraciones locales o que se excluya la posibilidad de denunciar ante los “tribunales privados” las decisiones del Consistorio, como la remunicipalización de empresas. Así lo recoge una proposición que se aprobará este miércoles en el pleno con los votos de Ahora Madrid y el PSOE.
El texto muestra la preocupación del gobierno municipal por la actual concepción del TTIP –el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos– y del CETA –el tratado de libre comercio con Canadá–. En concreto, se hace alusión a que ambos acuerdos podrían socavar la autonomía de las administraciones locales.
Así, la iniciativa rechaza ambos tratados de libre comercio hasta que estos no aseguren el respeto a una serie de condiciones. Entre ellas, que se garantice que EEUU firma los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hasta ahora solo ha suscrito dos.
El Ayuntamiento también quiere que el TTIP no se inmiscuya en la contratación pública, que Ahora Madrid ha modificado incluyendo cláusulas sociales. Tampoco quiere que este acuerdo permita la entrada de Organismos Genéticamente Modificados en la Unión Europea, conocidos como transgénicos, ni que acabe con el principio de precaución para los contaminantes químicos.
Por último, el texto reclama que el TTIP excluya la posibilidad de que empresas extranjeras puedan demandar ante “tribunales privados” medidas tomadas por el Ayuntamiento de Madrid en beneficio del interés público. Entre ellas se cita la decisión de dejar de usar el glifosato o la remunicipalización de la empresa de servicios funerarios. Estas decisiones solo pueden ser juzgadas por “un tribunal público” con “jueces de carrera”.
Transparencia en las negociaciones
El texto va dirigido al Gobierno, en concreto a los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y al de Economía. Al primero, que dirige en funciones Cristóbal Montoro, se le reclama que apoye “todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles”.
Al de Economía, regentado por Luis de Guindos, Ahora Madrid y el PSOE le piden que defienda que en la regulación europea “no se pierda soberanía en la acción legislativa y sea eficaz para garantizar y defender los estándares europeos en materia social, laboral, sanitaria, alimentaria, de protección al consumidor, al medio ambiente y de los derechos sociales”.
En esta línea, la iniciativa reclama al Gobierno que “defienda la máxima transparencia e información en todo el proceso de las negociaciones del TTIP”. El Ayuntamiento pide, no sólo los documentos sobre los que se discute, sino también guías explicativas accesibles para la ciudadanía y comparecencias periódicas del Ejecutivo en el Congreso para dar cuenta de los avances en las negociaciones.
Por último, el Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, reclama al Gobierno que en las negociaciones defienda “la total exclusión de los servicios públicos de interés general, como la salud, la educación, el agua, y los servicios sociales”, además de “los servicios económicos de interés general, independientemente de que se financien de manera pública o privada”.
El objetivo del Consistorio madrileño es que se abra un debate público, “en colaboración con otros distritos y municipios”, sobre estos acuerdos comerciales. El Ayuntamiento sigue así la estela de otros consistorios que se han opuesto al tratado. El más beligerante, el de Barcelona, que el pasado octubre aprobó una iniciativa similar.
En el caso de Barcelona, la declaración mostraba el apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de la sanidad o la educación. También pedía que sean declarados bienes públicos no susceptibles de negociación de ningún tratado de inversión ni de transacción mercantil de los servicios educativos, sanitarios, sociales, de pensiones, suministro de agua y energías.
