El convulso grupo de Cifuentes: 19 bajas en 18 meses y sin apoyos para los presupuestos de 2017

Cristina Cifuentes ganó las elecciones de mayo de 2015 con 48 diputados. Pero ese grupo parlamentario, que suma sus votos al de Ciudadanos para sacar adelante las iniciativas del PP, ha visto cómo 19 parlamentarios dejaban su acta y tenían que ser sustituidos. Algunos, por iniciativa propia; otros, forzados por las investigaciones por corrupción u otros escándalos. Mientras el partido busca al sustituto del último diputado que se ha bajado del barco, este viernes el equipo de Gobierno regional se reunirá para prorrogar los presupuestos para el año que entra. La baja por depresión de una diputada que acusa al portavoz del grupo de acoso laboral le deja sin mayoría para aprobar las cuentas de 2017.

La última baja en las filas populares de la Asamblea de Madrid ha tenido lugar hace tan solo unos días. Luis Peral comunicaba que dejaba su escaño por motivos personales, después de haber votado contra las leyes sobre los vientres de alquiler o la LGTBIfobia, saltándose la disciplina del grupo parlamentario. Tras abandonar la Asamblea dijo que seguía comprometido “con la vida y la familia”, dejando claro que su marcha se debía a discrepancias ideológicas.

Su renuncia obliga al PP a nombrar un sustituto, y el partido busca ya en el número 67 de su lista electoral. Hasta ese punto han corrido los puestos debido al alto número de bajas. El escaño de Peral tendría que ser ocupado por Eduardo Oficialdegui, aunque desde el partido apuntan a que podría rechazar el acta porque trabaja en la empresa privada. Si esto ocurre, habría que seguir bajando puestos en la lista.

Que el PP tenga que buscar sus nuevos diputados tan abajo es consecuencia del enorme número de bajas que se han producido en el último año y medio, y desde el mismo momento en el que Cifuentes ganó las elecciones. En total, 19 diputados, el 39,5% del grupo.

Cuatro diputados ni siquiera recogieron su acta tras los comicios. Algunos porque fueron elegidos para cargos técnicos, como es el caso de Manuel Quintanar o Miguel Ángel Ruíz, para los que Cifuentes exigía dedicación exclusiva. Los saltos a puestos técnicos se han ido sucediendo, y varios diputados han dejado su cargo en la Asamblea para ir al Gobierno regional. Es el caso de José Tortosa de la Iglesia, Cristina Álvarez o Eva Tormo.

Otros tenían motivos diferentes. Borja Sarasola, que había sido consejero con Ignacio González, no recogió su acta de diputado y anunció que se iba a la empresa privada. Un mes después se supo que le investigaba el juez del caso Púnica, que no le había imputado formalmente por su condición de diputado electo. Uno de los casos que más ruido generó fue el de José Cabrera. Tras cinco legislaturas en la Asamblea, dejó su asiento porque no quería hacer pública su declaración de bienes, como obliga la Ley. Salió ovacionado por sus compañeros de grupo.

Pero la baja más sonada ha sido la de Daniel Ortiz. Tuvo que dejar su escaño tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haber cobrado una comisión de 240.000 euros de una empresa de la Púnica a cambio de una adjudicación cuando era alcalde de Móstoles. Ortiz dimitió cuando fue imputado, porque así lo exige el pacto que el PP firmó con Ciudadanos.

Ese pacto amenaza con llevarse por delante a otros diputados implicados en casos de corrupción, y sobre los que se han ido conociendo detalles de investigaciones que les salpican. Es el caso de Bartolomé González, al que la Guardia Civil acusa de haber cobrado una comisión de 60.000 euros de la misma empresa que habría sobornado a Ortiz.

Al borde de la imputación está María José Aguado, a quien el juez José de la Mata ha ofrecido declarar voluntariamente como investigada por su papel en el fraccionamiento de contratos en Arganda del Rey. El último sobre el que recaen sospechas de corrupción es Juan Soler, al que la Policía acusa de amañar contratos cuando era alcalde de Getafe.

Sin mayoría para aprobar los presupuestos

Una de las bajas en el grupo que sustenta a Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid evidencia lo exiguo de su mayoría parlamentaria. José Ignacio Echeverría chocó con su automóvil en diciembre de 2015 y dio 0,66 mililitros de alcohol por litro de aire respirado. Interrumpió su convalecencia para ir a votar los presupuestos a la Asamblea, y ese mismo día dejó su acta. Tuvo que acudir a la votación porque sin él, los presupuestos no habrían salido adelante.

En esas se encuentra el Gobierno regional un año después. Su único escaño de ventaja frente al bloque de PSOE y Podemos se ha esfumado. La diputada Elena González-Moñux no acude a la Asamblea desde hace un par de meses, de baja por depresión. Ha denunciado al portavoz del grupo, Enrique Ossorio, por acoso laboral después de constantes “vejaciones y humillaciones”.

Mientras se resuelve su querella, González-Moñux avisa de que no acudirá a votar, al menos durante los próximos meses. El PP la ha apartado de la dirección del grupo durante su baja y ha respaldado en bloque a Ossorio, que respondió con una denuncia por injurias. Sin su voto, los diputados que suman PP y Ciudadanos son 64, los mismos que tienen PSOE y Podemos. Si los presupuestos se debatiesen ahora en la Asamblea, estos dos últimos partidos podrían bloquear su aprobación votando en contra. Al igual que el resto de iniciativas, los presupuestos pueden votarse hasta tres veces. A la tercera, decaen.

El Gobierno regional ha retrasado la elaboración de los presupuestos, argumentando en un primer momento que no se había aprobado el techo de gasto y los objetivos de déficit para 2017. Pero ya con esas cifras encima de la mesa, el Ejecutivo tiene que prorrogar los actuales y dejar para más adelante las cuentas para el próximo año.

Antes de la baja de su diputada, Cifuentes alertó de las consecuencias de prorrogar los presupuestos regionales. Lo hizo en septiembre de este año, en plenas negociaciones para la investidura de Mariano Rajoy. Si no se formaba Gobierno y la Comunidad de Madrid tenía que aplazar la aprobación de sus cuentas, habría consecuencias para la prestación de servicios, se congelarían los salarios de los funcionarios y se demoraría el pago a proveedores. Ahora la Comunidad se enfrenta a ese escenario, pero por circunstancias muy distintas.