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Navarra y el Estado iniciarán en abril la negociación para reformar el Estatuto y que la Policía Foral pueda asumir Tráfico

La presidenta de Navarra, María Chivite, en un acto con los jefes de la Policía Foral.

Rodrigo Saiz

Pamplona —

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Navarra y es Estado comenzarán a negociar en abril la reforma de la LORAFNA, el equivalente en Navarra el Estatuto en el resto de comunidades, para blindar el traspaso de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a la Policía Foral tras el veto del Tribunal Supremo. Las dos administraciones se reunirán a finales de ese mes para consensuar el texto a modificar, tal y como exigió el Supremo, y que luego deberá ser aprobado en el Parlamento de Navarra, en el Congreso y el Senado.

Estas semana el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, han mantenido un primer encuentro en el que han reiterado el “compromiso” de las dos administraciones de que la Policía Foral asuma la gestión de las carreteras navarra de manera íntegra. “Estamos ante una cuestión histórica para Navarra y con dos gobiernos comprometidos. Reforzar el autogobierno es reforzar el país”, ha solemnizado el secretario de Estado de Política Territorial.

Desde el Gobierno navarro se ha designado ya a las personas que integrarán la comisión negociadora con el Estado, que son el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna; la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro; y el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, Joseba Asiain. Se prevé que, en próximas fechas, el Gobierno central nombre a sus representantes en la comisión negociadora. 

El Gobierno de Navarra quiere que esta reforma de su Estatuto esté lista antes de que finalice el año. Con todo, la sentencia del Supremo va a retrasar el calendario que ya habían acordado las dos administraciones y que fechaba la culminación del traspaso en 2027, año en el que estaba previsto que la Guardia Civil dejase de operar en las carreteras navarras.

Mientras, la comunidad foral seguirá gestionando las siete competencias que ya le fueron transferidas, al interpretar que el fallo del Supremo tan solo anula el traspaso de la gestión de las carreteras para que se siga realizando de manera conjunta con la Guardia Civil. Así Navarra seguirá gestionando el cobro de las tasas, las autorizaciones para los centros médicos de reconocimiento; inspección de autoescuelas, las autorizaciones para los centros de recuperación de puntos del carnet, las campañas divulgativas de seguridad vial, la autorización de eventos con vehículos históricos y la elaboración de informes de pruebas deportivas que se desarrollen en carreteras navarras. 

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