Del caso Auditorio a Púnica: el camino judicial que ha llevado a la dimisión del presidente de Murcia

El 3 de abril de 2014 Ramón Luis Valcárcel dimite como presidente de Murcia tras casi dos décadas en el cargo para retirarse al Parlamento Europeo. Su sucesor, Alberto Garre, y el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, abren una batalla para lograr la designación como candidato del PP a las elecciones autonómicas de 2015 en un feudo histórico del partido.

Sánchez es el favorito de Valcárcel pero sobrevuela sobre él una investigación por corrupción que ensucia su imagen y de la que intentará librarse echándose en brazos de la trama Púnica.

Este es en síntesis el camino que ha recorrido el actual presidente murciano para acabar acusado de tres delitos de corrupción por un juez de la Audiencia Nacional. El magistrado Eloy Velasco desarrolla este relato en una exposición razonada de 32 páginas que ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), que tendrá que decidir ahora si imputa a Sánchez, aforado por ser presidente autonómico.

Velasco ya atribuyó a Sánchez los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada cuando abrió una pieza separa del caso Púnica el pasado mes de febrero. Ahora reúne todos los indicios contra el presidente murciano a lo largo de 48 puntos, que incluyen los detalles de su relación con Alejandro de Pedro, el empresario de la trama Púnica que hizo negocio vendiendo sus servicios de reputación en Internet a políticos y compañías del Ibex 35.

De Pedro ofrecía lo que Sánchez necesitaba. Según el juez, este último era consciente de que las investigaciones que le amenazaban podrían suponer un lastre en su carrera política. Había en esa época “diversas noticias negativas sobre su reputación tanto en la prensa en papel como en la digital, algunas de ellas vinculadas a aspectos de corrupción urbanística”, escribe el juez. Valcárcel también lo sabía y le dio su aval para ser candidato siempre que se resolviesen “sus causas judiciales”.

Unas obras pagadas pero sin acabar

Esas causas judiciales eran, en esencia, el caso Auditorio. Pedro Antonio Sánchez comenzó su carrera política como alcalde de la localidad de Puerto Lumbreras, donde en pleno auge de la burbuja urbanística impulsó un proyecto de 100.000 metros cuadrados que incluía un auditorio, un palacio de congresos y unas escuelas de música y danza.

El proyecto está sin acabar una década después y el presidente regional arrastra una imputación por prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación. Pagó seis millones de euros por unas obras que se adjudicaron de manera irregular y que están sin terminar.

Las investigaciones del caso avanzaban en 2014 al mismo ritmo que la carrera sucesoria. Para contrarrestar las informaciones perjudiciales, Sánchez buscó la ayuda de De Pedro. Decidió pagar sus trabajos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación que dirigía en aquel momento y echando mano de los fondos destinados inicialmente a formación. Todo ello con conocimiento del empresario de Púnica. Beneficio personal, fondos públicos e información privilegiada. Cohecho, malversación y revelación de información, los tres delitos de los que se le acusa.

Sánchez siempre ha defendido que De Pedro y sus socios le presionaron para firmar los contratos de reputación. El otro pilar de su defensa es que nunca llegó a firmar, así que no hay delito. El juez echa por tierra esa argumentación cuando afirma que se pactaron todos los detalles: 32.200 euros por unos trabajos que comenzarían en noviembre de 2014, y que incluirían la contratación de un periodista y la creación de un diario de noticias falso.

Todo se abortó con las detenciones

“Las cantidades indicadas no se llegaron a cobrar ni la 'formación' se llegó a adjudicar al explotar la operación policial de esta causa judicial llamada ”Operación Púnica“, a finales de octubre de 2014, que lo abortó, impidiéndolo”. No comenzaron los trabajos porque De Pedro fue detenido, pero ya se había pactado limpiar “la inconveniente imagen que -Pedro Antonio Sánchez- podría dar ante el partido y la sociedad”, señala Velasco.

El juez recoge en el escrito las cuatro reuniones -que define como “cuasi clandestinas”- que mantuvieron Sánchez, De Pedro y personas de su confianza. Uno de esos encuentro, al menos, fue iniciativa del propio presidente murciano: “Hola. Soy Pedro Antonio Sánchez, de Murcia. Hablamos hace un tiempo. Estaré en Madrid mañana por la tarde y el martes hasta las 11.00h. Si puedes, nos vemos. Gracias”, le escribió en septiembre de 2014, según consta en el sumario.

Además de las reuniones, Velasco repasa conversaciones telefónicas y emails entre los implicados que demuestran que se preparó todo. También hay documentos que lo reflejan. Un informe previo para reforzar la necesidad de que Sánchez pagase por mejorar su imagen analizó su reputación online y concluyó que “el 70% de las informaciones que aparecían en Internet sobre él eran negativas por los procesos judiciales en los que se había visto envuelto en su etapa de alcalde en Puerto Lumbreras”.

Rebatir a la Fiscalía Anticorrupción

Velasco incluye hasta mapas con las localizaciones concretas de De Pedro en fechas determinadas, gracias a la intervención de su móvil, para demostrar que estaba cerca de la Consejería de Sánchez en el momento en que hay constancia de las reuniones. Una extensa y exhaustiva exposición razonada que busca también rebatir a la Fiscalía Anticorrupción, que se opone a la imputación con el mismo argumento que usa Sánchez para defenderse: sin firma no hay delito.

El rechazo de Anticorrupción a la investigación contra el presidente murciano ocasionó en su momento una crisis en la Fiscalía. Las dos fiscales del caso Púnica apoyaban la imputación, pero sus superiores salieron a contradecirlas públicamente. Acabó interviniendo el ministro de Justicia, Rafael Catalá para reprochar a las fiscales que hubiesen hecho pública su discrepancia, en un gesto más de la protección que el Gobierno brindaba a Sánchez.

El juez ahora apoya la imputación negando que el simple hecho de que no se estampase la firma haga desaparecer el delito. No hay malversación, porque no se distrajeron fondos públicos para sufragar los intereses privados del presidente murciano, pero sí hay fraude, para el que basta “el mero acuerdo” para amañar un contrato. Ni el cohecho ni la revelación de información reservada quedan anuladas porque el contrato no entrase en vigor, abortado por las detenciones. Unas detenciones que se precipitaron por el chivatazo de un Guardia Civil a Francisco Granados.

Varias sentencias sirva a Velasco para apoyar su argumentación. Una tiene un significado especial, porque el ponente es José Manuel Maza Martín, entonces magistrado del Tribunal Supremo y ahora fiscal general del Estado. Escribió que para ser acusado de revelación de información reservada basta con trasladársela a un particular, en perjuicio de quienes se presentan a la misma adjudicación, pero en una posición de desventaja.

Una argumentación similar sostiene las acusaciones de fraude y cohecho. Basta con haberlo cerrado todo, aunque no se concrete con una firma. En conclusión, Velasco pide al TSJM que investigue por estos delitos a Sánchez, quien quiso llegar a ser presidente autonómico pagando con dinero público el lavado de su imagen personal, ensuciada por un caso de corrupción urbanística en el que ha acabado imputado y por el que ha dimitido.