El Congreso oirá esta semana las explicaciones del CNI sobre el espionaje de EEUU

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, dará respuesta el próximo miércoles ante la comisión de secretos oficiales del Congreso, a puerta cerrada, al supuesto espionaje de EEUU en España y la implicación de los espías españoles.

A las 9 horas está citado el máximo jefe de los servicios secretos, para que explique las actuaciones del CNI y su colaboración en las actividades de la inteligencia de EEUU en suelo español.

Se enfrentará a las preguntas que le planteen los portavoces de los grupos parlamentarios que integran la comisión de secretos oficiales, en la que por determinación legal, se solventan este tipo de asuntos que afectan a la seguridad nacional.

La llamada comisión de secretos oficiales, oficialmente denominada Comisión de Gastos Reservados, está presidida por el presidente del Congreso, Jesús Posada, y está formada por los portavoces parlamentarios.

Seguirá sin contar con un representante de ERC después de que el PP lo rechazara por considerar que no son idóneos para formar parte de un órgano que maneja información sensible para el Estado.

Tras publicarse que el espionaje a millones de ciudadanos en Francia y España fue realizado por los servicios de inteligencia de esos países, que compartieron después la información con la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, Sanz Roldán declaró que el CNI trabaja siempre “dentro de la ley” y “no puede hablar ni de sus métodos, ni de sus procedimientos, ni de sus relaciones con terceros”.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió el jueves prudencia ante todas estas informaciones y el presidente Mariano Rajoy, quien defendió en el Congreso la actuación del Gobierno, señaló que es preciso recabar inicialmente toda los datos para determinar si realmente hubo espionaje.

El Gobierno puso en marcha la vía diplomática al convocar el pasado lunes al embajador estadounidense en Madrid, James Costos, para trasladarle su “inquietud”.

Para el Ejecutivo, de confirmarse las informaciones sobre el espionaje, sería un acto “inapropiado e inaceptable entre socios y amigos”.

“Queremos ser prudentes y, de confirmarse algunas informaciones publicadas sobre líderes, indudablemente afectan a la confianza y la relación mutua entre Estados”, según dijo la vicepresidenta el pasado jueves tras el Consejo de Ministros.

Por su parte, el secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, tras reunirse con el embajador estadounidense, se mostró convencido de que EEUU ofrecerá todas las aclaraciones solicitadas por el Gobierno español.

Desde la oposición, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que hay que decirle a EEUU que ha puesto en riesgo la confianza y que, si se confirmaran las prácticas denunciadas, sería una “deslealtad” intolerable.

Desde IU, Cayo Lara, ha mostrado su crítica al Gobierno por su respuesta “servil y complaciente” ante el espionaje “masivo” estadounidense.

Sin embargo, el Gobierno aún no ha obtenido respuesta y espera a las explicaciones para tomar las decisiones oportunas.

Otras formaciones políticas como UPyD o Amaiur, integrado en el grupo mixto, han pedido que más allá de la comparecencia del jefe del CNI sea la vicepresidenta la que dé explicaciones al Congreso al depender de ella el CNI.

Para CiU, es “inaceptable” que se pinche el teléfono de dirigentes de países socios o amigos, pero precisa que se trata de una situación que no puede abordarse desde la hipocresía.

El PNV ve positivo que el director del CNI comparezca en el Congreso, aunque se ha mostrado escéptico ante los resultados de sus explicaciones.

Desde el PP, se ha reconocido la “inquietud” ante las noticias que se han publicado y se ha asumido que es “imprescindible despejar las dudas”, por lo que valora la comparecencia del director del CNI.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias informativas sobre el supuesto espionaje masivo.

Tratará de determinar si, con lo que se conoce hasta ahora, hay algún elemento de relevancia penal y si, de abrirse una investigación sobre el asunto, ésta sería competencia de España.