Los fiscales sortean la orden de Catalá de examinar cientos de miles de sumarios en siete días
La reforma legal del Ministerio de Justicia para acortar los plazos de la instrucción de los sumarios penales ha derivado en una monumental chapuza, a falta de una semana para que entre en vigor. El cambio que introdujo la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pretendía que el 6 de junio todos los jugados españoles tuviesen calificados todas las causas judiciales en la vía penal como simples o complejas. Las primeras dispondrían de un plazo máximo de instrucción de seis meses. Para las complejas, ese periodo podría ampliarse un año más.
Cuando faltan siete días para que llegue la fecha, nadie, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Ministerio de Justicia, ni el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) conocen el número exacto de los sumarios pendientes. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, dio dos cifras distintas hace semana y media: aseguró primero que los sumarios a clasificar desde diciembre eran 346.000 y tres días después elevó sus números a 460.000.
Este lunes, en una reunión con el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios de juzgados, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés reclamó a los letrados que remitiesen las causas pendientes a las distintas fiscalías para que puedan ser analizadas. En horas, algunas fiscalías empezaron a recibir miles de causas pendientes, apiladas en cajas.
La respuesta de la fiscal general del Estado no se ha hecho esperar. El martes dictó una instrucción para que los fiscales decreten como complejas todas las causas a ciegas, sin siquiera examinarlas, para evitar que esos procedimientos penales prescriban tras agotar los plazos.
La nota de la Fiscalía General ordena: “Ante la entidad y el número de pendencias que impide su análisis pormenorizado, para hacer frente a tal situación procede cumplir con la explícita previsión establecida en la conclusión número 15 de la Circular 5/2015 de la Fiscalía General del Estado, incluso con el empleo de dictámenes uniformes para, alegando tal circunstancia transitoria y extraordinaria como fundamento de la petición, emitir el pertinente dictamen exclusivamente como ampliación de plazo”. Es decir, como no hay tiempo para examinar cada uno de los sumarios, declárense complejos usando si hace falta un razonamiento tipo para evitar que sean archivados.
El comunicado de la Fiscalía General del Estado reclama además “que se remita en la medida lo posible el número de causas penales que hayan sido dictaminadas por los fiscales desde el día 30 de mayo hasta el 6 de junio en que vence el período transitorio de aplicación del artículo 324 de la Lecrim. La respuesta del ministerio público es una patada hacia adelante que permite ganar tiempo y evitar que decenas de miles de casos se cierren en falso.
Entretanto, el fiasco de la reforma legal ha derivado en una guerra con varios frentes en el sector de la Justicia. El Consejo Fiscal, el máximo órgano de representación de los fiscales que incluye a la Fiscal General del Estado, ya dio por hecho hace 15 días que los planes del Ministerio eran inasumibles. La Unión Progresista de Fiscales acusó al Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, de intentar cargar sobre los representantes del Ministerio Público el fracaso enviándoles las causas a última hora y SISEJ ha respondido calificando de irresponsables las declaraciones del portavoz de la UPF y exigiendo una rectificación.
Todos los operadores judiciales coinciden en denunciar las deficiencias de la gestión política del cambio legislativo.
