Mecenazgo, propiedad intelectual y Biblioteca Nacional, tres leyes para 2013

Tres leyes en materia cultural tienen 2013 como horizonte: la del Mecenazgo, la reforma de la regulación de la Propiedad Intelectual y una nueva norma para la Biblioteca Nacional son las tareas que tiene el Gobierno pendientes de presentar para este nuevo año.

La anunciada Ley del Mecenazgo se ha perfilado desde el principio de la legislatura como una de las prioridades del Gobierno, con la que pretende afrontar el cambio en el modelo de financiación de la cultura.

Su redacción está prácticamente finalizada pero las dificultades económicas han provocado su retraso debido a que “no es momento” para la puesta en marcha de las desgravaciones fiscales que contemplaría el proyecto y que tendrían un impacto negativo en la recaudación.

Aunque el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, aseguró en octubre que no podía comprometer un plazo para la presentación del proyecto de Ley sobre el Mecenazgo, posteriormente ha garantizado que la norma estará en vigor antes de que concluya 2013.

Esta ley, en cuya elaboración participan cinco Ministerios, prevé desgravaciones de entre el 60 y el 70 por ciento para las sociedades que inviertan en el sector cultural.

Y también contempla el micromecenazgo, una figura que permitirá a los ciudadanos, sin necesidad de constituirse en una sociedad, destinar desde 150 euros a determinados proyectos, cantidades que podrá desgravarse íntegramente.

Menos dificultades tendrá seguramente la elaboración de un proyecto de ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España que dotará a esta institución de naturaleza jurídica propia de tal forma que le permita actuar con mayor autonomía y eficacia.

El Congreso de los Diputados aprobó hace un mes una proposición no de ley del grupo parlamentario popular para dotar a la BNE de una nueva ley cuando se cumplen 300 años de su creación.

Una ley que, a semejanza de las realizadas para otras instituciones como el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Instituto Cervantes, otorgue a la BNE una mayor independencia y capacidad de gestión y financiera.

Este marco jurídico abarcaría aspectos de un régimen jurídico propio de derecho público, con posibilidad de actuación en el marco del derecho privado, al régimen de personal, al de contratación sometido a la Ley de Contratos del Sector Público y a un régimen presupuestario específico para facilitar la gestión presupuestaria y permitir la aplicación de los recursos financieros propios a las actividades de la Biblioteca Nacional de España.

El Gobierno trabaja también en una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que espera presentar en los próximos meses sin descartar a largo plazo “una ley integral”.

Tras la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual y la supresión del canon digital y su sustitución por una compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno quiere regular la propiedad intelectual para adaptarla a la nueva realidad digital.

Para ello quiere un marco de seguridad jurídica que, otorgando la necesaria protección a los titulares de los derechos de autor, sirva al mismo tiempo de soporte a la creación y de acceso a la cultura.