Procesado por encubrimiento y señalado por la UDEF: la corrupción del PP que no tapa el procés

Por primera vez en la historia de España un partido político va a sentarse en el banquillo. El PP ha sido procesado esta semana por los delitos de encubrimiento y daños informáticos. Dicho en castellano raso: por destruir pruebas. Por borrar y rayar 35 veces los discos duros de los ordenadores de su tesorero Luis Bárcenas a sabiendas de que la Audiencia Nacional lo estaba investigando en el caso de la caja B. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid ratifica una anterior de la juez Rosa Freire, titular del juzgado número 32 de Madrid.

En cierto modo, el Partido Popular es ahora víctima de sus propias leyes. A finales de octubre de 2012 en medio de una tormenta de casos de corrupción, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció una nueva propuesta de reforma del Código Penal, que corregía a una anterior exhibida solo unas semanas antes y que abría la puerta a juzgar a partidos y sindicatos. “No es de recibo que los partidos políticos y los sindicatos estén exceptuados de las responsabilidades penales que tienen las personas jurídicas en España. Naturalmente, serán tratados en el Código Penal exactamente igual que el resto”, dijo entonces el ministro para intentar frenar el tsunami de titulares que azotaba al partido a través de distintos sumarios.

El calendario ha jugado en contra del PP porque el borrado de los discos duros se produjo en 2013 con la reforma del Código Penal ya en vigor. Se sentarán en el banquillo su representante legal, el abogado Alberto Durán,  su actual tesorera, Carmen Navarro, y el exresponsable informático José Manuel Moreno, todos ellos procesados igual que el partido por daños informáticos y encubrimiento. Pese a que Bárcenas ha desistido de la acusación y la fiscalía de Madrid se ha posicionado en contra, esta se ha mantenido viva gracias a acusaciones populares encabezadas por Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) que también lo son en el caso caja B.

El caso de los ordenadores es un episodio suelto en la marejada de escándalos en la que sigue sumido el Partido Popular y que apenas han tenido repercusión en medio del ruido catalán. Esta misma semana ha quedado visto para sentencia el asunto de la primera época del Caso Gürtel (hasta el año 2003, otro sumario investiga la segunda parte y quedan piezas sueltas por territorios) y se ha cerrado también una derivada de la trama Púnica: el chivatazo que un Guardia Civil dio a el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y antiguo secretario general del Partido Popular de que la justicia lo estaba investigando por las adjudicaciones que recibieron él y su socio el constructor David Marjaliza.

Durante el mes más caliente del conflicto catalán en el que el presidente, Mariano Rajoy, sus ministros y los dirigentes del partido recordaban a los líderes independentistas a todas horas que la ley está para cumplirla, la Fiscalía consideró probado en el alegato final de la primera etapa del caso Gürtel la contabilidad en negro del partido. Lo expuso una de las fiscales del caso, Concepción Sabadell, durante sus demoledoras conclusiones: “Con prueba testifical -con la declaración del acusado- con prueba documental y con prueba pericial, ha quedado plena y abrumadoramente acreditada esta caja B”. En su alegato final, la representante del ministerio público tuvo tiempo para recriminar al PP que se dedique a negar esa contabilidad paralela “cuando ni siquiera investigó su existencia”.

El caso caja B será el siguiente que se juzgue en la Audiencia Nacional, de momento en el juicio de Gürtel I, cuya sentencia se conocerá en los próximos meses, la Fiscalía también da por hecho que el PP nacional se benefició de 133.628 euros procedentes de la trama de Correa y compañía.

La madeja de sumarios en la que se han visto involucrados importantes dirigentes del PP va propiciando nuevas piezas para cuadrar el puzle de lo que Bárcenas llamó “contabilidad extracontable”. En el caso Lezo se ha aportado una jugosa conversación en la que un empresario cuenta a un exdirigente del Canal de Isabel II cómo lograba los contratos de administraciones del PP. Rafael Palencia, que gestionaba una empresa de aguas, se sincera sin saber que su interlocutor, Ildefonso de Miguel, le está grabando supuestamente para después chantajear al PP: “Yo ayudo al partido en general para que él me ayude en general”. Esa ayuda generalizada sumó 165.000 euros en diferentes entregas al PP según apuntan los papeles de Bárcenas. La charla que se destapó en el caso Lezo ha sido incorporada al sumario de la caja B que instruye en la Audiencia Nacional el juez José De la Matta. 

Las evidencias sobre la financiación irregular del PP han llegado también al Diario de Sesiones después de que el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el máximo responsable de la investigación sobre Los Papeles de Bárcenas, declarase en el Congreso de los Diputados que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cobró sobresueldos en negro de su partido. Incidiariamente sí, respondió el mando policial a la retahíla de nombres que iba soltando la diputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa. Entre ellos estaban los exministros Federico Trillo, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, el conjunto de los secretarios generales del Partido Popular. En medio del listado de los perceptores estaba el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que volverá a salir seguro a medida que avance la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional.

Pese a la catarata de líos judiciales, nadie en el Partido Popular ha asumido responsabilidades y preguntado por ello, el presidente Rajoy defendió en la cadena Cope este martes, que se trata de casos “del siglo pasado”.

En realidad, no hay que remontarse tanto. Dirigentes como Ignacio González, acusado de media docena de delitos gravísimos durante su etapa en la Comunidad de Madrid y que acaba de sortear la prisión tras pagar una fianza de 400.000 euros, estuvieron mandando en el partido hasta anteayer. La investigación al expresidente madrileño ha dado con la pista de cinco millones de dólares en Colombia que según la Fiscalía son parte de las comisiones presuntamente cobradas por González gracias a las operaciones del Canal de Isabel II, la empresa de aguas de Madrid, en Latinoamérica.

Si González es Lezo, a su enemigo íntimo y compañero de Gobierno, Francisco Granados, le pillaron en Púnica, un sumario que le hizo pasar dos años y medio en prisión provisional. Este jueves, los consejos del que fue secretario general del PP madrileño a su exsocio David Marjaliza, para destruir documentación, una vez que recibieron el chivatazo de la Guardia Civil causaron perplejidad en el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga. Marjaliza confesó haber pagado a Granados “la campaña [de las municipales cuando era alcalde de Valdemoro] de 2009, la de 2003, viajes a Ibiza, barcos por 10.000 euros al día, televisiones, escopetas...” También reveló que había destruido los papeles de todo eso, “tres carros del Carrefour”, de acuerdo con las recomendaciones de Granados. “No lo tires, quémalo, y además me pone nervioso porque me dice que lo queme un día que haya niebla para que no nos pille el helicóptero de la Guardia Civil”, contó Marjaliza que le había pedido Granados, sentado a metro y medio de él durante el juicio.

La jefa de ambos, Esperanza Aguirre, también está bajo sospecha. Tres sumarios distintos apuntan a la financiación ilegal de cuatro de sus campañas electorales. Y el juez que ha asumido el sumario de Púnica sostiene que el PP de Madrid cuando ella era presidenta usó una contabilidad ad hoc para disimular la caja B. 

Y el siguiente en ser investigado va a ser su rival de siempre, Alberto Ruiz Gallardón, por la compra de una filial del Canal de Isabel II a través de Panamá en una pieza separada de la trama Lezo.