Procesan al expresidente de la FEMP Pedro Castro por prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 7 de Getafe (Madrid ha dictado un auto de procesamiento contra el exalcalde de la localidad y expresidente de la FEMP, Pedro Castro, tres exconcejales del PSOE y una de IU por el “caso aparcamientos”, la supuesta adjudicación irregular de obras de cinco parking en 2007.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, se les acusa de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude, cohecho, negociación prohibida a funcionarios, malversación y tráfico de influencias.

Junto a Pedro Castro, pasan también a la condición de procesados su hijo, el exconcejal de Hacienda David Castro; el exconcejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez; y la edil de IU, Sylvia Uyarra; además de la exconcejala de Obras, Cristina González.

Cristina González fue la primera imputada de este caso, por adjudicar las obras y explotación de uno de estos cinco aparcamientos a la cooperativa Jilguero, presidida por su marido, José Miguel Vieito, y de la que también formaban parte el padre y la madre de la edil, como secretario y tesorera, respectivamente.

El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha manifestado a Efe que este procesamiento es “la crónica de un acontecimiento anunciado”, ya que considera que las circunstancias que han rodeado al proceso “dejan claro que a los concejales del PSOE no les espera un buen final”.

“Todas las cooperativas estaban hechas el mismo día, a la misma hora, en la misma notaría, con la misma gestora (Roblepark SL) y tienen la misma sede (calle Madrid, nº 30, 1º A, en Getafe). ¿Cómo va a explicar Cristina González que una de las cooperativas estaba sólo formada por familiares suyos? ¿Cómo se han beneficiado? ¿Por qué no se levantó de la Junta de Gobierno y se inhibió de esta decisión?”, se ha cuestionado.

Desde el PSOE han replicado que esta resolución no es firme y que presentarán un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, ya que han argumentado que hay un informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) que señala que entre los procesados “no se detectan incrementos patrimoniales que pudieran tener un ingreso desconocido”.

Los socialistas han reseñado que “hasta en tres ocasiones el Ministerio Fiscal ha solicitado el archivo de las actuaciones por entender que los actos realizados en el proceso de adjudicación de los diferentes aparcamientos han sido siempre conformes a Derecho”.

El proceso judicial se originó el 27 de mayo de 2009, cuando el PP local presentó una denuncia por presuntas irregularidades en esta adjudicación, imputando el Juzgado en un primer momento a Cristina González, quien prestó declaración en marzo de 2011.

En enero de 2012, el PP de Madrid se presentó como acusación particular por considerar que Pedro Castro y David Castro también estaban implicados en lo que consideraban una trama corrupta con un beneficio aproximado de doce millones de euros para los gestores y concesionarios de los parkings, y en octubre de ese mismo año fueron llamados a declarar como imputados.