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Sáenz de Santamaría y Valenciano se reúnen para abordar reformas legislativas que frenen los desahucios

Concentración para impedir un desahucio en Madrid en 2011 (cc Juan Luis Sánchez).

Gonzalo Cortizo

Soraya Sáenz de Santamaría y la vicesecrataria general del PSOE, Elena Valenciano, abordan este miércoles en un almuerzo la posibilidad de pactar una reforma legislativa que frente los desahucios.

La intención es acercar posturas en la posible redacción de una ley que mitigue la sangría que están suponiendo los desahucios. El guante lo lanzó Alfredo Pérez Rubalcaba durante el debate de la pasada semana en el Congreso en donde invitó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a trabajar juntos para buscar soluciones al drama hipotecario que atraviesan muchas familias. Rajoy recogió el guante y en apenas unos días los dos principales partidos han empezado a hablar.

Tras las gestos de Rajoy y Rubalcaba en la tribuna, la vicepresidenta del Gobierno telefoneó a Elena Valenciano y, según fuentes conocedoras de las negociación, ambas quedaron para reunirse esta semana. Si las intenciones de los dos principales partidos llegan a buen puerto, esa futura ley sería el primer gran acuerdo entre Gobierno y oposición desde que Rajoy es presidente.

El PSOE llevará al encuentro una propuesta basada en obligar a los bancos a ofrecer periodos de cuotas blandas prolongados en el tiempo a aquellos hipotecados que no puedan hacer frente a sus pagos. Según la propuesta socialista, el banco y su cliente deberán retomar la relación de pagos normal cuando la situación económica del hipotecado lo permita.

En el seno del PP son conscientes de la necesidad de poner freno a una escalada de desahucios que saben irá en aumento creando un evidente conflicto social. Los dirigentes populares no ocultan ya que el código de buenas prácticas bancarias, impulsado por Rajoy, es ineficaz en la lucha contra los deshaucios ya que no obliga a las entidades bancarias a prácticamente nada.

Los socialistas irán a la reunión con la vicepresidenta con la exigencia de que la Ley que consigan redactar sea tramitada de urgencia, acortando sensiblemente los plazos que hagan posible su ejecución. Si PP y PSOE se ponen de acuerdo, en poco más de un mes podría haber una herramienta legislativa para frenar la sangría de desahucios.

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