De Ana Torroja a los Pujol, Gürtel o el ático de González: todos los sumarios conducen a Panamá

Panamá es el undécimo de la lista de países con mayor secreto financiero, según la clasificación de Tax Justice Network, una organización global que lucha contra la evasión de impuestos, y cuyo podio de estados más opacos siguen ocupando Suiza, Luxemburgo y Hong Kong. Y Panamá es también el hilo del que han tirado jueces, fiscales, policías y Agencia Tributaria para perseguir los grandes sumarios de corrupción que han acaparado portadas y titulares los últimos años en la prensa española.

Si el rastro del dinero conduce a Suiza o Andorra, la madeja de sociedades para ocultarlo desemboca a menudo en este país de América Central, al que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero retiró de la lista de paraísos fiscales en 2011 para allanar a grandes constructoras españolas el megacontrato del Canal de Panamá.

De la familia Pujol a la saga de los Carceller en Cataluña, pasando por el ático de Ignacio González, el caso Nóos o la trama Gürtel... Siempre hay por el medio sociedades panameñas. En los papeles de Panamá, que difunde un consorcio internacional de periodistas de investigación que en España han revelado La Sexta y El Confidencial, figuran al menos 1.200 sociedades, 558 accionistas y 166 intermediarios con dirección postal española.

El nexo de muchas de ellas se llama Mossack Fonseca –el bufete al que dan nombre dos de sus socios, el alemán Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, exasesor hasta hace unas semanas del presidente panameño, Juan Carlos Varela– que lleva 40 años ayudando a crear empresas a bufetes, dirigentes políticos, bancos, deportistas y en general a acaudalados del mundo.

El bufete Mossack Fonseca aparece tras el ovillo de sociedades que enredaron la supuesta compra del ático del expresidente madrileño Ignacio González. Según los investigadores, en el despacho panameño nació la sociedad Walford Overseas Investment, propietaria a su vez de la firma Coast Investors LLC radicada en el Estado norteamericano de Delaware, que fue la que, según el relato del propio González, alquiló primero a su familia la vivienda de lujo de Estepona.

Lo que investiga el juzgado de esta localidad malagueña es si todos esos nombres en inglés eran sociedades pantalla para ocultar el regalo de un piso de lujo al sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. La última explicación de González y su familia es que tras arrendar esa casa de verano (y destaparse el escándalo), decidió comprarla con los 636.580 euros que su esposa, Lourdes Cavero, cobró por el despido de su trabajo en la patronal de empresas eléctricas.

Del hiperactivo despacho Mossack-Fonseca sacó también sociedades pantalla la red Gürtel para sus negocios, según un informe de la Agencia Tributaria desvelado por la Cadena SER. Fuentes cercanas a la investigación apuntan al bufete como un instrumento esencial para esconder el dinero de sus negocios a través del contable suizo de la red, Arturo Gianfranco Fasana.

El cabecilla de la trama, Francisco Correa, ocultó a través de una de esas firmas, Roseport Holdings Group Corp, un yate de más de tres millones de euros que compró en 2005. El dinero según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía incorporado al juzgado procedía, cómo no, de cuentas suizas.

La vinculación de los principales imputados de Gürtel con Panamá llegó al punto de que Correa antes de ser detenido estaba tramitando un permiso de residencia en aquel país. Lo desveló la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal en 2009 para rechazar su puesta en libertad.

El dinero del caso Bárcenas también hizo una parada en Panamá. El 7 de julio de 2005 el extesorero del PP transfirió 13,6 millones de euros a una cuenta de la Fundación Sinequanon, radicada en el país centroamericano.

Dentro de los 70.0000 folios del caso Nóos, que ha sentado en el banquillo a la infanta Cristina y ha arruinado la imagen de la Casa Real, también hay facturas a nombre de Mossack Fonseca. Según el sumario, estaba asesorando a Iñaki Urdangarin y a su socio Diego Torres para montar empresas y abrir cuentas particulares a las que el Instituto Nóos envió 420.000 euros.

“Una sociedad para ahorrar impuestos en Andorra”

A Panamá conducen también los negocios de la saga Pujol. Marta Ferrusola –la esposa del expresidente, primera dama de Cataluña durante 23 años, la mujer que acudió al Parlament a decir que su familia “no tenía ni cinco”– se benefició, según el juez De la Mata que investiga una supuesta trama de comisiones ilegales y fraude fiscal, de Kopeland Foundation, una sociedad jurídica para ahorrarse impuestos en Andorra.

Uno de los hijos del matrimonio, Jordi Pujol Ferrusola, explicó al juez que se trataba de un instrumento recomendado por la entidad donde tenía el dinero la familia, la Banca Privada de Andorra “para ahorrar impuestos en aquel país”, y trató de desvincular a su madre de la sociedad, pese a que el nombre de Marta Ferrusola aparecía en correos electrónicos de la entidad bancaria incorporadas a la causa.

No solo la familia más influyente de Cataluña acudió a la ingeniería societaria de Panamá, la más rica hizo exactamente lo mismo. La saga Carceller, los propietarios de la cervecera Damm, tres generaciones de empresarios siempre bien relacionados con el poder ya desde el franquismo –Demetrio Carceller Segura fue ministro en la dictadura–, tejieron una red de empresas y sociedades para defraudar presuntamente y según la acusación que pesa sobre el patriarca, Demetrio Carceller Coll, 72 millones de euros.

La fianza que fijó la Audiencia Nacional fue de 764,8 millones de euros. El sumario se parece mucho a un manual de delincuencia económica. La Fiscalía Anticorrupción también en este caso llegó hasta Panamá. Era uno de los paraísos fiscales, junto a Luxemburgo, Antillas Holandesas y Madeira, donde la saga catalana escondía sus paquetes accionariales en distintas compañías con el dinero que presuntamente evadían desde 1990. El juicio no acaba de llegar. La grave enfermedad de Carceller Coll lo mantiene suspendido sine die desde junio.

Ana Torroja sí tuvo sentencia. Le cayeron dos penas de nueve meses de cárcel por esconder al fisco en los ejercicios 2006 y 2007 660.000 euros de los beneficios de la gira La Fuerza del Destino. La sentencia considera probado que la cantante de Mecano trató de engañar a Hacienda cobrando a través de un entramado societario de cuatro firmas repartidas entre las Antillas Holandesas y, por supuesto... Panamá.