Europa y los jueces rechazan los planes del Gobierno para gestionar el Guadalquivir

La planificación hidrológica en la que trabaja el Gobierno a través de las diferentes confederaciones de cuenca ha recibido un nuevo revés. La Comisión Europea ha dado un tirón de orejas y ha pedido que se evalúen las posibles repercusiones negativas que el acceso marítimo al puerto de Sevilla podría tener en Doñana. La alerta llega días después de que el Tribunal Supremo declarara nulo el dragado del río a su paso por la capital sevillana; se suma además a la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el blindaje legislativo diseñado por el Gobierno para el Trasvase Tajo-Segura.

Tanto Bruselas como los órganos judiciales españoles demuestran así que el Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado en mayo de 2013, vulnera la Directiva Marco de Agua (DMA) de la Unión Europea así como otras directivas comunitarias relativas a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Se trata de una denuncia que por ejemplo ha elevado ante diferentes instancias la organización WWF-Adena. La Unesco también se ha posicionado en contra del dragado por su afección a Doñana, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han respondido públicamente a este revés sobre la gestión del Guadalquivir. Sí han hablado desde la Autoridad Portuaria de Sevilla, principal promotora del proyecto, asegurando que no tiran la toalla y que esperan que en la nueva fase de planificación hidrográfica, que debería estar lista entre finales de 2015 y principios de 2016, se pueda retomar el proyecto. Eso sí, los fondos de cohesión europeos Feder destinados a la obra serán dedicados ahora otros proyectos del puerto de Sevilla.

“Una cosa es que no se haya hecho bien y otra es que el dragado sea nulo”, afirmó hace unas semanas en una rueda de prensa la presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño. El dragado, que entre sus propósitos tiene que los grandes cruceros turísticos lleguen a Sevilla, es apoyado por los sindicatos UGT y CCOO, además de por la Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio de Sevilla, que conforman la plataforma Sevilla por su puerto, Eurovía del Guadalquivir. Todos ellos han vinculado el proyecto al desarrollo económico tanto de la provincia de Sevilla como de Andalucía. Para el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, “es necesario que se lleve a cabo porque significa creación de empleo en una ciudad como Sevilla, con unos datos del paro devastadores”.

“Diga lo que diga el Puerto, el dragado es una actividad que va a perjudicar al río y, lógicamente, sería bastante curioso que se intentara, por parte de una administración pública, poner en marcha un proyecto que va a perjudicar al estuario del Guadalquivir y al río, sobre todo cuando los tribunales están diciendo que es totalmente contrario a los intereses generales”, explica el coordinador técnico de la oficina de WWF en Doñana, Juan José Carmona.

Desde esta organización, reclaman a las ministras de Fomento y de Medio Ambiente, Ana Pastor e Isabel García Tejerina, respectivamente, que se abandone oficialmente esta idea “faraónica e ilegal, y se ponga en marcha inmediatamente la recuperación del Estuario del Guadalquivir”.

Informes científicos

Tanto el Tribunal Supremo como la Comisión Europea han avalado los informes científicos que encargó el Ministerio y que concluían que el dragado de profundización “no es recomendable en la situación actual por repercutir negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario, y por lo tanto de Doñana, por no mejorar la situación frente a procesos extremos (turbidez y salinidad) y limitar severamente la capacidad de minimizar su duración y sus efectos”.

La respuesta de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla y del presidente de la patronal sevillana, Miguel Rus, ha consistido en criticar a los autores del estudio que desaconseja este dragado, los científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Uno de los documentos, firmado por el doctor en Ciencias Biológicas Hermelindo Castro, recoge que cualquier intervención, como sería el dragado profundo, “traerá consecuencias importantes en todos y cada uno de los subsistemas del estuario y de su mar litoral en el Golfo de Cádiz”; y añade que “profundizar el dragado y hacer mejoras posteriores en el estuario no es viable” si se pretende “mantener con vida el estuario. Primero hay que mejorar la situación en el estuario y luego se podrá evaluar si se puede profundizar el dragado y en qué condiciones”.

El borrador del proyecto del Plan Hidrológico, presentado en el año 2010, no incluía el dragado, que sí entró en el proyecto definitivo, aprobado en 2013. El propio Plan apunta posibles consecuencias: “Podrían verse modificadas las características físicas de las masas de agua de transición”. En concreto, las masas afectadas serían Cortas de la Isleta, Merlina, Punta del Verde y Vega de Triana, Cortas de los Jerónimos, los Olivillos y Fernandina, La Mata–La Horca, La Esparraguera–Tarfia, y Desembocadura Guadalquivir–Bonanza. Cambios, en resumen, que empeorarían la calidad de las aguas, en contra del objetivo general de la Directiva Marco de Agua.

Desarrollo económico o protección de los ríos

La justificación del proyecto siempre ha sido de índole económica. La Cámara de Sevilla explica que “el puerto puede ser uno de los principales motores económicos del área metropolitana, generando una plataforma de desarrollo para sectores clave del tejido productivo y posibilitando nuevas iniciativas en materia de inversión y empleo”.

De hecho, el Plan Director 2020 de la Autoridad Portuaria de Sevilla pasa por la mejora del acceso marítimo, eje de la estrategia de desarrollo, y la llegada de buques de más dimensiones. El coste de esta obra, recogido por el Plan Hidrológico del Guadalquivir, es de 30 millones de euros, financiados con fondos europeos y que se prevé que se amorticen en 25 años. Se estiman además dos millones de euros anuales en gastos de mantenimiento del canal de navegación del puerto de Sevilla en el estuario del Guadalquivir.

La defensa del dragado basada en el desarrollo económico levanta las sospechas de que el proyecto se incluya en los planes de gestión del río, que buscan cumplir la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea. Los objetivos oficiales de esos planes buscan el buen estado ecológico de los ecosistemas fluviales, arrinconando por ejemplo las infraestructuras hídricas. Tampoco encaja en otras directivas como la de Hábitats, que que busca la protección y mejora de la calidad del medio ambiente.

“La Directiva permite mantener un proyecto por razones imperiosas de interés público, a pesar de una evaluación negativa. Pero entonces se necesitan medidas compensatorias para garantizar que la coherencia global de la red Natura 2000 [de espacios naturales protegidos] quede protegida”, considera la propia Comisión, que critica que el Estado español “no ha estudiado detalladamente las repercusiones del proyecto ni las soluciones alternativas, lo que es un requisito básico a tenor de la Directiva, por lo que se le envía un dictamen motivado. España tiene dos meses para contestar. De no recibirse una respuesta satisfactoria, el asunto puede llevarse ante el Tribunal de Justicia de la UE”.

También la sentencia del Tribunal Supremo indica que “la necesidad no aparece explicada ni justificada en el plan” y que el dragado del canal de navegación del Puerto de Sevilla “no pretende alcanzar unos objetivos medioambientales previstos”, sino que “persigue que puedan navegar por el canal embarcaciones de mayor calado, porque puede ser beneficioso desde el punto de vista económico”.

Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua han denunciado repetidamente “la escasa o nula ambición del Gobierno a la hora de aplicar la Directiva” así como “el mantenimiento de las viejas inercias de fomento de la obra hidráulica”.

El Regadío

Además de por el dragado en Sevilla, la Unesco también ha mostrado su preocupación por el proyecto de construcción de una presa en el río Guadiamar, por la reapertura de la mina de Aznalcóllar, por el posible almacenamiento de gas y por el proyecto de modernización de los arrozales de margen derecho del Guadalquivir. “Desde la Confederación siguen viendo el río como un mero contenedor de agua y no como un gran ecosistema; se vuelven a planificar de nuevo más embalses, más regulación, hasta límites ya de un estrangulamiento al río”, lamenta Juan José Carmona.

El Plan Hidrológico 2009-2015 tiene prevista la construcción de 49 embalses nuevos en toda la cuenca y 24 nuevos canales de riego. Otro de los problemas denunciados por la Fundación Nueva Cultura del Agua es el aumento de los regadíos en la cuenca, sumándose 32.000 nuevas hectáreas, por lo que consideran que el plan es rehén de los regadíos.

Un informe de esta Fundación que hacía balance del primer ciclo de planificación del río finalizado el año pasado –ahora se trabaja en el segundo–, dirigido por el profesor de la Universidad de Sevilla Leandro del Moral, indica que “el problema clave, aunque evidentemente no único”, de la cuenca del Guadalquivir es “la expansión descontrolada de la superficie de regadío a lo largo de los últimos 25 años”. Según el profesor, la demanda de agua para riego alcanza un 87% del total de las demandas de la cuenca.

“Cada vez que empiezan las campañas electorales, a los políticos les falta mucha imaginación porque casi siempre prometen regadíos, regadíos y más regadíos. ¿No tenemos más alternativa en Andalucía que no sean regadíos?”, se pregunta el técnico. “Pensamos que el agua es infinita y que no hay límites para aumentar este tipo de actividades sin pensar en el futuro ni en las sequías cíclicas que tiene Andalucía”, añade. El informe científico al que alude el Tribunal Supremo también recoge que “no se puede seguir aumentando la superficie de regadíos en la cuenca, es necesario comparar los supuestos beneficios del aumento de regadíos con la pérdida ambiental en el conjunto del sistema”.

El Guadalquivir y los ríos de su cuenca son parte fundamental de Doñana. El Guadalquivir es Doñana, es quien crea Doñana, quien le da vida, por ejemplo, con las marismas. “La mala gestión provoca que se haya tenido que separar el Guadalquivir de la marisma y que hoy haya compuertas que regulan que el Guadalquivir no introduzca agua en el Doñana”, finaliza Carmona.

Un ecosistema que goza de la máxima protección mundial y que está amenazado por las extracciones de pozos. De hecho, el principal problema de este espacio protegido es la sobreexplotación del acuífero Almonte-Marismas. La crítica situación del acuífero es una de las mayores preocupaciones de los organismos internacionales: el Comité de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco expresaba su “profunda preocupación por el continuo empeoramiento de las condiciones del acuífero de Doñana”, así como por “la ausencia de un plan de acción para hacer frente a niveles insostenibles de extracción de agua”.