Tres historias muestran cómo la Ley de Dependencia se marchita por inanición

Contar la historia de Teresa es poner rostro al desmantelamiento de la Ley de Dependencia. Desde que solicitó una ayuda en 2009, ha ido sufriendo, paulatinamente, varios de los recortes que se han ido aplicando a la norma. Teresa en realidad no se llama Teresa. Su hija, quien relata la historia, quiere que se mantenga su anonimato. Teme que la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha acabe por quitarles la poca ayuda que aún reciben.

La mujer tiene 86 años, vive en un pueblo de Albacete y necesita atención las 24 horas del día: tiene diabetes, unas vértebras desgastadas que la atan a una silla de ruedas y el alzhéimer empieza a hacer mella. También lleva años con tratamiento para combatir una depresión ya crónica. Tras ver menguada progresivamente la paga al cuidador familiar, se ha quedado sólo con una hora diaria de ayuda a domicilio. Su marido murió antes de recibir la ayuda.

Siete años y nueve meses después de su entrada en vigor, la Ley de Dependencia pierde beneficiarios a pasos agigantados. Los últimos datos oficiales muestran que en agosto 2.971 personas han dejado de recibir algún tipo de ayuda. Es la mayor caída en lo que va de año.

La cifra asciende a 17.075 personas atendidas menos si tomamos como punto de referencia la entrada del Partido Popular en el Gobierno. El sistema, en lugar de ampliarse, vive un retroceso que apunta al progresivo desmantelamiento del sistema: en sólo un mes hay 5.232 solicitudes menos y se han realizado 1.274 dictámenes menos, aunque haya una lista de espera de 176.667 personas. El presupuesto, en tanto, ha menguado. Para 2015 habrá 1.177 millones, un 15% menos que en 2012, todo ello para las 721.512 personas que ya están dentro del sistema.

La explicación no es que estemos equilibrando nuestra pirámide poblacional. Tampoco es que enfermemos menos. La razón es que, mientras los beneficiarios de las ayudas van muriendo, el sistema no atiende a nuevas familias. “Se impide el acceso a nuevos usuarios y se desatiende a quienes estaban a la espera”, apunta la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que cada mes analiza las estadísticas públicas. Detrás de todo está el recorte de 2.200 millones de euros que han sufrido los servicios sociales de 2011 a 2013, denuncian. Sólo en Dependencia, la aportación estatal ha caído en 500 millones de euros (de 1.803 a 1.317) desde 2010.

Las personas atendidas acusan el retroceso. A Teresa la cuidaba su hijo. Reconocida como dependiente severa desde 2010, tardó un año en empezar a cobrar los 335,62 euros mensuales que le correspondían como paga por los cuidados en el entorno familiar. Hasta septiembre de 2012, cuando se le anunció que se rebajaba la cuantía de su prestación a 285,27 euros mensuales.

¿Por qué ese cambio repentino? En Castilla y León, como en muchas otras autonomías, hicieron una particular interpretación del Real Decreto que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en julio de 2012. La norma rebajaba las cuantías a recibir por los nuevos beneficiarios. Nada rebajaba a los antiguos. Pese a ello, a Teresa se le aplicaron las cuantías nuevas, aunque llevaba tres años en el sistema. Hace unos meses se le recortó la paga aún más: ahora ingresa 282 euros al mes. “Sea como sea, nos han rebajado la cuantía”, denuncia José Luis Gómez, portavoz de la Plataforma de Dependencia de Castilla-La Mancha. Cada vez es más común, denuncia, que a quien no le aplican las nuevas cantidades, le rebajen el grado de dependencia. Y a menos grado, menor paga.

La familia de Teresa también ha tenido que ver cómo el marido de esta murió sin haber visto ni un céntimo de la ayuda que le hubiera correspondido. El reconocimiento de que era un gran dependiente (el grado máximo) llegó el pasado enero, un mes después de su muerte. Una vez más, la explicación está en el Real Decreto de julio de 2012: anuló la obligación de la Administración de pagar la retroactividad durante los dos primeros años desde que se pide la ayuda. Ello está avalando los retrasos en la concesión de las ayudas y que descienda el volumen de personas atendidas.

Teresa tiene depresión desde hace años. La muerte de su hijo, una semana después de la de su marido, víctima de un cáncer fulminante, la ha hundido más. Y su situación ha ido a peor. Tras comunicar el fallecimiento del cuidador familiar, el pasado mes de junio, la Administración revisó su caso. Nadie les visitó, asegura su hija, pero les notificaron que, por incompatibilidad de servicios, se le retiraba la ayuda económica y se le mantenía el servicio de ayuda a domicilio. Eso sí, recortado a una hora al día. La semana pasada la familia presentó un recurso de alzada. Además, la Plataforma de Dependencia de Castilla-La Mancha ha denunciado ante el fiscal general del Estado que se está aplicando de forma ilegal la legislación.

Rebaja de la ayuda al cuidador familiar

Lidia Recarte también ha visto cómo la ayuda económica que recibía por cuidar de su hermano ha sufrido una drástica bajada. “En un principio cobraba 158 euros. Luego me lo bajaron a 152 y ahora me han dejado con 22,14 euros al mes”, explica la mujer, vecina de Valladolid, de 41 años. Lleva “desde siempre” cuidando de su hermano Ricardo, de 53 años, con una discapacidad psíquica que le impide valerse por sí mismo.

Aunque no tiene reconocido el máximo nivel de dependencia (le dejaron en el grado 2, de los tres que hay), Lidia explica que “hay que bañarle, afeitarle y triturarle los alimentos”. Un trabajo que la ocupa las 24 horas del día. La madre de Lidia y Ricardo también vive con ellos, pero colabora en momentos puntuales, los que le permiten los achaques de sus 80 años. La hija de Lidia, de 15 años, también vive con ellos.

“Te mandan cartas y no las entiendes”, lamenta Lidia. La familia ha denunciado su situación con la ayuda de la Plataforma de la Dependencia de Valladolid. Su hermano cobra una pensión no contributiva de unos 500 euros mensuales debido a su discapacidad, pero ni es nueva ni ese hecho ha afectado a otras familias en similares circunstancias, denuncia Lidia, que asume la situación entre indignada y resignada.

Una vez más, la inestabilidad económica, el riesgo de exclusión, acompaña a la dependencia. Con poco más de 1.000 euros pasan el mes las cuatro personas de esta familia. Lidia ha estado cobrando hasta ahora 536 euros de la renta garantizada de ciudadanía, también conocida como renta mínima o básica en otras autonomías. Ahora la han contratado a tiempo parcial para seis meses. Está contenta de volver a cotizar, aunque le suponga un esfuerzo sobrehumano: su hermano sigue necesitando ayuda continua.

Pagos retrasados en Valencia

Para Sabina Burguete, castellonense de 43 años, la vida es atender y cuidar de sus dos hijos. Los dos son dependientes. Sabina enviudó hace tres años y vive de las pensiones de viudedad y de orfandad y de los casi 600 euros de la Ley de Dependencia por cuidar de sus hijos. La Generalitat Valenciana lleva años pagándoselos con meses de retraso. El jueves pasado cobró la mensualidad de junio. Sabina tiene una hipoteca y está viendo que sus gastos se incrementan. “Ahora también tengo copago farmacéutico”, se queja. Cada mes gasta alrededor de 100 euros: “No sólo en medicamentos, también en cremas para la irritación que el pañal le causa a mi hijo pequeño”, explica.

Diego tiene 14 años y sufre un retraso psicomotor grave. Tiene un 84% de discapacidad y está reconocido como un gran dependiente. Lleva pañales y no puede hacer solo ninguna actividad del día. Su hermano Álvaro, de 17 años, tiene un 46% de discapacidad intelectual y un grado 2 de dependencia. Sufre una malformación congénita que le ha provocado un trastorno del desarrollo. A diferencia de su hermano, va consiguiendo, con mucha ayuda y dedicación, cierta autonomía, “aunque siempre será un niño grande”, dice Sabina.

El gasto en luz y en agua, en detergentes, en suavizantes, se dispara en su casa. “Imagínate un niño de 14 años, que ya es más grande que yo, que duerme con pañales. Cambio las sábanas casi a diario”, justifica Sabina. “Ojalá no tuviera que estar mendigando esto. Pero es que al final nos están llevando a la caridad y yo ya no puedo rebajarme más. Sólo quiero lo que les corresponde a mis hijos”, reclama. “Soy la voz y las manos de mis hijos. Debo quejarme”.

Entre queja y queja, Sabina transmite, en conversación telefónica, que no se rinde, que seguirá adelante. “No tengo ninguna vida social, ni nadie que cuide de mí”, lamenta. Las horas que sus hijos pasan en un colegio de educación especial –“por suerte es público, gratuito”, recalca– apenas le cunden para comprar, poner lavadoras, cocinar y limpiar la casa. Pero asegura que seguirá saliendo a la calle y colaborando con la Plataforma de la Dependencia de Castellón.

El papel que están jugando las Plataformas de la Dependencia, apoyándose unas familias a otras, está suponiendo un atisbo de esperanza para centenares de miles de personas. La Plataforma Dependencia de Castilla-La Mancha acaba de iniciar una campaña para recaudar dinero. La Junta de Castilla-La Mancha ha reclamado a una mujer los 2.736 euros que se le dieron para adquirir una silla moldeable para su hijo, ya fallecido. La mujer empleó ese dinero en incinerar al niño. El niño, Jomián, de 13 años, falleció en marzo en Albacete sin que la Junta reconociera su derecho a una prestación económica de acuerdo a la Ley de Dependencia.