El rector de la URJC recurre a la policía para prohibir a unos estudiantes repartir folletos informativos
El pasado jueves fue la seguridad interna del campus, este lunes la respuesta sube un nivel hasta la policía nacional. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Fernando Suárez, ha recurrido la mañana de este lunes al Cuerpo Nacional de Policía (que necesita el permiso del rector para acceder al campus) para desmantelar una mesa informativa que habían montado dos asociaciones de estudiantes, Lambda y Cariátides, en la universidad, según han informado los propios afectados.
El crimen cometido por estas dos asociaciones ha sido repartir folletos informativos sobre las próximas elecciones que tendrán lugar en la URJC y compartir con otros estudiantes algunas noticias que han afectado a la universidad en los últimos meses, como el caso de los plagios reiterados y conscientes del rector, la contratación cuando menos irregular de algunas personas o el despido de otras. “No nos dejan informar de las elecciones”, se lamenta Irene García, portavoz de Cariátides. Toda la acción ha formado un pequeño revuelo en el campus esta mañana.
Aduce la universidad que las asociaciones de estudiantes no están “legitimadas” para intervenir en el proceso electoral ni hacer campaña en base a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Los alumnos replican que no realizan campaña electoral alguna porque no piden el voto y que solo informan porque “nadie sabe que hay elecciones”.
Sin embargo, para Luis Aguiar de Luque, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, ni siquiera es una cuestión electoral: la URJC está socavando la libertad de expresión de los estudiantes. Emilio José Pajares Montolio, profesor de Derecho Constitucional en el mismo centro, sostiene que además la universidad ni siquiera puede apelar a la LOREG porque “no es aplicable a estas elecciones” y además hay jurisprudencia que hace prevalecer el derecho a la libertad de expresión sobre la ley electoral.
Segundo día de conflicto
Todo empezó el pasado jueves, cuando los estudiantes montaron por primera vez su mesa informativa “como hace todo el mundo y como hemos hecho otras veces”, según explicó el portavoz de Lambda, Víctor Maneiro. Al poco rato la gerente del campus de Vicálvaro, Maribel Blázquez, se personó en el lugar y obligó a los estudiantes a desmontar la mesa. La Junta Electoral de la universidad le daba razón, afirmaba.
Aduce la URJC, a través de la Junta Electoral, que las asociaciones no pueden intervenir “por propia iniciativa y sin conexión con alguno de los candidatos”, y cita los artículos 50.3 y 50.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral general. Dice la ley (en realidad no son esos artículos sino el 50.5) que ninguna persona que no sea candidata “podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de elecciones”.
Lo que no ha tenido en cuenta la Junta es que la misma ley establece, esta vez sí en el artículo 50.4, qué es “realizar campaña electoral”. Dice: “Se entiende por campaña electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades licitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios”. Huelga decir que ni Lambda ni Cariátides son parte de las elecciones ni están pidiendo el voto para nadie.
Las asociaciones acataron el pasado jueves, pero este lunes han vuelto a la carga. Escarmentados, se han negado a parar cuando la seguridad privada del campus les ha conminado a ello. En ese punto, los dirigentes del campus han llamado a la policía, que ha tenido que esperar fuera hasta tener el necesario permiso del rector. Una vez contaban con su aprobación, se han internado al campus y obligado a los estudiantes a cesar en su actividad.
“Se está violentando la libertad de expresión”
Lo que dicen los expertos es que no se puede aplicar a la LOREG en este caso, porque “solo rige elecciones que se celebran por sufragio universal para elegir representantes, esto es, miembros de parlamentos y entidades locales, pero no a otro tipo de elecciones que no son manifestaciones del derecho de participación política”, según recuerda Pajares. Más aún, hace notar este profesor, no hay referencias a la LOREG en los estatutos de la URJC.
Aguiar de Luque recuerda que por encima de estas reglamentaciones se sitúan la propia Constitución: “Me resulta muy fuerte”, valora, “porque es evidente que hay un cierto derecho de manifestación y de libertad de opinión, no es solo cuestión del derecho electoral”.
Opina el catedrático que los estudiantes “no están ejerciendo la libertad de participación política, que podría estar más subordinado al régimen del sufragio y de las elecciones, sino que ejercen la libertad de expresión. ¿Cómo se le va a poder negar a alguien que haga campaña si no ha empezado?”, se pregunta.
Concluye Pajares recordando que “el Tribunal Supremo hace poco ha amparado a una asociación que en periodo electoral, con ocasión de las elecciones autonómicas en Madrid, hizo una campaña en contra de Cifuentes (no era de forma directa, pero estaba claro que pedían que no se votara a la lista del PP en Madrid, dado que entendían que era favorable a la regulación actual del aborto). Inicialmente al Junta Electoral Central ordenó retirarla, pero el Tribunal Supremo ha anulado esa decisión, considerando que prevalece el derecho a la libertad de expresión de esa asociación”, un caso “perfectamente trasladable” a esta situación.
